Los nuevos representantes de la empresa X, propiedad de Elon Musk, han presentado un documento ante la Corte Suprema de Brasil solicitando la reactivación de sus servicios en el país. Según informaron fuentes oficiales, la compañía alega haber cumplido con todas las determinaciones impuestas por el tribunal, que había suspendido sus actividades por no cumplir órdenes judiciales relacionadas con la difusión de desinformación y mensajes de odio.
El magistrado Alexandre de Moraes, responsable del proceso en la Corte Suprema, suspendió las actividades de X en Brasil el 31 de agosto, tras señalar que la empresa se había negado de manera “reiterada y sistemática” a cumplir las órdenes de suspender cuentas que promovían información falsa y mensajes de odio. X también retiró a sus representantes legales en Brasil y no pagó las sanciones acumuladas, que ascienden a casi cuatro millones de dólares.
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El conflicto con la Corte Suprema
La decisión de suspender la plataforma X se tomó después de que el juez De Moraes constatara varios desacatos por parte de la empresa. Ante esto, Elon Musk utilizó su propia red social para criticar al magistrado, calificándolo de "dictador" y acusándolo de violar la Constitución brasileña.
Sin embargo, con el paso del tiempo, la empresa ha comenzado a acatar gradualmente las decisiones judiciales.
En el documento presentado el jueves, los nuevos representantes legales de X en Brasil aseguraron que han cumplido con todas las órdenes de la Corte Suprema, incluidas las relacionadas con la suspensión de perfiles acusados de difundir discursos de odio y desinformación.
La empresa ahora busca "el restablecimiento del funcionamiento de la plataforma en Brasil", que contaba con alrededor de 20 millones de usuarios en el país al momento de la suspensión.
Acusaciones de promover un ambiente de impunidad
En su sentencia, el juez De Moraes afirmó que los reiterados incumplimientos de X tenían como objetivo crear un ambiente de “total impunidad” en la red social, lo que facilitaba la actuación de grupos extremistas y la difusión masiva de discursos antidemocráticos.
La decisión final sobre el levantamiento de la suspensión dependerá del análisis de la Corte Suprema, que deberá evaluar si X ha cumplido completamente con sus obligaciones legales.
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