Como red comercial, América Móvil –de Carlos Slim Helú– es dueña del 64 por ciento de la telefonía e internet en México y, además, define las tarifas y las ganancias de la empresa.
Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, con 63 localidades marginadas por ese gigante del sector “por no ser rentables”, es dueña de su propia red de telefonía móvil y de dos concesiones por 30 y 15 años que adquirieron sin pago por ser de uso social indígena. Ahí se establecen tarifas accesibles y los ingresos se destinan al mantenimiento.
La lucha contra los requisitos de un sector casi monopolizado comenzó en 2013, y hoy continúa. Hasta abril de 2018 se aceptó que no pagaran casi un millón de pesos por el uso de espectro, pero continua pendiente otro juicio por 200 mil pesos. Además, aún el 23 por ciento de la población indígena no tiene cobertura móvil, documentó el IFT.
Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- Todo México no es territorio Telcel. Un cuarto de siglo después de que Teléfonos de México (Telmex ) pasó a manos del magnate Carlos Slim Helú , 63 localidades oaxaqueñas, rodeadas de montañas y no rentables para ese consorcio, pudieron tener señal de telefonía móvil eInternet entre 2013 y 2016 con precios más accesibles y sin depender de las grandes trasnacionales al ser sus propios operadores de la red .
América Móvil, pese a la competencia de 16 empresas como AT&T o Telefónica , controla el 64 por ciento del mercado de los servicios de Internet (fijo y móvil) y de telefonía (fija, móvil y pública), de acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones . Este año, ese gigante ha sumado 362 millones de líneas de acceso.
América Móvil opera en México y en América Latina con sus filiales Telcel, Telmex y Claro.
No obstante, de los 11 millones 132 mil indígenas en el país, el 23 por ciento (unos 2 millones 560 mil) no cuenta con cobertura garantizada móvil en al menos una tecnología (2G, 3G o 4G), muestran cifras del IFT.
En Chiapas, Guerrero y Oaxaca, el 58 por ciento de las localidades con presencia de población indígena no tiene cobertura. En el caso de Chihuahua, Coahuila y Durango, es el 63 por ciento sin acceso a telefonía móvil.
En algunos casos, de acuerdo con testimonios, recorren varias horas caminando para arribar a la caseta telefónica del pueblo, y pagar hasta 90 pesos por llamar a la ciudad capital; los campesinos que laboran durante semanas en ranchos o montes quedan aislados; y para hablar con sus familiares en Estados Unidos deben desembolsar 14 pesos el minuto, más que el costo de un kilo de tortillas.
“La comunicación es un derecho, no necesariamente algo con lo que hay que hacer negocio”, aseguró Peter Bloom, fundador de la organización Rhizomática que impulsó en 2013 la red de telefonía móvil indígena en Villa Talea de Castro, en la Sierra Juárez de Oaxaca, con ayuda de una comunidad de hackers.
Cinco años después, 63 localidades de Oaxaca, unidas en Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, se benefician de la red. Hay 3 mil 500 usuarios diarios, documentó Bloom vía telefónica. El proyecto busca expandirse a Guerrero, y luego a Chiapas, Veracruz y Puebla, pero necesitan capacidad satelital para esas áreas.
Expuso que más allá de que Slim sea de los empresarios más ricos del mundo, y aunque podría proveer del servicio de telecomunicaciones en regiones marginadas, no lo hace porque no le conviene. Para Bloom, el problema es estructural y mundial desde que el sector público privatizó a la industria sin obligarla a dar un servicio universal.
“No metería inversión en infraestructura donde no la recuperará en una población pequeña”, dijo.
Las grandes compañías exigen un mínimo de población (entre 5 y 10 mil habitantes) para instalar las antenas y además, piden hasta 2 millones de pesos para darles la red. “No deberían de pagar la infraestructura de la empresa. No son socios”, aseguró Bloom.
Erick Huerta, abogado miembro de Rhizomática, dijo que cuando el gobierno subsidiaba a estas empresas para que fueran a prestar servicios, “iban de mala gana porque no les es rentable ese dinero que les implica la población pequeña que está ahí”.
A mediados de 2012, el abogado logró convencer a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de que los pueblos tenían el derecho de construir y tener sus propias redes de telefonía.
Respecto a los obstáculos para establecer su propia red, expuso que ha sido “una lucha contra el sistema” generado por las compañías de telefonía y el IFT, contrario a otros casos como la concesión de banda de frecuencia otorgada a Fundación Azteca, exenta de pago, para las carreras de la Fórmula Una. “A ese absurdo total se llega”, evaluó.
LA LUCHA DE CINCO AÑOS
Desde marzo de 2013, la población zapoteca de Villa Talea en Oaxaca paga una membresía de 40 pesos al mes, con la posibilidad de pagar el minuto a celular a 82 centavos, menos que en el mercado, gracias al impulso de la organización Rhizomática. Asimismo, las tiendas locales pueden brindar el servicio de recargas desde 10 pesos.
Teléfonos a domicilio, les llaman sus habitantes. Luego de vivir incomunicados, crearon su propio servicio de telefonía incluso con antenas de bambú.
“Es un paso bien grande que una comunidad indígena que está clavada en la sierra pueda tener comunicación vía celular”, celebró una habitante.
“Es una maravilla, algo que a lo mejor nunca nos imaginamos. Cualquier persona puede tener en su casa cualquier teléfono y a un bajísimo costo que es una posibilidad bien grande”, añadió.
La red comenzó a crecer a otras comunidades como Yaviche, en el municipio oaxaqueño Tanetze de Zaragoza, que arrancó en septiembre de 2013.
En mayo de 2014, la entonces llamada Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofece) la aprobó como una “concesión experimental” de dos años en la banda de 850 MHz que después fue ratificada y otorgada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
En julio de 2016, la hizo oficial. El IFT autorizó por primera vez en la historia de México dos concesión para operar una red de telecomunicaciones de uso social indígena en favor de Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias (TIC A.C.), la primera red indígena de telecomunicaciones compuesta entonces por 16 comunidades bases.
Peter Bloom, fundador de Rhizomática, explicó que el IFT les dio una concesión única para uso social indígena por 30 años para operar los servicios de telecomunicación. Y otra concesión de espectro por 15 años.
Con ello, los pobladores cuentan con telefonía móvil e internet a precios accesibles a través de una radiobase, antenas y cables con un costo total de más de 177 mil pesos que pagan en conjunto con recolecta, fondos municipales o de las remesas que les llegan de sus familiares.
La membresía es de 40 pesos al mes. Las llamadas locales y mensajes son gratuitos dentro de la red de la comunidad, y genera una reducción del costo de llamadas de larga distancia hasta en un 98 por ciento frente al precio ofrecido por otras compañías.
La comunidad administra su red con capacidad para 400 usuarios, y para entre 14 y 28 llamadas en un perímetro de 5 a 8 km. Cubre las cuotas de mantenimiento de 15 pesos al mes, y recibe asesoría, capacitación y representación legal por parte de TIC AC.
Pero el IFT les exigió el pago de uso de espectro radioeléctrico concesionado durante 2016 y 2017 que suman 700 mil pesos, pese a pedir una exención por no tener un uso comercial, sino social indígena.
Bloom consideró injusto que les intenten cobrar por construir su propia red de telefonía, “cuando eso es responsabilidad del gobierno y como si fueran empresas grandes”.
Para abril de 2018, tras meses de incertidumbre, el Poder Judicial de la Federación aceptó la exención de pago al convertirse el TIC AC en una donataria autorizada. “Nos ha quitado tiempo y energía”, agregó.
La resolución pidió privilegiar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de acceder a las telecomunicaciones, así como a adquirir, operar y administrar medios de comunicación, cuyo ejercicio debe hacerse en condiciones de no discriminación.
Pero sigue pendiente otro juicio de un pago por 200 mil pesos de los 700 mil requeridos por la concesión en 2016 y 2017, ya que la exención de pago solo fue válida desde 2017, explicó el abogado Erick Huerta. Ante ello solicitaron un amparo ya concedido, pero “no está firme porque el Instituto Federal de Comunicaciones se ampararon contra esa resolución”.
“Exentan a TIC AC no porque se trate de comunidades indígenas, sino porque se trata de una donataria autorizada”, recalcó. “Eso es negar el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas [el artículo 2 constitucional les permite crear sus propios medios]”.
En agosto de este 2018, se anunció que Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias (TIC AC) extenderá su cobertura a través de capacidad satelital para ofrecer telefonía e Internet móvil en zonas de difícil acceso en Oaxaca y Guerrero.
A través de un convenio la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) brindó esta tecnología satelital, la cual con solo instalar una antena parabólica resulta una alternativa eficaz para brindar conectividad en sitios donde no existe infraestructura, ya que no se necesitan cables ni de líneas telefónicas.
“Estamos en las pruebas”, dijo Huerta. Aunque implica un costo adicional para las comunidades que, en ocasiones, aunque tienen la voluntad no alcanzan a juntar.
El manual de Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias A.C.concluye que aún se requiere generar un ecosistema que permita el desarrollo y crecimiento de este tipo de modelos orientados a la sostenibilidad y al servicio antes que a la rentabilidad. Hasta la fecha la mayoría de políticas y regulación en torno a las telecomunicaciones se ha centrado en la rentabilidad.
Por Dulce Olvera