Los gobiernos de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Estado de México, Puebla, Querétaro y Tabasco no repartieron en el último año el 80.6 por ciento de los métodos anticonceptivos que recibieron mediante dos contratos públicos. En consecuencia –refiere la Auditoría Superior de la Federación– impidieron el acceso de la población a servicios de salud sexual y reproductiva.
De acuerdo con cifras oficiales, los embarazos adolescentes no deseados persisten en estas entidades federativas, en donde en promedio dos de cada 10 mujeres menores de 20 años se vuelven madres. Inclusive, salvo en el caso de Tabasco (-4.4 por ciento), los embarazos de niñas de 10 a 14 años aumentaron entre 17 y 41 por ciento, en el periodo 2010-2016.
Estos estados que fueron señalados por la ASF tienen también un grave problema de violencia de género que alcanza niveles críticos: Hasta septiembre de 2018, Edomex era el estado con más feminicidios (70) a nivel nacional. La violencia feminicida también escaló en los estados de Guerrero (43), así como en Chihuahua (41).
Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- Nueve gobiernos estatales en donde se registran graves problemas de embarazos adolescentes, incumplieron entre 2017 y 2018 con la responsabilidad de repartir métodos anticonceptivos, destacó un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Con su omisión, determinó el órgano fiscalizador, limitaron el acceso de sus poblaciones a servicios de salud sexual y reproductiva y minaron el impacto de una política de Estado para lidiar con la crisis de embarazos adolescentes no deseados en México, país con más casos a nivel mundial.
Los estados de Aguascalientes , Baja California , Chiapas , Chihuahua , Guerrero , México , Puebla , Querétaro y Tabasco no repartieron 1 76 mil 921 métodos anticonceptivos (pastillas, preservativos, parches, entre otros). Esto equivale al 80.6 por ciento de los insumos totales (219 mil 378 piezas) que recibieron el año pasado, a través de los contratos públicos ADJ-123-2017 y ADJ-117-2017.
En el caso de este último contrato, “por lo que respecta a los almacenes centrales de los estados de Tabasco, Guerrero y Puebla no se proporcionó la documentación que acredite la salida de 4 mil 970, 23 mil 880 y 35 mil anticonceptivos” equivalentes a 76 millones 125 mil 100 pesos, “correspondientes al 100 por ciento de los insumos recibidos de dicho contrato”, refiere un dictamen de la Auditoría Superior de la Federación.
Asimismo, Chiapas omitió la entrega del 89.1 por ciento del total de los anticonceptivos recibidos (4 mil 900 unidades), seguido de los estados de México y Chihuahua, que dejaron de entregar el 74.4 (61 mil 040) y el 51.7 por ciento (5 mil 690) de los insumos.
En lo que respecta al contrato ADJ-123-2017, la ASF refiere que Guerrero tampoco cumplió con la repartición de la totalidad de los insumos recibidos (equivalentes a 14 mil 300 unidades). Le siguen los estados de Querétaro (89.1 por ciento), Aguascalientes (52) y Baja California (51.4) que no acreditaron la salida de 13 mil 176, 7 mil 797 y 6 mil 168 métodos anticonceptivos.
Debido a la “falta de la documentación que acredite la salida de insumos de los almacenes centrales de los estados antes citados, se observó que no se cumplió con el objetivo de las Bases de Colaboración CNPSS-CNEGSR-2017 de fecha 12 de junio de 2017 y, en consecuencia, con el Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción, al no contribuir ello a lograr el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva”, se lee en el informe 2017-5-12L00-15-0224-2018224-DS de la Cuenta Pública 2017.
El Programa citado tiene, entre sus principales objetivos, “disminuir la demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos mediante la oferta sistemática de metodología anticonceptiva, con énfasis en población con mayor rezago como adolescentes, indígenas y población rural”.
Esto en un país en donde “alrededor de 30 por ciento de la población joven” no tiene acceso a métodos anticonceptivos y donde 16 millones de mujeres (15 a 19 años de edad) y un millón de niñas (menores de 15) dan a luz cada año, según datos de 2017 del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Por lo anterior, la ASF determinó que las autoridades fiscales de estos nueve estados deben de investigar e iniciar –en dado caso– “responsabilidades administrativas sancionatorias” contra los servidores públicos “que en su gestión no contaron, al mes de julio de 2018, con la documentación que acredite la salida de insumos” del almacén central de las secretarías de salud estatal.
La falta de acceso a la información y a servicios de salud sexual y reproductiva, que estén “libres de coerción, discriminación y violencia es fundamental para el logro de igualdad de género y garantizar que las mujeres puedan participar como miembros plenos de la sociedad”, apunta la UNFPA.
Estos estados que fueron señalados en el dictamen de la ASF tienen también un grave problema de violencia de género que alcanza niveles críticos y preocupantes.
En 2017, Edomex fue el tercer estado con más feminicidios (64) a nivel nacional, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Chiapas ocupó el octavo lugar (29), Tabasco el décimo (28), Puebla el décimo primero (27), Guerrero el décimo tercero (21), Baja California y Chihuahua el décimo sexto (11 cada uno) y Aguascalientes y Querétaro no tuvieron registro de feminicidios ese año.
Nueve meses después, hasta septiembre de 2018, Edomex era el estado con más feminicidios (70) a nivel nacional. La violencia feminicida también escaló en los estados de Guerrero, que ocupó la cuarta posición (43), así como en Chihuahua (41) y Aguascalientes (tres) que ocuparon el quinto y décimo séptimo lugares, respectivamente.
En los estados de Tabasco (22) Puebla (19), Chiapas (18) y Baja California (9), que ocuparon la octava, novena, décima y décima segunda posiciones, hubo mejorías de 21, 30, 38 y 18 por ciento respectivamente, en comparación con las cifras de cierre de 2017. En el caso de Querétaro, al igual que el año pasado, no hubo registro de feminicidios.
LA CRISIS EN LOS ESTADOS
La sexualidad entre adolescentes y jóvenes “juega un papel muy importante para el desarrollo físico y emocional de las personas”. Y las condiciones en que deciden sobre su sexualidad “tendrán un importante efecto, tanto en su calidad de vida como en las tendencias poblacionales de las siguientes décadas”, refiere un informe (2015) del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés).
Por eso, “los embarazos en edades muy tempranas, así como los matrimonios o uniones infantiles, no sólo violan los derechos sexuales y reproductivos” sino que también son “una violación a los derechos humanos” porque limitan el desarrollo, la integridad física y la dignidad personales, explica el Consejo Nacional de Población (CONAPO).
En promedio en México, el 69.2 por ciento de las mujeres que tuvieron su primera relación sexual antes de los 20 años no usó métodos anticonceptivos, indican las cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
Chiapas lidera la lista nacional con casi nueve de cada 10 casos (88 por ciento de incidencia). Del resto de los nueve estados que incumplieron con la repartición de anticonceptivos, Guerrero (79 por ciento), Tabasco (77.3) y Puebla (75) tienen niveles superiores a la media del país. Aguascalientes (67.1), Edomex (63.6), Chihuahua (63.5), Baja California (62.5) y Querétaro (62.1 por ciento) tienen niveles altos también, con un promedio de seis por cada 10 casos.
Esta cifra explica, en parte, el “alto” índice nacional (17.9 por ciento) de madres menores de 20 años.
Por entidad federativa, Chihuahua encabeza la lista con dos casos por cada 10 jóvenes menores de 20 años (21.4 por ciento). Guerrero (19.6), Baja California (18.9), Puebla y Tabasco (18.8 cada uno), así como Chiapas (18.3), Aguascalientes (18.2) y Edomex (17.9) superan el promedio nacional y sólo Querétaro tiene niveles por debajo de la media (15.1 por ciento).
“En la actualidad, dada la situación del embarazo adolescente y el rezago en el uso de métodos anticonceptivos, el Programa Nacional de Población (PNP) 2013-2018 pretende en su segundo objetivo ampliar las capacidades y oportunidades a la salud y el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos para mujeres y hombres, reconociendo como prioridad la atención de los adolescentes”, explica un informe del CONAPO.
A pesar del proyecto, el Inegi reconoce que a nivel nacional existe un “claro” rezago “para acceder a los medios que permitan cumplir los ideales reproductivos de las mujeres”. Sus cifras más recientes arrojan que, del grupo de mujeres sexualmente activas, la población de 15 a 19 años tiene el mayor problema de acceso en comparación con el resto de grupos de edad.
Así, dos de cada 10 mujeres de entre 15 y 19 años (13.5 por ciento) no pueden acceder a métodos anticonceptivos, ya sea si deciden espaciar (9.8) o limitar (3.7) su reproducción.
La situación hace que las jóvenes mexicanas tengan una “alta probabilidad de tener embarazos no deseados”, en un país en que “se estima que 38 de cada mil mujeres en edad reproductiva han tenido abortos clandestinos como resultado de no contar con los métodos anticonceptivos necesarios”, se lee en una investigación del medio especializado en salud pública, BMC Public Helath .
Esta crisis de embarazos no deseados se extiende, inclusive, al grupo de niñas menores de 15 años en que resaltan las “violaciones graves a los derechos fundamentales de las niñas y adolescentes, como son el abuso sexual y el matrimonio o unión infantil”, refiere el CONAPO.
Las cifras de este organismo indican que entre 1990 y 2016, los embarazos de este sector poblacional aumentaron en 42 por ciento (al pasar de 8 mil 341 a 11 mil 808 casos). Sólo entre 2013 y 2016, el alza fue de 9.1 por ciento.
Hasta 2016, Edomex y Chiapas fueron los estados que más casos presentaron a nivel nacional (1 mil 377 y 933 embarazos de personas de 10 a 14 años de edad, cada uno). Guerrero (674) y Puebla (591) ocuparon el cuarto y quinto lugar, respectivamente. Y salvo Chihuahua (457), que ocupaba la novena posición, Baja California (303), Tabasco (239), Querétaro (165) y Aguascalientes (143) tuvieron porcentajes iguales o menores a la media nacional.
Por Efrén Flores