Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).– En dos días, familiares de víctimas de la violencia en la capital del país demandaron a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CdMx ) por omisiones en las indagatorias de casos ocurridos durante la administración de Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien hoy es Senador de la República.
Ayer, familiares de mujeres desaparecidas en la capital denunciaron que las autoridades cometen múltiples errores a lo largo de las investigaciones. Y este viernes parientes de Nadia Vera, Rubén Espinosa, Mile Virginia y Yesenia Quiroz, asesinados en julio de 2015 en la colonia Narvarte , presentaron una queja administrativa ante la Contraloría General por las actuaciones negligentes de funcionarios de la misma dependencia.
Artículo 19 informó que el pasado 11 de diciembre, los familiares de las cuatro víctimas interpusieron dicha queja por las actuaciones omisas en las que han incurrido servidores públicos de la PGJ-CdMx durante las investigaciones del caso, así como en la integración de la averiguación previa FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07.
“Omisiones y negligencias que se han a su vez traducido en múltiples violaciones a los derechos humanos de todas las víctimas y que se han prolongado en el tiempo desde que comenzó la investigación de los hechos hasta la fecha”, detalló en un comunicado.
Asimismo, la organización precisó que la queja también tiene por objetivo denunciar formalmente los malos tratos que han recibido para que se inicien, desahoguen y resuelvan los procedimientos disciplinarios en contra de los servidores públicos que resulten responsables, y para que se les impongan las sanciones correspondientes que a su vez se traduzcan en garantías de no repetición, en favor de todas las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos.
“Desde el primer día después de ocurridos los hechos, comenzó un largo transitar de irregularidades, omisiones y revictimización en contra de la víctimas directas e indirectas, por parte de las autoridades ministeriales. Otra de las principales omisiones de la PGJ-CdMx , a tres años y medio de los hechos, consiste en no haber podido esclarecer el móvil del crimen, ni cuáles fueron las razones por las que ocurrieron los hechos, ya que existen diversas información que la Procuraduría capitalina se ha negado a investigar o a profundizar, por ejemplo, la intervención de más personas en el crimen, o la existencia de autores mediatos o intelectuales”, abundó Artículo 19.
Ante esta situación, aseguró que la Procuraduría de la Ciudad de México, continúa siendo omisa en agotar la línea de investigación concerniente al activismo de Nadia Vera y el periodismo de Rubén Espinosa en Veracruz, lugar del que se desplazaron a la Ciudad de México debido a amenazas, hostigamientos y agresiones que sufrieron en diversos momentos en aquella entidad bajo el entonces gobierno de Javier Duarte. Ante la insistencia de la coadyuvancia en profundizar sobre numerosos aspectos de la investigación sobre todo aquellos relacionados con aspectos del activismo político y de la denuncia ciudadana que hacían tanto Nadia como Rubén, hemos obtenido respuestas limitadas para solventar algunos aspectos y un abierto rechazo en otras más.
“El agotamiento de estas líneas de investigación ha sido una exigencia permanente, a través del impulso procesal de las víctimas y quienes las representamos, así como de la protesta y presión sociales para conocer la verdad de lo sucedido y exigiendo justicia. De esta manera por parte de los representantes, se han integrado datos, notas, testimonios que acreditan los antecedentes de amenazas tanto de Nadia como de Rubén, no así por un trabajo activo y diligente del Ministerio Público; sin embargo, sólo se encuentran integrados como hojas más en el expediente, sin que la Procuraduría capitalina haya derivado hasta la fecha diligencias y líneas de investigación sustantivas para esclarecer los hechos”, señaló en el documento.
A su vez, Artículo 19 subrayó que en esta serie de irregularidades y omisiones, también se encuentra la falta de perspectiva en la investigación de los hechos, tanto en defensa de derechos humanos, de género y de libertad de expresión, mucho menos la aplicación de los protocolos existentes en estas materias, por lo que sólo se radicó la averiguación previa en la Fiscalía Central para la Investigación del Delito de Homicidio en la Ciudad de México, la cual ha demostrado nula voluntad en esclarecer los hechos, a través de una investigación incompleta y deficiente.
Finalmente, las familias de las víctimas y sus representantes a través de Artículo 19 México y Centroamérica; Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social; y la Clínica de Interés Público Contra la Trata de Personas del ITAM, hacemos un llamado público a la nueva administración en la Ciudad de México, encabezada por la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, así como a la nueva Procuradora General de Justicia, Ernestina Godoy Ramos, a retomar el cauce de las investigaciones, subsanar en la medida de lo posible las omisiones e irregularidades cometidas por el Ministerio Público, así como cumplir cabal y satisfactoriamente cada punto recomendatorio a efecto de garantizar justicia, verdad y reparación a las víctimas que el Gobierno anterior negó brindar hasta su último día en funciones.
FAMILIARES DE DESAPARECIDAS EXIGEN CELERIDAD
Familiares de mujeres desaparecidas se manifestaron ayer en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CdMx) para exigir a las nuevas autoridades que den celeridad a las investigaciones. Denunciaron también que por los cambios de personal se tiende a retrasar las indagatorias de los casos.
En el exterior de las instalaciones conocidas como “El búnker” se concentraron familiares de los casos de desaparición de Mariela Vanessa Díaz Valverde, Lesley Leticia Hernández Moreno, Itzel Areli Herrera Zuñiga, Guadalupe Pamela Gallardo y Viviana Garrido Ibarra.
Acompañados por integrantes del colectivo Aequus, Promoción y defensa de los derechos humanos, amistades, activistas y personas solidarias, los familiares cerraron la calle Dr. Gabriel Hernández.
Los manifestantes también exigieron a la Procuradora, Ernestina Godoy, un diálogo abierto en el que se informe cómo va el avance y proceso de los casos.
“No nos vamos a ir hasta que la Procuradora responda a un diálogo público. Ni el CAPEA ni la Fiscalía de desaparecidas ha funcionado “, señaló Victor Caballero del Colectivo Aequus.
“No esperes a que conocer [a una mujer cuando desaparece], difunde y participa” fue uno de los lemas de la concentración.
Familiares de las víctimas han coincidido en sus denunciar o quejas que las autoridades cometen múltiples omisiones en las indagatorias, como minimizar los hechos e incluso ignorar información que brindan los allegados; dejar transcurrir más de un día, horas esenciales en la investigación; revictimizan con argumentos o respuestas inapropiadas a la hora interponer el reporte o durante la indagatoria, y no contar con planes o mecanismos definidos de búsqueda, lo que lleva a que no exista una investigación pronta y eficaz.
Gabriela Diaz Valverde, hermana de Mariela Vaneesa Díaz Valverde, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, desaparecida desde el 27 de abril en la delegación Iztapalapa, indicó que hasta el momento no hay avances en la investigación de su familiar.
“Siguen sin ninguna pista lamentablemente. Luego con todo esto del cambio de fiscalía pues básicamente ni caso nos han hecho”, comentó la joven.
Los últimos datos de geolocalización indican que Mariela Vanessa estuvo en uno de los accesos al Cerro de la Estrella, dice su familia, pero los binomios caninos de la policía capitalina no encontraron ningún rastro.
Viviana Garrido Ibarra, ingeniera bioquímica de 32 años de edad, desapareció la tarde del pasado 30 de noviembre en la Ciudad de México, durante el trayecto del trabajo a su casa. La joven madre fue vista por última vez cuando bajó de un microbús en la Calzada de Tlalpan para tomar el Metro en la estación Ermita; sin embargo, jamás llegó a su hogar.
Familiares dicen que elementos de la procuraduría capitalina han minimizado el caso al no incluir en las indagatorias la posibilidad de que su desaparición esté relacionada con la probable comisión de algún delito, es decir, que no ha considerado otras líneas de investigación que no sean solo la ausencia de la mujer.