CIUDAD DE MEXICO, 24 de diciembre (SinEmbargo).- El Poder Judicial sancionó a por lo menos 132 jueces y magistrados a nivel federal y local, entre 2012 y 2018. Esta cantidad equivale al 6.2 por ciento del total de funcionarios públicos con sanciones administrativas y penales “definitivas” (2 mil 139) durante el periodo, según cifras desconcentradas del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y de la Procuraduría General de la República (PGR).
De la cantidad de jueces y magistrados sancionados, 58 recibieron una advertencia, 50 fueron suspendidos (de manera temporal o definitiva), 13 recibieron una sanción (administrativa, penal, privada o económica) y 11 más fueron destituidos. Los 62 casos restantes de presunta corrupción, aunque están “fundados”, permanecen en proceso de resolución e incluyen probables “procedimientos disciplinarios de oficio”.
Los datos de la PGR también refieren que, de 2014 a 2016, hubo 526 denuncias en contra de funcionarios públicos, de las cuales, el 45 por ciento (236 casos) fue por “delitos cometidos”, 42 por ciento (220) por la comisión de “ejercicios indebidos” y 13 por ciento (70) por “coalición de servidores públicos”.
Asimismo, las cifras del Ministerio Público federal refieren que los delitos penales cometidos por funcionarios públicos fueron al alza en 24 por ciento real, entre 2013 y 2016 (al pasar de 3 mil 755 a 4 mil 575 casos). Sin embargo, a lo largo de casi todo el sexenio (2012-2017) del expresidente Enrique Peña Nieto, el registro de delitos penales de funcionarios públicos tuvo un decremento real de 4.1 por ciento (al pasar de 3 mil 755 a 3 mil 601 casos).
A estas cifras habrían de añadirse aquellos funcionarios públicos y jueces y magistrados de Coahuila y Nayarit que, en la última semana, fueron vinculados a una red de corrupción y fraude hipotecarios, en detrimento de miles de derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
La semana pasada, el Consejo de la Judicatura de Coahuila suspendió a seis jueces. Por su parte, la Fiscalía de Nayarit solicitó al Congreso local iniciar un proceso de desafuero a cuatro jueces y dos magistrados, para poder juzgarlos.
En ambos casos, los funcionarios del Infonavit fueron señalados de ejecutar, con irregularidades, la suspensión de créditos hipotecarios a los deudores (por falta o abandono de pagos) en al menos seis estados de la República Mexicana –Chihuahua, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas–, además de Coahuila y Nayarit.
Por su parte, los jueces y magistrados fueron acusados de realizar “juicios exprés” y “juicios falsos” para justificar la requisición de las propiedades morosas, de modo que los funcionarios del Infonavit pudieran rematar las propiedades al 34 ó 47 por ciento de su valor inicial (380 mil pesos). Hasta el momento, el monto del fraude no ha sido dado a conocer por las autoridades competentes.
Los casos de Coahuila y Nayarit abonan a una serie de controversias que se suscitaron en el Poder Judicial entre 2012 y 2018, con un acumulado mínimo de 246 jueces y magistrados que han sido objeto de investigación por diversas razones.
Abuso y poder
Las acusaciones de corrupción y de presuntos lazos de jueces y magistrados con integrantes del crimen organizado han sido, por lo menos en los últimos nueve años, una mancha indeleble que demerita la confianza en el Poder Judicial de la Federación.
En noviembre pasado, el ex procurador General de la República (por suplencia) Alberto Elías Beltrán, reconoció que en la actualidad la ciudadanía tiene un bajo nivel de confianza en las instituciones públicas, sobre todo en aquellas en materia de procuración de justicia.
Inclusive, el 11 de diciembre de este año, el coordinador de la bancada del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, solicitó a la PGR un informe pormenorizado –a reserva de la información delicada o confidencial– de las investigaciones por actos de corrupción en contra de jueces y magistrados.
Con dicha medida –en el marco de una crisis de procuración de justicia y lucha contra la impunidad– los senadores pretenden dar mayor atención a la corrupción que “permea” en los órganos jurisdiccionales de nuestro país, ya que la falta de información disponible “limita las posibilidades de materializar la anhelada transformación del Estado mexicano”, explicó Monreal.
Entre los casos más polémicos y recientes está, por ejemplo, la investigación de la Visitaduría General de la PGR (2018) a los funcionarios públicos –incluidos jueces y magistrados– que pudieron haber incurrido en la comisión de cohechos y delitos contra la administración de justicia, en el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.