México

Que Echeverría pague

CIUDAD DE MEXICO, 13 de septiembre (SinEmbargo).- Integrantes del Comité 68 ProLibertades Democráticas anunciaron que emprenderán la batalla legal para la reapertura del proceso penal en contra del ex Presidente Luis Echeverría Álvarez, acusado de la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968.

Dulce González, coordinadora del Comité del 68, anunció que interpondrán un amparo para reabrir el proceso contra el ex Presidente por los delitos de genocidio y que pedirán la reapertura de las 54 averiguaciones que integró la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), pero que fueron archivadas.

La activista indicó que el miércoles de la próxima semana presentarán la demanda de amparo “por la denegación de justicia, debido a la omisión de la Procuraduría General de la República [PGR] de llevar a cabo las diligencias de investigación en la averiguación previa señalada y para perseguir el delito de genocidio cometido por el Estado mexicano el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco”.

Luis Echeverría era el Secretario de Gobernación de Gustavo Díaz Ordaz en el año de la matanza de Tlatelolco.

Víctor Guerra, integrante del Comité 68, señaló que en su último año como Presidente, el panista Felipe Calderón firmó un decreto -que no se publicó- con el que desapareció a la Femospp, “cuando esa Fiscalía estaba a punto de consignar a 57 personajes de la administración pública y del Ejército. Ahí se suspendieron las actividades de la Fiscalía”.

De esos funcionarios, algunos ya fallecieron, dijo. “De 1998 al 2018, 30 años después de que se presentó la denuncia, ya han muerto muchos personajes y funcionarios que estaban indiciados. Sin embargo hay una lista que proviene de la Femosspp que señala concretamente quienes están indiciados”, dijo Víctor Guerra, quien no detalló nombres.

Añadió que desde el 2009 no se ha avanzado con la investigación, no se ha hecho ninguna diligencia y hasta el momento ninguna persona ha sido sometida directamente a lo que sería el proceso de instrucción penal, es decir todo el proceso penal ante un juez.

“Todas las actuaciones de la Femospp quedaron en la etapa de averiguación previa y la posterior consignación del expediente para que se le enjuiciara a Echeverría como posible responsable, es decir, todas las actuaciones quedaron hasta la orden de aprehensión. Ahí fue cuando se decretó la prisión, en junio del 2002, y desde ahí él [Echeverría] se amparó contra el auto de formal prisión que ordenaba su prisión domiciliaria”, rememoró el activista.

En tres sentencias consecutivas del Poder Judicial Federal se estableció que la matanza de Tlatelolco sí fue un genocidio, pero a Luis Echeverría se le otorgó un auto de libertad bajo reservas de ley, lo que equivale a una libertad condicional, una libertad provisional, no una exoneración.

“Cabe decir que los argumentos esgrimidos por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del primer Circuito, derivan de un criterio contrario a la lógica jurídica de valoración de pruebas y contrario a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, firmado por México”, añadió Dulce González.

Víctor Guerra enfatizó que Luis Echeverría no era el único acusado de la matanza, “también había varios elementos del Ejército que estuvieron vinculados”.

El Comité destacó que de acuerdo con la reforma constitucional al Artículo 20 -que da a las víctimas el derecho de impugnar ante el Poder Judicial- reclaman que la PGR ejerza sus obligaciones y realice las diligencias necesarias para establecer la responsabilidad penal del ex Presidente, abriendo camino para poner fin a la impunidad.

“Es un amparo en contra de la omisión de la PGR a realizar la investigación necesaria para castigar a los responsables del genocidio que no sólo se concreta a Luis Echevarría, sino a todos sus coacusados”, apuntó Guerra.

El “porrismo”, problema añejo

El Comité de 68 también expresó su repudió por los acontecimientos violentos del pasado 3 de septiembre del presente año, donde universitarios que protestaban frente a Rectoría de la UNAM, en Ciudad Universitaria, fueron agredidos por grupos “porriles”.

Víctor Guerra enfatizó que hoy se cumplen 50 años de la gran Marcha del Silencio del movimiento estudiantil del 68 y recordó que aquella marcha fue realizada con la finalidad de demostrar al entonces Presidente, Gustavo Díaz Ordaz, que los alumnos tienen la capacidad de marchar en orden, después de que en un informe presidencial y en una campaña mediática “se hablaba de que los estudiantes no teníamos capacidad de contener nuestros impulsos y que éramos unos vándalos”.

Por su parte, los jóvenes que protestaban en días pasados demandaban solución a diversos problemas provocados por la directora en el plantel del CCH Azcapotzalco así por la violencia que sufren los alumnos, dentro y fuera de las instalaciones de los planteles.

“Hoy, al igual que el 68, las demandas de la comunidad son de seguridad, de mejorar la seguridad. Esa es la demanda que el Comité 68 ha enarbolado desde hace muchos años, porque la violencia nos ha alcanzado a todos”, añadió Guerra.

Pero no sólo las demandas son similares a las hace décadas, también la respuesta hacía los manifestantes: las agresiones violentas, dijeron los activistas.

“Este problema del ‘porrismo’ es añejo y ha estado ligado a los grupos de poder, a grupos del PRI. El ‘porrismo’ ha sido un medio por el cual la autoridades escolares lleva la violencia en los planteles con la finalidad de establecer un control de los estudiantes, amedrentándolos y dándoles temor”, expresó Víctor Guerra.

“El 3 de septiembre, [los ‘porros’] atacaron a los estudiantes usando las mismas prácticas que aplicó el grupo paramilitar los halcones al agredir una marcha pacífica el 10 de julio de 1971. […]”, narró Dulce González.

Por ello, el Comité de 68 dio a las 16:00 horas acompañó a los contingentes estudiantes y populares para “conmemorar La Marcha del Silencio, del movimiento estudiantil del 68, y para exclamar “en una sola voz por la verdad la justicia y contra la impunidad”, y contra la violencia a estudiantes.

En tanto que el próximo 2 de Octubre marcharán de la plaza de las Tres Culturas al Zócalo a las 16:00 horas.

En esta marcha, anunciaron, exigirán que se restablezca la Femospp; que se retomen los casos que quedaron en curso; la reapertura del proceso contra Luis Echeverría Álvarez; la apertura de los expedientes de la SEDENA respecto a la actuación de los militares en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco en 1968; fin al ‘porrismo’ estudiantil y que se abran procesos penales contra los agresores de los estudiantes en los hechos del pasado 3 de septiembre.

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