CIUDAD DE MEXICO, 15 de enero (AFP).- El gobierno de México instaló este martes una comisión para esclarecer la desaparición de 43 estudiantes en 2014, un día después de un fallo que ordenó que las irregularidades cometidas en el caso por la fiscalía general fueran investigadas.
La conformación de la comisión de la verdad sobre el caso conocido como Ayotzinapa viene luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó un decreto para su creación en su primer acto como mandatario el pasado 3 de diciembre.
“El objetivo es muy claro: coadyuvar a que la verdad se conozca y nos permita impartir justicia”, dijo en una ceremonia en Ciudad de México la secretaria de gobernación (interior), Olga Sánchez Cordero.
La funcionaria dijo que “hay avances importantes en las investigaciones previas” y que se buscará “corregir lo que se hizo de manera indebida”.
Según la hipótesis que manejó la fiscalía bajo el gobierno del hoy expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), los 43 estudiantes de la escuela Ayotzinapa para maestros rurales, en el sureño estado de Guerrero, se apoderaron de autobuses para sus movilizaciones políticas cuando fueron baleados y detenidos por pistoleros y policías corruptos el 26 de septiembre de 2014.
Después todos habrían sido entregados a narcotraficantes, quienes los habrían asesinado para luego incinerar sus cuerpos y arrojar sus cenizas a un río.
Sin embargo, el gobierno de Peña Nieto fue fustigado por el ombudsman de México -que lo acusó de difundir información falsa o parcial del caso-, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la ONU y otras organizaciones.
Esta semana un juzgado de la Ciudad de México ordenó investigar la posible responsabilidad penal de funcionarios de la fiscalía general por irregularidades en la investigación.
Los padres de los jóvenes, que estaban presentes en la ceremonia, criticaron al gobierno de Peña Nieto al asegurar que se burló de ellos.
Exigieron también la presentación con vida de sus hijos y castigo a los culpables.
“El gobierno se burló de nosotros como padres de familia y del pueblo de México”, dijo Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, uno de los estudiantes desaparecidos, que tenía 19 años cuando fue plagiado.
La comisión está integrada por los padres de los jóvenes, miembros del gobierno, así como expertos nacionales e internacionales.
Iniciará formalmente su trabajo el próximo 23 de enero e informará semestralmente sobre sus trabajos.
Pero aunque los padres se mostraron esperanzados ante la puesta en marcha de esta nueva herramienta exigieron compromisos, resultados y que los expertos internacionales que ya investigaron el caso regresen a México cuanto antes.
“Queremos la verdad”, sentenció uno de los padres, Emiliano Navarrete. “Hay una verdad positiva o negativa pero la hay”, añadió. “Les pedimos de todo corazón esa seriedad y resultados”.
Sesionará, al menos, una vez al mes, comenzando el 23 de enero e informará de sus avances semestralmente. Pero el compromiso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es “entregar resultados en un plazo razonable” y dar pasos en la aplicación de la justicia y en el castigo a los culpables “sin importar quien haya sido ni qué cargo ocupara”, aseguró la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero.
El nuevo organismo no tiene asignado presupuesto todavía, pero Encinas asegura que lo tendrá pronto y será suficiente para que funcione con agilidad. La comisión ha suscitado grandes esperanzas entre los familiares de los desaparecidos que, por primera vez, se sienten escuchados tras cuatro años de un gobierno “inhumano” que solo “obstaculizó” la investigación, dijo Navarrete.
Eso no significa que vayan a dar a las autoridades un cheque en blanco.
“La confianza se irá construyendo conforme avancen las investigaciones”, subrayó una de las mamás, Cristina Bautista, quien formará parte de la comisión, y pidió que los expertos internacionales regresen a México lo más pronto posible para reanudar su trabajo, algo que se concretará previsiblemente en las próximas semanas.
Según Santiago Aguirre, abogado de las víctimas, habrá esquemas novedosos de trabajo y se buscará aclarar cómo funciona el crimen organizado en la región, en investigar el tráfico de droga en autobuses hacia Estados Unidos, en labores forenses con tecnología de punta y en esclarecer el paradero de todos los estudiantes.
“La verdad es que no hay verdad en el caso Ayotzinapa”, dijo Encinas. Y eso es lo que esta comisión aspira a cambiar.