CIUDAD DE MEXICO, 17 de enero (EL UNIVERSAL).- A 47 días de haber arrancado su administración, la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el huachicoleo ha dejado un saldo de 435 personas detenidas, sólo 11 sentenciadas y se investigan 114 casos de empresas y sujetos vinculados con irregularidades financieras por robo de combustible, por lo que a 37 de ellas se les han congelado sus cuentas.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que investiga estos 114 casos, además de que al menos 37 personas morales les fueron bloqueadas sus cuentas bancarias por comercio ilegal de hidrocarburos.
En conferencia de prensa, el titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que gracias al trabajo en coordinación con la UIF se han presentado cinco denuncias ante el Ministerio Público de la Federación (MPF) que involucran a 15 personas morales (empresas) vinculadas al comercio de combustible cuyas cuentas fueron bloqueadas.
También se procede contra 13 empresas cuyas cuentas han sido bloqueadas por operaciones irregulares, porque tienen franquicia de Petróleos Mexicanos (Pemex), pero no le compran a la empresa del Estado y reportan ventas de combustible, mismas que se encuentran en los municipios de Reynosa, Valle Hermoso, Matamoros, Río Bravo, Guerrero y San Fernando, Tamaulipas.
El gobierno tiene detectadas a otras 14 empresas —cuyas cuentas también han sido bloqueadas— por operaciones relevantes o inusuales, una de ellas tuvo ingresos netos por 86 mil 961 millones de pesos, de éstos hay una utilidad marginal por 6 mil 758 millones de pesos que no fueron reportados al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La UIF, el SAT, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y Pemex proporcionaron listados de 114 sujetos a los que analizan por probables irregularidades fiscales (SAT, 50 sujetos; CNI, 16, y Pemex, 25 casos).
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, explicó que han investigado a 8 mil 482 personas dentro del sistema con reportes inusuales o relevantes relacionadas con el robo de combustible: “Con esto se logró la identificación de 23 personas con probables operaciones de recursos de procedencia ilícita y también se solicitó al SAT el apoyo para la identificación de los mismos”.
El subprocurador de Procuraduría General de la Republica (PGR), Roberto Ochoa Romero, informó que del 1 de diciembre de 2018 al 16 de enero del presente año han iniciado mil 831 carpetas de investigación y han logrado detener a 435 personas.
El funcionario de la PGR dijo que hasta la fecha se han dictado ya 12 sentencias, de las cuales 11 son condenatorias y una más fue absolutoria: “En Querétaro, el agente del Ministerio Público de la Federación obtuvo una sentencia contra dos personas por posesión ilícita de hidrocarburo por 10 años de cárcel”.
De los detenidos se pusieron a disposición ante un juez a 165 personas, de las cuales 124 han sido vinculadas a proceso y 45 personas se encuentran bajo prisión preventiva. Reveló que con la estrategia antihuachicol han logrado detectar y neutralizar mil 21 tomas clandestinas, es decir, un promedio de 21.7 por día.
Expuso que el MPF ha realizado 29 cateos, aseguró 4 millones 321 mil 88 litros de hidrocarburo; 465 mil 121 litros de gas licuado de petróleo; 955 vehículos; 32 pipas; 41 remolques; 66 cisternas o tanques; 4 mil 749 bidones; 29 inmuebles; 11 armas de fuego, y han devuelto a Pemex 2 millones 605 mil 136 litros de hidrocarburos.
Nueva división. Durazo Montaño adelantó que propondrá la creación de una unidad policial especializada en la investigación de lavado de dinero, llamada División Financiera, dentro de la nueva estrategia contra el robo de hidrocarburos.
En Palacio Nacional, explicó que esa división impedirá del desarrollo financiero de la delincuencia organizada, la demora en la investigación de los delitos y la impunidad en el lavado de dinero.
Detalló que se estableció un Comité de Inteligencia Interinstitucional donde participan la Consejería Jurídica de la Presidencia, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Federal, Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), la Agencia Nacional de Seguridad y Pemex, que darán información al gabinete de seguridad para la toma de decisiones.