CIUDAD DE MEXICO, 21 de enero (EL UNIVERSAL).- El sector patronal pidió al Congreso de la Unión catalogar como delitos graves el robo al autotransporte de carga y la portación de armas de fuego, porque, al no ser delitos del 2013 al 2017 los ilícitos contra los transportistas de carga aumentaron 480%, mientras que 50% de las causas penales en el 2017 tuvo que ver con armas, advirtió el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos.
Expuso que la inseguridad e impunidad son dos flagelos que se deben atender urgentemente porque inhiben la inversión productiva, el desarrollo y afectan la calidad de vida de los ciudadanos. Para lograrlo se requieren de cambios a la ley por parte de los diputados y senadores.
“El combate a la inseguridad y a la impunidad, involucra leyes adecuadas, instituciones fortalecidas y funcionarios competentes en todos los aspectos del fenómeno criminal: prevención, investigación, procuración, enjuiciamiento, encarcelamiento, rehabilitación y reinserción social”, afirmó en su mensaje semanal.
El líder de la Coparmex afirmó que pidió que el robo al autotransporte de carga sea delito grave porque el ilícito aumenta exponencialmente. De acuerdo con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga del 2013 al 2017 se incrementó ese flagelo en 480%.
“Tan solo en 2017 se registraron un total de 10 mil 230 robos a los transportes de carga, lo cual representó una pérdida para las empresas de 92 mil 500 millones de pesos”, recordó.
Mientras que en el 2017 de acuerdo con la Procuraduría General de la República se abrieron “96 mil 035 carpetas por delitos del orden federal y uno de cada siete fue por posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas”.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2017 de las 23 mil 702 causas penales ingresadas a juzgados 50.2% se relacionaron con armas de fuego y explosivos, incluso ese fue el año más violento para México con 31 mil 174 homicidios.
Expuso que hay conductas de alta lesividad social actualmente que a pesar de ello permiten que el inculpado disfrute de libertad durante el proceso judicial.
Por ello celebró que existan propuestas en el Congreso para impulsar una iniciativa tendiente a que los delitos relacionados con el uso ilegítimo de programas sociales con fines electorales, como la corrupción en diversas modalidades, y el robo de hidrocarburos, por ejemplo que sean catalogados como graves.