El Gobierno de MORENA planea “poner en cintura” la compra y distribución de medicamentos del sector público de la salud, Para ello busca combatir el desabasto, ligado, en parte, a la corrupción y a la falta de eficiencia gubernamental
CIUDAD DE MEXICO, 21 de enero (SinEmbargo).- De acuerdo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la falta de abasto de medicinas se debe, en gran medida, al huachicoleo (término usado para el robo de combustible) en los procesos de compra del sector público de salud, en donde “se llegó al extremo de robarse el dinero de las medicinas“, dijo el pasado 15 de enero.
Su declaración coincide con los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En su indagatoria para el segundo periodo de 2016, entregado al Congreso de la Unión entre junio y octubre de 2017, la ASF determinó que el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y el Seguro Popular, cuyas operaciones con recursos públicos (a nivel nacional) generan “irregularidades recurrentes”, tienen denuncias por hechos equiparables a 11 mil 029.8 mil millones de pesos no solventados, así como denuncias por simulación de reintegros por 4 mil 029.8 millones.
Para la ASF, “existen debilidades en los sistemas de control y manejo” de los medicamentos del sector público, donde la compra y entrega se da, en muchos casos, con “arreglos que con frecuencia son inadecuadamente convenidos y formalizados”, toda vez que la transparencia con respecto a la aplicación de los recursos es “insuficiente”.
Inclusive, en su último “Estudio Sobre las Estrategias para Enfrentar la Corrupción en el Sector Público Federal”, la Auditoría determinó que los controles anticorrupción de la mayor parte (38 de 40) de las instituciones del sector salud tuvieron una calificación “baja”, al obtener un máximo de 39 puntos sobre una base de 100. Sólo dos centros de salud (CENETEC y CENSIA) alcanzaron un nivel “medio” con 43 y 40 puntos, respectivamente.
Falta de abasto
Las cifras más recientes (2016) de la Secretaría de Salud (SSA) y de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud indican que el porcentaje de recetas surtidas por completo sucede en casi ocho (76 por ciento) de cada 10 casos. Dicha tasa de surtimiento, no obstante, es 8.5 puntos porcentuales menor a la de 2015, cuando el 84.5 por ciento de las recetas fueron surtidas en su totalidad.
La falta de surtimiento actual (de 24 por ciento) implicó la ausencia de todos los medicamentos requeridos, en los peores casos, o la falta de más del 40 por ciento de ellos, en los escenarios menos desfavorables.
Entonces, esta situación obligó al nueve por ciento de los pacientes (casi 12 millones de mexicanos) a comprar medicamentos de su bolsillo. El resto (cerca de 20 millones de personas) tuvo que aguardar a que le dieran las medicinas o dejó de consumir su tratamiento, concluye el “Estudio de Satisfacción de Usuarios del Sistema de Protección Social en Salud 2016”.
El problema del desabasto de medicinas a través de esquemas de seguridad social pública, además de impedir la mejoría de los pacientes y de afectar negativamente su economía, tiene efectos que permiten la proliferación de un mercado negro de medicinas en México.
En octubre del año pasado, Luis Adrián Quiroz, representante de la Red de Acceso y coordinador general de derechohabientes viviendo con VIH del IMSS, dijo a SinEmbargo que el desabasto de medicamentos en los servicios públicos de salud provoca que las personas busquen la opción más económica, inclusive en el mercado informal, aún con los riesgos que implica para la salud.
El mercado informal, que ofrece fármacos robados y “pirata” que son hasta 146 por ciento más baratos que los del mercado legal, acapara entre el ocho y el nueve por ciento de los medicamentos del mercado global (en México) y genera más de 10 mil millones de pesos anuales, de acuerdo con cifras de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (UNEFARM).
Sólo en los últimos 10 años, la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró cerca de un millón de piezas de medicamentos apócrifos en todo el país.
La estrategia del Gobierno
Más de la mitad del dinero (53 de cada 100 pesos) que los mexicanos invierten en salud es destinado a la compra de medicinas y bienes médicos. Sólo en 2017, los hogares mexicanos desembolsaron 271.9 mil millones de pesos para la compra de estos productos.
El tema de las medicinas en nuestro país, está ligado a de los tratamientos con altos costos económicos, a problemas de desabasto para la población que depende de los servicios públicos de salud, y a un número reducido de empresas que controlan la producción y distribución de insumos y bienes medicinales, además de la corrupción coligada.
Para aumentar el abasto de medicamentos y atender las necesidades de salud de la población mexicana, durante el último sexenio, el Gobierno federal impulsó las compras consolidadas y la sustitución de medicamentos de patente por medicinas genéricas.
Entre 2013 y 2018, las compras consolidadas generaron “ahorros por 17 mil 393 millones de pesos”, según la SSA. Y en ese mismo periodo, el registro sanitario de 590 medicamentos genéricos y la compra de los mismos implicó un ahorro acumulado de 26.1 mil millones de pesos, de acuerdo con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
La sustitución de medicamentos, por sí sola, incrementó 5.5 veces el volumen de abasto de medicinas (que pasó de 4.4 a 25 millones de unidades farmacológicas mensuales), redujo “hasta un 70 por ciento” el gasto de las instituciones públicas de salud (IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena, Semar, Seguro Popular e institutos) y permitió que las familias mexicanas ahorraran “hasta 60 por ciento” en la compra de medicamentos, refiere la Cofepris.
En el caso de las medicinas para el tratamiento de la diabetes, que afecta al 9.4 por ciento de la población mexicana, los medicamentos genéricos fueron 72 por ciento más baratos que los de patente (290 contra 1 mil 058 pesos).
En otros casos, como fármacos para enfermedades cardiovasculares (64 por ciento), endocrinológicas (55), oncológicas (39), pulmonares (70), neurológicas (73), infecciosas (47 por ciento), entre otras, el ahorro reportado fue considerable.
Pese a los ahorros del Gobierno federal, el acceso a medicamentos de la mayor parte de la población continuó siendo limitado, sobre todo por el desabasto en instituciones públicas de salud y el alza general de los precios de los genéricos.
Según el boletín número 5495 (mayo de 2018) de la Cámara de Diputados, “a pesar de que dichos insumos se compran a bajo costo, la falta de abastecimiento en muchas zonas del país aumenta”.
En cuanto a los precios de los genéricos se refiere, los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) señalan que aumentaron a una tasa promedio de 5.4 por ciento anual, entre 2011 y 2018, impulsado sobre todo por el alza en medicamentos para diabetes, alergias, analgésicos, cardiovasculares, antibióticos y antiinflamatorios.
El incremento del costo de las medicinas, que fue superior a la inflación general promedio (4.1 por ciento) y similar al aumento del salario mínimo (6.2 por ciento) durante el periodo, limitó su acceso a la población más vulnerable. Es decir, al 44 por ciento de los mexicanos en situación de pobreza y a los 19 millones de connacionales sin afiliación a un esquema de seguridad social, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).