(SDP Noticias).- México.- Odebrecht reconoce que sí pagó millones de dólares en sobornos, por lo que ahora se dice ¡víctima de corrupción en México! y ya se quejó ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). De acuerdo con Reforma, la firma brasileña se va contra 12 funcionarios del sexenio pasado, entre los que se encuentran los titulares de la Procuraduría General de la República (PGR) y de Secretaría de la Función Pública, Alberto Elías Beltrán y Arely Gómez, respectivamente. Por medio de su apoderado, Joao Henrique Andrade Araujo Horst, Odebrecht dice que los servidores públicos armaron una estrategia para inhibir la indagatoria de los actos de corrupción que denunció y de los que sólo en México no ha habido sancionados.
"Resulta evidente que ha sido estrategia de miembros del Gobierno federal, a través de la SFP, imponer sanciones a mis representadas, en violación sistemática de sus derechos, como si éstas fueran resultado de la investigación de hechos de corrupción que han sido denunciados", indica el escrito del que da cuenta en su nota Abel Barajas.
Dice que aunque está dispuesta a colaborar con las investigaciones que inició la PGR por los sobornos confesados por sus directivos a funcionarios mexicanos, reclama que las autoridades mexicanas solo inician indagatorias administrativas y sancionan a Odebrecht por temas que son absolutamente ajenos a las investigaciones de cohecho.
En la queja, fechada el 3 de diciembre, se señala que ello sólo ha provocado que sea creada una falsa impresión ante la opinión pública, pues les hacen responsables mediante diversas declaraciones y comunicados de prensa en medios oficiales. Incluso, señala que debido a esa estrategia gubernamental, la PGR removió de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (Fepade) a Santiago Nieto. Odebrecht acusa que la Función Pública, entonces a cargo de Arely Gómez, la inhabilitó por 4 años para concursar por contratos públicos con base en un documento "prefabricado", así como que Pemex no quiere reconocer el contrato Tula I para construir las plataformas de la refinería Miguel Hidalgo.