CIUDAD DE MEXICO, 7 de enero (EL UNIVERSAL).- Autoridades federales investigan un presunto desvío de más de 17 mil millones de pesos de los recursos que Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) tenía destinados para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.
Documentos a los que tuvo acceso EL UNIVERSAL detallan que el desvío investigado por la Policía Federal y cuyas conclusiones fueron entregadas al Órgano Interno de Control (OIC) del GACM, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Procuraduría General de la República (PGR), involucra a Raúl González Apaolaza, ex director General de Obra del NAIM; Carlos Noriega, ex director General de Administración de GACM, y señalan la necesidad de investigar los bienes de Manuel Ángel Núñez Soto, ex gobernador de Hidalgo y antecesor de Federico Patiño al frente del GACM.
De acuerdo con un informe rendido por la Policía Federal, que señala que derivó de la investigación iniciada por el OIC en enero de 2018 por el ex director del GACM, Federico Patiño, la institución realizó diversas diligencias para indagar sobre la posible comisión de delitos de alto impacto en la construcción del NAIM mediante la compra de materiales para construcción como tezontle y basalto sin contratos previos a empresas y sindicatos vinculados principalmente con Apaolaza que no cumplieron con las normas de calidad requeridas para la obra.
El informe, con fecha 6 de noviembre de 2018, fue entregado a GACM mediante el oficio número PF/DINV/CIC/DGIDAI/5097/2018 el 12 de noviembre pasado, fecha en la que ya se encontraba en funciones el actual director, Gerardo Ferrando Bravo, a quien se buscó para cuestionarle sobre la existencia de la investigación; al cierre de la presente edición no se obtuvo respuesta.
Patiño dijo a EL UNIVERSAL que él no ordenó la investigación, pero que sí recibió un documento no firmado, mismo que decidió enviar al OIC de grupo aeroportuario. “Fue todo lo que yo hice y es todo lo que puedo decirle porque yo no ordené absolutamente nada, mi particular lo envió al Órgano Interno de Control por instrucciones mías [para] que se hiciera la investigación y análisis que correspondía”.
La autenticidad del documento fue verificada con la encargada de la investigación, cuyo nombre se resguarda por razones de seguridad, en la propia Policía Federal. Además, la oficial encargada de la investigación envió copia del informe al entonces Comisionado Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales, quien confirmó a EL UNIVERSAL que lo recibió y ordenó dar vista a la PGR.
El informe detalla que sindicatos y empresas supuestamente controladas por Apaolaza resultaron beneficiadas por un monto superior a 17 mil 500 millones mediante el monopolio de viajes de carga y la compra de material al grado tal que, según testimonios de trabajadores en la obra, su ingreso al terreno sólo ocurría previa autorización del sindicato y mediante el pago de un porcentaje.