CIUDAD DE MÉXICO, 16 de octubre (SinEmbargo).- Carlos Romero Deschamps renunció a la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) que ocupó durante 26 años. De acuerdo con los Estatutos Generales, su suplente al menos por 30 días sería el Diputado priista Manuel Limón Hernández, Secretario Interior del Comité Ejecutivo General (2019-2024). Pero disidentes han levantado la mano para disputar la dirigencia en elecciones con voto libre, secreto y directo.
El artículo 151 del Acta Constitutiva y Estatutos Generales del STPRM (2005) plantea que cuando la ausencia de cualquier miembro del Comité Ejecutivo General sea “definitiva”, el mismo Comité, cuyos miembros son cercanos a Romero Deschamps, “llamará al suplente para que ocupe la vacante y dicho funcionario suplente durará en su cargo hasta la terminación del ejercicio ordinario correspondiente”.
Las sustituciones por ausencias temporales hasta por 30 días, agrega el artículo 152, se dan en el orden del Secretario General por el Secretario del Interior, en este caso, el Diputado federal por vía plurinominal hasta el 2021, Manuel Limón.
En 2002, cuando Manuel Limón era presidente del Consejo General de Vigilancia del STPRM, se amparó contra una orden de aprehensión por su presunta participación en el “Pemexgate”, el supuesto desvío de mil 500 millones de pesos del sindicato petrolero a la campaña de Francisco Labastida Ochoa, candidato presidencial del PRI en 2000.
El Acta Constitutiva y Estatutos Generales del STPRM expone que el Consejo General de Vigilancia, que dirigía durante el escándalo, es el facultado para enjuiciar y expulsar a miembros del sindicato.
El grupo disidente “Innovación Sindical” de la sección 10 en Minatitlán, Veracruz, planea solicitar a la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados un juicio político al Secretario de Interior y legislador Manuel Limón Hernández, por violar el artículo 62 constitucional al recibir doble salario por ambos cargos públicos. En diciembre de 2014, también solicitó un juicio político al legislador hasta 2018 y líder sindical hasta ayer, Romero Deschamps, por la misma irregularidad.
Con preparatoria como mayor grado de estudios, gana 28 mil 403 pesos netos al mes por un cargo en Pemex-Refinación y otros 8 mil 773 pesos netos al mes por otra plaza en Pemex-Refinación, muestra la Nómina Transparente de la Secretaría de la Función Pública. Además, como Diputado federal ingresa otros 149 mil pesos.
Una vez que los integrantes de la Subcomisión de Diputados comprueban la existencia de la violación a la Constitución se formula la declaración de procedencia, y la Cámara de Senadores funge como Jurado de sentencia. Si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, se sancionará al servidor público con destitución o podrá también imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público desde un año hasta veinte años, expone el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos.
Disidentes levantan la mano
El priista Carlos Romero Deschamps fue reelegido en diciembre de 2017, un año antes de concluida su gestión, para el periodo 2019-2024 como Secretario General. Tras su renuncia, la representación sindical de más de 100 mil trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) quedó vacía y está en disputa entre grupos de disidentes que buscan un proceso democrático.
Como candidatos a la dirigencia, que han hecho campaña en las 36 secciones petrolera a nivel nacional, figuran Sergio Morales Quintana del Frente Nacional Petrolero, quien recibió la noticia de su salida en Poza Rica, Veracruz. Es petrolero con antigüedad de 30 años en el departamento de embarques y reparto de la sección 34, y fue coordinador de la Terminal de Almacenamiento y Distribución de la Alcaldía Azcapotzalco.
Desde febrero interpuso una denuncia penal ante la FGR en contra de Romero Deschamps por administración fraudulenta, y luego fue votado en una convención extraordinaria celebrada solo en la Ciudad de México para sustituirlo en la dirigencia, la cual fue cuestionada por no cumplir con los estatutos.
El Acta Constitutiva y Estatutos Generales del STPRM expone que puede enjuiciarse a funcionarios generales por el Consejo General de Vigilancia o, como en este caso, por Convención después de “la aprobación de dos terceras partes de los miembros activos del sindicato, mediante el procedimiento de asambleas seccionales” (artículo 369). Se realizó solo en la Ciudad de México.
También está en campaña María de Lourdes Díaz Cruz, conocida como “Lula”, del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera (MNTP), trabajadora de la sección 35 en Tula, Hidalgo, rescindida en 1993, quien ha señalado al sustituto de “La Quina” de huachicoleo.
La Secretaría General del STPRM es buscada de igual forma por Miguel Arturo Flores de Petroleros Activos en Evolución (PEA), quien también denunció a Romero Deschamps y a sus hijos ante la FGR por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y por Mario Rubicel Ross García de la Coalición Petrolera Independiente, quien pide la toma de nota al asegurar que es dirigente del sindicato desde el 16 de diciembre de 2018.
Sin embargo, Petromex, el sindicato alterno al STPRM, ha reiterado que no pueden aspirar a la dirigencia por ser trabajadores rescindidos.