El Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Quintana Roo declaró incompetencia por acuerdo a la sentencia o resolución que puso fin al juicio del trámite de amparo indirecto contra la creación del Área Natural Protegida (ANP) “Felipe Carrillo Puerto”, donde se encuentran los terrenos pertenecientes a Calica, filial de la estadounidense Vulcan Materials, y dio nueva fecha para audiencia constitucional, el próximo 6 de diciembre.
A finales de septiembre, López Obrador decretó la creación de una nueva ANP en Quintana Roo, nombrada Felipe Carrillo Puerto y que abarca 53 mil 277 hectáreas de selva, incluidos los terrenos donde Calica extraía material pétreo.
Por ello, desde agosto pasado Calizas Industriales del Carmen, Sociedad Anónima de Capital Variable y Rancho Piedra Caliza, Sociedad Anónima de Capital Variable ,a través de su apoderado, Gerardo Freyre Fregoso, iniciaron un amparo contra leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general.
El acto reclamado específico, es “la emisión del decreto por el que se pretende declarar área natural protegida Felipe Carrillo Puerto, con la categoría de área de protección de flora y fauna, la superficie de 53,227-07-02.37 hectáreas, ubicada en los municipios de Solidaridad, Cozumel y Tulum, acto que deriva del procedimiento administrativo denominado “Área de Protección de Flora y Fauna Felipe Carrillo Puerto”.
Luego de una serie de procesos legales y audiencias, ayer martes, el Juez Noveno de Distrito declaró incompetencia por acuerdo al amparo con número 1035/2024, y lleva a nueva fecha el proceso de inconformidad.
Antecedentes
Vulcan Materials inició operaciones en Playa del Carmen hace más de 30 años, bajo el nombre de Calica (Calizas Industriales de Playa del Carmen) en sociedad con ICA, que a los pocos años disolvió la sociedad, dejando sola a Vulcan en el negocio de la extracción de material pétreo y su exportación a EE.UU.
Con el inicio de las obras del Tren Maya, López Obrador acusó a Calica de causar una “catástrofe ecológica” en el corazón del corredor turístico Cancún-Playa del Carmen.
El tema escaló incluso ante la ONU, por la entonces Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, bajo el argumento de estar defendiendo el territorio nacional.
Aunque el expresidente pidió públicamente a Vulcan Materials abstenerse del arbitraje internacional contra México a cambio de un acuerdo, el litigio siguió su curso y el 11 de julio de 2022, el CIADI autorizó a la empresa la presentación de una reclamación adicional, relacionada con las referidas medidas impuestas.
Esto dio inicio a una segunda fase del arbitraje y tuvo como consecuencia dos rondas adicionales de escritos y una programada para julio de 2023, con un monto actualizado de compensación exigido por la empresa de mil 900 millones de dólares.
Vulcan emprende defensa legal
Hace un par de meses, Vulcan Materials anunció su intención de defenderse legalmente ante lo que ha calificado como “expropiación” por parte del Gobierno de México, de su puerto y cantera en Quintana Roo.
Ello, tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación de un decreto en el cual se creó la nueva área natural protegida “Felipe Carrillo Puerto”, la cual cuenta con más de 53,000 hectáreas, entre las que se incluyen las propiedades de la firma estadounidense, que abarca 2 mil 387 hectáreas, el 4 por ciento de la superficie total de la nueva ANP.
Vulcan ha dicho que lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) le impide acceder a su propiedad y por ello tiene la intención de defenderse por la vía legal.
En 2022, las autoridades mexicanas ordenaron la suspensión de operaciones en la mina de Calica, bajo el argumento de daños ambientales; sin embargo, Vulcan lo ha negado; incluso dice que existe una violación al Tratado entre México, Estados unidos y Canadá (T-MEC) y traerá afectaciones a la relación comercial.
El entonces Mandatario dijo que en el diferendo “nos asiste la razón, se puede ir a cualquier tribunal.
