CIUDAD DE MEXICO, 18 de octubre (Agencias).- La liberación de Ovidio Guzmán, luego de ser capturado por las fuerzas federales, “fue la correcta”, para evitar la masacre de efectivos militares y de personas inocentes, consideró Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia.
Sin embargo, la decisión de ponerlo en libertad se deriva del fracaso de un operativo que refleja la inexperiencia de los titulares de las instancias de seguridad y procuración de justicia, precisó Buscaglia.
“Cualquier militar del planeta te diría que no vale la pena masacrar a todos los efectivos que estaban acompañando, que son gente valiente, gente que se está jugando la vida con tal de capturar a un mafioso”.
El investigador reconoció la voluntad del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador de “ir a la boca del lobo”, a intentar capturar a un capo en una zona en donde durante los sexenios de Felipe Calderón ni de Enrique Peña Nieto los delincuentes gozaban de una “protección implícita”.
“En ese sentido hay que apoyar esa medida táctica, pero lo que yo siempre cuestiono es la estrategia de los gobiernos federales”, dijo Buscaglia, quien ha realizado labores de análisis de seguridad en países como Colombia y Afganistán.
Aunque está consciente de que en todo operativo de captura se debe improvisar, y trabajar con los recursos disponibles, el investigador detectó una serie de errores en la ejecución del operativo, como la falta de apoyo aéreo, bloqueos de dispositivos de comunicación, y el apoyo de mucha más fuerza militar.
“Todo indicaba que con 30 efectivos nunca iban a poder planificar un operativo para detener a un capo de la magnitud de uno de los capos del Cártel de Sinaloa, una de las tres organizaciones criminales más peligrosas del mundo en cuanto a su escala y la diversidad de sus delitos”.
Para Buscaglia, estas fallas pueden ser atribuidas a la inexperiencia del nuevo gobierno, en particular del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, al considerar que adolece de experiencia en la materia, “es más un político que un profesional de la seguridad pública”.
También cuestionó el desempeño de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), al considerar que su “estrategia adolece de las mismas fallas que tenía Calderón y Peña Nieto”.
Buscaglia destacó que no se han implementado mecanismos de desmantelamiento patrimonial, para debilitar la estructura financiera que respalda la operación criminal.
Señaló que el Cártel de Sinaloa cuenta con redes empresariales con operaciones financieras en Europa y en las Islas Caimanes, y que en México mantiene más de 100 empresas agropecuarias que sirven como frente mercantil, así como seis empresas que utiliza para importar armamento.
Para solucionarlo propuso la creación de grupos de trabajo interinstitucionales coordinados por un juez de control, en el que participe la Secretaría de Seguridad, la FGR y las fuerzas armadas, así como el Servicio de Administración Tributaria y Aduanas, “como hacen 67 países del mundo”.