CIUDAD DE MÉXICO, 26 de octubre (SinEmbargo).- Uno de los peores atentados del crimen organizado en lo que va del actual sexenio tuvo lugar en Michoacán. El 14 de octubre de este año, las autoridades locales confirmaron la muerte de 13 policías en el municipio de Aguililla, después de que fueran emboscados por supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La violencia en el estado –y en general en el Bajío mexicano– va en aumento.
Guanajuato, Jalisco y Michoacán están en la ruta de tráfico de armas y drogas entre México y Estados Unidos. Allí, la violencia repuntó en el último año; sólo en 2018 estuvieron entre los seis estados con mayor número de enfrentamientos entre integrantes del crimen organizado y elementos de seguridad pública federal; y este año, uno de cada 10 municipios en estos tres estados, tuvo altos índices de robo de combustible (huachicol), según datos oficiales.
El 1 de septiembre pasado, mientras el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se dirigía a la Nación con motivo de su Primer Informe de Gobierno, Michoacán también fue el escenario de una carnicería. Para muchos medios de comunicación se trató de un “domingo sangriento” en que 12 personas –entre ellos un policía estatal– fueron asesinadas en cinco municipios michoacanos; una ola de violencia causada, en gran medida, por la lucha territorial entre el CJNG y la banda de “Los Viagras”, de acuerdo con las autoridades locales.
Jalisco y Guanajuato asimismo fueron escenarios de matanzas que conmocionaron al país. En estas dos entidades federativas ocurrieron tres masacres en los primeros cuatro meses de gobierno de AMLO, que dejaron un saldo de 27 asesinados en los municipios de Guadalajara, Salamanca y Valle de Santiago, por presuntos ajustes de cuentas, uno de ellos relacionados con el Cártel Santa Rosa de Lima.
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que durante los primeros ocho meses de la administración de López Obrador, el número de homicidios dolosos en Guanajuato y Jalisco fue a la baja en 23.5 y 5.6 por ciento, respectivamente, mientras que en Michoacán los asesinatos intencionales repuntaron en 15.4 por ciento.
Sin embargo, los registros de homicidios dolosos en estas tres entidades federativas fueron superiores, en todo caso, a los del año pasado. Entre diciembre de 2018 y julio de 2019, Guanajuato, Jalisco y Michoacán tuvieron 1 mil 810, 1 mil 172 y 855 casos cada uno. Las cifras durante este periodo fueron 19.2 (Guanajuato), 22.1 (Jalisco) y 7.5 por ciento (Michoacán) superiores a las registradas entre diciembre de 2017 y julio de 2018.
Los altos índices de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en Guanajuato (29.3), Michoacán (19.2) y Jalisco (17.2) colocaron a la región del Bajío entre las prioridades del Gobierno federal en materia de seguridad pública y combate a la violencia.
El 5 de diciembre del año pasado, AMLO urgió la necesidad de un despliegue de fuerzas policiales en los estados colindantes con Guanajuato, sobre todo en Michoacán y Jalisco, además de Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.
Casi siete meses más tarde, el 3 de julio de 2019, el General de Brigada Xicoténcatl de Azolohua Núñez Márquez –integrante de la Coordinación Operativa Interinstitucional que asesora al comandante de la Guardia Nacional– anunció que durante la etapa de arranque de la Guardia Nacional habrían “despliegues prioritarios” en Guanajuato, Jalisco y Michoacán, debido a los “altos índices” delictivos en sus municipios.
Tierra de narcos
El CJNG (Guanajuato, Michoacán y Jalisco), La Familia (Guanajuato, Michoacán y Jalisco), Los Zetas (Guanajuato y Michoacán) y los cárteles de Sinaloa (Michoacán), de los Beltrán Leyva (Michoacán), de Los Caballeros Templarios (Michoacán) y Santa Rosa de Lima (Guanajuato) han operado en la zona del Bajío, en donde muchos de sus brazos armados o bandas delictivas relacionadas aún se disputan los territorios, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).
Tan sólo en 2018 hubo cuando menos 46 enfrentamientos entre presuntos integrantes del crimen organizado y elementos de seguridad pública federal en Guanajuato, Jalisco y Michoacán, según datos de la Policía Federal (PF) y de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar).
En Guanajuato, la PF y la Sedena sostuvieron 13 enfrentamientos en los municipios de Apaseo El Alto y Apaseo El Grande, así como en Jaral del Progreso, Jerécuaro, Irapuato, Salamanca, Silao y Valle de Santiago.
En los municipios jaliscienses de Acatic, Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, San Francisco Ixcatán, San Julián, Tala, Tlajomulco de Zúñiga, Tomatlán, Tototlán y Zapopan hubo 13 agresiones en contra de la PF, Sedena y Semar.
Asimismo, Sedena y Semar repelieron en 20 ocasiones a presuntos integrantes del crimen organizado en las localidades michoacanas de Apatzingán, Ario de Rosales, Buenavista Tomatlán, La Huacana, Lázaro Cárdenas, Nueva Italia, Parácuaro, Tumbiscatio, Uruapan y Yurécuaro.