CIUDAD DE MÉXICO, 11 de noviembre (SinEmbargo).- En el último año de la administración de Enrique Peña Nieto, el Sistema Nacional del Desarrollo Integral para la Familia (DIF), generó un posible adeudo con el erario público federal por 19 millones 784 mil 131 pesos.
Esa cantidad se desprende, según lo reportado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por una mala supervisión de los funcionarios públicos de esa dependencia de los servicios por los que pagó y también por la opacidad de sus contrataciones.
La ASF encontró que el DIF realizó contrataciones a modo; no pagó impuestos de los salarios de los trabajadores; realizaron contratos por adjudicación directa por montones y sin justificación; pagó por fiestas de las que no hay evidencia de que se realizaron; no cobró multas por retraso en los servicios a contratistas; pagó por publicidad sin un monitoreo, sin esquemas de alcance ni monitoreo y pagó por un servicio de limpieza “fantasma”.
Para 2018, el año auditado, Angélica Rivera, quien fue Presidenta del consejo consultivo del DIF, había dejado el puesto. El titular en ese entonces era Antonio de Jesús Naime Libién, quien ocupó el puesto luego de la salida de Laura Vargas Carrillo, esposa del ahora Senador Miguel Ángel Osorio Chong.
De acuerdo con una investigación realizada por Linaloe R. Flores, el DIF gastó en el sexenio de Peña Nieto, 2 mil 264 millones 608 mil 839 pesos, principalmente en contratos para eventos de días festivos, rifas, comida, fotocopias, impresiones, viajes, tarjetas de regalo, limpieza, combustibles, seguridad para personal, muebles, ropa, cursos-talleres y difusión de campañas, de acuerdo con el Portal de Obligaciones y Transparencia (POT).
En esta segunda entrega, la ASF solo revisó el 37.6 por ciento del presupuesto total del DIF, cerca de 909 millones de pesos, pero esta dependencia cada año suma observaciones que se reflejan en dinero perdido. En la Cuenta Pública de 2015, la ASF halló opacidad en la gestión del Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable, y en el Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia, por lo que hubo un probable daño al erario por 249 mil 119 pesos ante la falta de documentación comprobatoria de los gastos.
Sobre los desayunos escolares para contribuir a la seguridad alimentaria de estudiantes, el órgano fiscalizador observó en 2016 errores en el padrón de beneficiarios y en las reglas de operación del programa en Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Sonora.
Para la Cuenta Pública de 2017, la ASF expuso que a tres años de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y a dos años de la creación de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ha faltado coordinación para integrar la información de niños y adolescentes susceptibles de adopción; de niñas, niños y adolescentes migrantes, y el registro de las autorizaciones de profesionales en materia de trabajo social y psicología para los procedimientos de adopción.