La importancia de erradicar la violencia contra las mujeres ha obligado a los gobiernos del mundo a crear organismos especializados para atender las diferentes violencias que una mujer vive a lo largo de su vida solo por el hecho de ser mujer. Durante la administración de Peña Nieto, la Sedesol, la Secretaría del Trabajo y Gobernación, tuvieron tres áreas para atender los problemas, pero el dinero y los resultados fueron insuficientes.
Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 2019 , los casos de violencia contra las mujeres en México van en aumento y al mismo tiempo, el tipo de agresión suele ser más brutal. Las cifras muestran que independientemente de la edad, las probabilidades de ser víctima de la violencia son altísimas.
Aun con la evidencia, con las protestas, con los llamados internacionales a atender los problemas que aquejan a las mujeres, durante la administración de Enrique Peña Nieto se gastó más en el pago de seguros a servidores públicos o en la adquisición de televisores digitales.
Incluso se gastó más en artículos de oficina para la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y para un “monitoreo remoto” del programa Enciclopedia.
SinEmbargo hizo la revisión del presupuesto de tres áreas dedicadas a atender distintos tipos de violencia contra las mujeres que estuvieron activos en el sexenio anterior (2012-2018): el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación y de las Erogaciones para la Igualdad entre Hombres y Mujeres en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
El presupuesto de esas tres políticas, el total de esos seis años, fue de apenas 2 mil 870 millones 523 mil 514 pesos.
Mientras que los ejemplos citados tuvieron un presupuesto similar o más alto. De acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), la Comisión Nacional de Arbitraje Médico pagó 2 mil 719 millones 622 mil 500 pesos en “artículos de oficina” y Hacienda pagó a Metlife, 2 mil 712 millones 893 mil 077 pesos como parte de su contratación consolidada –solo de 2017 a 2019– del “Seguro Colectivo de Gastos Médicos Mayores para las Secretarías, Órganos Administrativos Desconcentrados, Entidades y Organismos Autónomos participantes”.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pagó esa misma cantidad en una sola compra y fue para adquirir televisores para lograr la Transición Digital Terrestre y la Secretaría de Educación Pública (SEP), también se compró un programa para evaluar a distancia el programa Enciclomedia, por 2 mil 757 millones 649 mil 882 pesos.
Mientras, los programas para atender a las mujeres tenían como objetivo ayudar a las mujeres a salir del círculo de la violencia, el empoderamiento, la protección y erradicar la discriminación laboral, fueron blanco de los recortes presupuestales.
En el caso del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), de 2013 a 2018, de acuerdo con la Cuenta Pública, el programa debió contar con mil 759 millones 409 mil 100 pesos y solo se ejercieron mil 696 millones 232 mil 053 pesos.
Para la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, la reducción fue mayor: de tener un Presupuesto aprobado por mil 179 millones 438 mil 110 pesos, pasó a 798 millones 824 mil 464 pesos, es decir, 344 millones de pesos menos.
Sobre el dinero asignado a la STPS, según los datos del Presupuesto de Egresos de la Federación, tuvo durante los seis años anteriores un total de 375 millones 466 mil 997 pesos, aunque las asignaciones no fueron claras, ya que de 2015 a 2016, el presupuesto dio un brinco de los 47 millones a los 660 millones, sin que aumentaran los programas pero sí eliminando el de Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral.
El programa de instancias era, hasta esta administración, un programa de cobertura nacional que buscaba la prevención y atención de las violencias contra las mujeres; el propósito central era el empoderamiento de las mujeres que solicitaran los servicios de atención.
En el pasado Presupuesto de Egresos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, planteó la eliminación del PAIMEF, al Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN se le redujeron 7 millones 832 mil 798 pesos, las políticas de igualdad de género en el sector educativo se estimó con un millón 498 mil 316 pesos menos a comparación del 2018.
El Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres pasó de 407 millones 460 mil 738 en el 2018 a 362 millones 82 mil 820 pesos para el próximo año.
Asimismo, se eliminó el programa para promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres y atender asuntos de la mujer.
Finalmente, en lo que respecta a las Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, durante la administración de Enrique Peña Nieto, el programa “Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral” sólo figuró en los primeros tres años y luego desapareció y contó con un presupuesto total de 60 millones 209 mil 264 pesos, ejercidos.
Esa cantidad representó el 0.05 por ciento del dinero que se ha destinado como Erogaciones para la Igualdad entre hombres y Mujeres.
Las brechas de género, salariales y económicas, son una realidad en el mundo y en el caso de México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el ingreso promedio mensual de una mujer, es de 4 mil 788 pesos, mientras que el de un hombre es de 6 mil 204 pesos.
Las cifras muestran que en México, una mujer es más propensa a tener un menor sueldo que un hombre, aunque ambos realicen el mismo trabajo y aunque ella tenga más preparación académica; es más propensa a recibir puestos de trabajo que no sean directivos, porque se duda de sus capacidades o porque puede decidir ser madre y optará por el cuidado de la familia; es más propensa a tener que aceptar trabajos mal pagados y con pocas o ninguna prestación, porque suelen ser más flexibles y como aún el trabajo del hogar no se considera una labor compartida, tiene que destinar parte de su tiempo a esas tareas.