GUANAJUATO, 4 de noviembre (PopLab).- Guanajuato parece empeñarse empecinadamente en pelear el primer lugar en todos los índices de violencia e inseguridad a nivel nacional. Al muy conocido primer sitio en homicidios, se suma el de asesinatos de menores de edad, y por segundo año consecutivo resulta también el estado más peligroso para ejercer la profesión de policía o funcionario de seguridad pública: durante los primeros 10 meses de año se registraron 48 de estos asesinatos.
Fueron en su mayoría balas de armas de asalto, como la AK-47 y la R-15, las que del 3 de enero al 29 de octubre, cobraron la vida de cuarenta y ocho policías municipales, estatales, ministeriales, custodios del Cereso, directivos, e incluso un guardia nacional y un militar, asesinados en el cumplimento de su deber o al dirigirse a su casa después de trabajar. Hay quien fue atacado en su día de descanso, llevando a sus hijos a la escuela, jugando con su bebé en el parque. Estos atentados cobraron otras siete víctimas colaterales, entre los que, además de parientes, está un conductor de Uber que llevaba a un oficial a su casa.
José Luis, su tocayo José Luis, “El Fénix”, Óscar, Julio, Filiberto, el otro José Luis, Luis Iván, Edgardo, Braulio, Jesús, Jessica, Josafat, Salvador, Juan, Israel, Miguel, Eduardo, Ulises, Fernando, “El Winnie”, Miguel Ángel, Gustavo, Alejandro, Fernando, Valentín, Juan Diego, Anastasio Carlos, Manuel, Raymundo, José Erasmo, Cuauhtémoc, José Manuel, Federico, Eduardo, José Sergio, Octavio, Luis Alberto, Jorge, Sergio, Gerardo, Víctor, Pedro, David, Javier, Cástulo, Salvador y José, son los nombres de los agentes y funcionarios que este 1 de noviembre recibieron flores en el panteón.
Quizá solo recibieron eso y una frívola esquela en el periódico, ante las trabas que enfrentan sus familias para cobrar indemnizaciones y seguros, según han denunciado activistas por los derechos de los policías.
Según la organización Causa en Común, el año pasado se registraron en el país 421 asesinatos de policías, 64 de ellos ocurrieron en Guanajuato, sus familias siguen esperando justicia porque prácticamente todos los casos se encuentran impunes. Este 2019 se han sumado otras 48 en estas trágicas circunstancias; es decir 112 familias esperan que los responsables sean detenidos y encarcelados.
De acuerdo con David Blanc, investigador de esa organización, en promedio son asesinados 30 policías cada mes, lo que resulta preocupante por la impunidad que existe con este tipo de crímenes.
“La impunidad es una de las causas por las que están matando policías. En la mayoría de los casos, no hay detenidos, no hay culpables. Con el homicidio de 14 asesinados en Michoacán, el 14 de octubre pasado, se da una clara señal de que el Estado no los respalda y la desprotección que enfrentan los uniformados”, señaló.
El investigador señala que además de tener salarios bajos, jornadas laborales extenuantes, capacitaciones exprés, falta de equipamiento y equipo de protección, los policías tienen que enfrentar día con día el riesgo de ser asesinados, alrededor de cuatro veces más que un ciudadano que no es policía, en nuestro país matan en promedio a más de un policía cada día”, precisó.
Sin embargo la justicia parece aletargada. En Guanajuato es la Fiscalía General, comandada por Carlos Zamarripa Aguirre, la responsable de investigar, detener y encarcelar a los responsables de estos asesinatos, donde las carpetas de investigación se acumulan sin resolución.
“La Grandeza de México”, lema de campaña del Gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Valleno, no alcanza para amparar a estas familias ni a las de los miles de guanajuatenses que han muerto directa o indirectamente en las cada vez más cruentas batallas entre cárteles del narcotráfico que buscan ser, cada uno, el patrón de la tierra guanajuatense, eliminando lo mismo a contrincantes, a capos locales y a personas que simplemente se cruzaron en su camino.
Mientras, Zamarripa Aguirre trata de justificar el magro resultado en procuración de justicia y pide no se generalicen los motivos por los que estos policías fueron asesinados pues aunque “hay coincidencias en otros el motivo es diferente, en algunos, hasta personal”, dijo a medios de comunicación en León a principios de octubre.
Lo que es un hecho es que es poco claro qué asesinatos de agentes han sido esclarecidos y cuántos responsables hay detenidos por este delito. Ha trascendido que hay alrededor de una decena de detenidos, relacionados con unos siete casos, pero en notas periodísticas únicamente hay constancia de un solo individuo vinculado a proceso. Pareciera que la autoridad agarró otra venda, para junto a la “señora Justicia”, taparse los ojos y no ver la cruel realidad, mientras las balas asesinan a sus policías, algunos de los cuales incluso “han sido olvidados” y de su muerte no hay registro en las listas oficiales.
Falla apoyo a los policías y a sus familias: activista
Cuestionado sobre el tema de las muertes violentas de policías, Marco Villafaña, integrante del Comité Estatal de Guanajuato del Movimiento Nacional por la Seguridad y en Pro de la Justicia (MNSPJ), se mostró aún más pesimista de la situación: mencionó que según los cálculos de la organización serían alrededor de 55 los policías asesinados este año.
Esta diferencia de cifras, los 41 de Causa Común, los 45 de la lista que el estado circula entre reporteros, los 48 que hoy entrega POPLab, tiene que ver con trámites burocráticos, porque el proceso de baja de un oficial, sea por muerte o por enfermedad (incapacidad) es, por decir lo menos engorroso e injusto, porque las familias tienen encima el drama de haber perdido o tener herido al o la oficial, y la burocracia pone mil trabas para poder cobrar los seguros e indeminizaciones, mientras los presionan con otras causales para darlos de baja sin erogar las cantidades prometidas por las autoridades.
En ese sentido se refirió al millón y medio de pesos que Alvar Cabeza de Vaca, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP) habría ofrecido como indemnización a las familias de los policías asesinados. Villafaña aseguró que estas no llegan ni a los 300 mil pesos.
La violencia institucional que padecen las familias de un policía asesinado llega a extremos como argumentar las autoridades que no pagarán el seguro “porque los oficiales estaban distraídos con el celular” al momento de ser atacados, o “que por no traer el casco puesto” la herida fue fatal, y por tanto, renunciaron al apoyo.
El activista comentó que las denuncias que reciben en la página en Facebook del Movimiento de parte de viudas, deudos y de los propios policías afectados, van desde la evasión de responsabilidad para cobrar seguros (argumentando que no fueron atacados en horario de trabajo, cuando el proceso de entrega de equipo a veces tarda horas o el/la agente se desplazaba a su trabajo), hasta demeritar el trabajo de los agentes que cada día, cada hora, arriesgan su integridad y su vida por salarios bajos y pocas, nulas, prestaciones sociales.
En particular, Marco Villafaña se refirió a la postura que mantiene Sophia Huett, comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana del estado de Guanajuato, en donde tiende a criminalización y hasta a la justificación de agresiones contra ellos, lo cual, sumado a las agresiones constantes por parte de la delincuencia organizada, a la falta de certidumbre en seguridad social y al estrés constante en que viven, desemboca en irritabilidad, insomnio, depresión y otras enfermedades mentales, que, calcula el activista, estarían afectando al 100 por ciento de la tropa, sin que haya capacidad de las corporaciones para brindarles atención psicológica o psiquiátrica.
En estos momentos, dijo, en el municipio de Romita hay una queja contra uno de sus altos mandos, ya que no tiene nombramiento operativo pero este ejerce esas funciones, hostiga al personal y baja aún más la moral de la corporación, al grado de estarse presentando renuncias, diezmando la capacidad de reacción ante una emergencia.
Marco Villafaña exhortó a los interesados en integrarse a las corporaciones de seguridad pública ir con los ojos bien abiertos, que se les proporcione claramente la información por riesgos de trabajo, cómo van a cobrar sus familias el seguro de vida y otros temas de incapacidad, para así evitarles el calvario que este año enfrentan 48 familias.