Autoridades de Querétaro han defendido que la entidad es libre de la delincuencia organizada y que la amenaza proviene de los estados vecinos, pero el reciente cruce de mensajes enviados en cartulinas y mantas colocadas en las calles, así como las balaceras y asesinatos ocurridos en la capital de la entidad, dejan en claro la presencia del crimen organizado.
Por David Saucedo*
Guanajuato, 31 de diciembre (Pop Lab).– Querétaro siempre ha hecho gala de una situación de aparente excepcionalidad en materia de combate a la delincuencia organizada . Los sucesivos gobiernos estatales queretanos han presumido la condición cuasi insular de la entidad enfatizando que, a diferencia de otros estados azotados por conflictos entre grupos del narcotráfico, “en Querétaro no hay y no operan cárteles de la droga”. De acuerdo con versiones oficiales, una virtuosa mezcla de cuerpos de seguridad impermeables a la corrupción, una Fiscalía profesional y avispados líderes políticos, habrían evitado que los cárteles izaran su bandera en el estado. En privado, integrantes del gabinete de seguridad del Gobernador Francisco Domínguez Servién señalan que el único riesgo para la paz construida con tanto esfuerzo a lo largo de los años, provendría de fuera, es decir, de conflictos gestados en “narcoestados” como los de Guanajuato y Michoacán.
Con los indicadores de la actividad económica, turística e industrial en mano, los equipos de comunicación de varios gobernadores (priistas y panista por igual) han apelado continuamente a un sentimiento de identidad y orgullo queretanos para montar sus estrategias de mercadotecnia política y de promoción del voto. Alejandro Echeverría Cornejo, actual Fiscal General, ha negado insistentemente y hasta con una dosis de fastidio, la presencia de cárteles de la droga en la entidad. Incluso el propio Gobernador Domínguez Servién insiste en señalar que un componente importante del combate a la delincuencia consiste en “blindar” al estado de Querétaro del “efecto cucaracha” proveniente de la guerra de cárteles que se desarrolla en el vecino estado de Guanajuato, entre el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Lo mismo comentó en su momento el ex Gobernador José Calzada Rovirosa, a propósito de la dispersión que provocó la desarticulación y atomización de los grupos del narcotráfico que operaban en el estado de Michoacán. Se da por sentado que Querétaro es un estado libre de delincuencia organizada y que en realidad la amenaza proviene de estados y gobernadores que no saben, no pueden o no quieren hacer la tarea.
Pero el reciente cruce de mensajes, vía cartulinas y narcomantas, por parte de grupos delictivos en el municipio de Corregidora, así como las balaceras y asesinatos ocurridos en la capital queretana a lo largo del año dejan en claro dos cosas. Primero, el Cártel de Santa Rosa de Lima opera en varios municipios del estado de Querétaro que colindan con el estado de Guanajuato. Segundo, el CJNG, nuevamente, ha decido expandirse apoderándose en esta ocasión del estado de Querétaro y eliminando con ello a las células del José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, que operan en los municipios de Corregidora, Pedro Escobedo, El Marqués, San Juan del Río y Querétaro; y de paso exterminando a las células de los Caballeros Templarios que aún deambulan en Amealco, Huimilpan y en la propia capital del estado. La guerra de cárteles finalmente llegó al estado de Querétaro.
LA PAX NARCA QUERETANA
A pesar del intento reiterado por parte de autoridades de Gobierno de Querétaro por encubrir los hechos, desde hace años hay varios grupos del crimen organizado operando en la capital del estado, en su zona metropolitana e incluso en municipios de configuración rural. La lista es larga. Distintos líderes del narco han sido localizados, vigilados y posteriormente detenidos en varios municipios queretanos. Otros tantos han tenido y siguen teniendo vidas prósperas y apacibles en los barrios residenciales de la capital y en fraccionamientos de municipios conurbados, algunos de los cuales han ayudado a construir y financiar.
En marzo de 2014, Enrique Plancarte Solís, alias “La Chiva” y “Kike”, líder y fundador de Los Caballeros Templarios (CT), fue abatido en un operativo implementado por las fuerzas federales en el municipio de Colón. “Kike” llegó a ser el segundo al mando de los CT, solo por debajo de Servando Gómez, alias “La Tuta”. Según la versión oficial dada a conocer por el entonces Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, el cabecilla de Los Caballeros Templarios intentó ocultarse y cuando las fuerzas federales le ordenaron detenerse respondió con disparos de arma de fuego, por lo que ‘‘el personal naval, al repeler la agresión, lo neutralizó’’.
En octubre de 2014, en un restaurante de San Miguel de Allende, Guanajuato, fue detenido Héctor Beltrán Leyva, alias “El H”, líder del Cártel de los Beltrán Leyva. Vivía en Juriquilla, en donde se hacía pasar como un empresario dedicado a los bienes raíces y a la comercialización de obras de arte. Moriría en prisión algunos años después, no sin antes dar a conocer parte de la red de inversiones y de lavado de dinero que implementó de la mano de varios empresarios queretanos.
En noviembre de 2014, elementos de la Marina detuvieron en Querétaro a Drey Jaimes Vences –hermano de Adrián Jaimes Vences, alias “El Faraón”, quien era el líder de la Familia Michoacana (FM). Los hermanos Jaimes Vences comenzaron a trabajar para La FM, pero la captura de Drey provocó que Adrián se sumara a los Guerreros Unidos, luego de corroborar que otros líderes del cártel habían brindado información a las autoridades para realizar la detención de su hermano. Poco después, en agosto de 2015, Adrián Jaimes Vences, fue detenido por elementos de la Secretaría de Marina en un fraccionamiento de San Juan del Río. Al día siguiente de su detención, en circunstancias que nunca se esclarecieron, se informó que “El Faraón” había muerto en un enfrentamiento que se suscitó al resistirse al arresto.
También en 2015 la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro dio a conocer la captura de Martín Navarro Escutia, alias “El Cebollón”, identificado como un líder del CJNG que operaba en el estado Guanajuato. Este personaje también habría estado involucrado en el derribo de un helicóptero durante el intento de captura de “El Mencho” en el estado de Jalisco y en el homicidio del Presidente municipal electo de Jerécuaro, Guanajuato, Rogelio Sánchez Galán, cometido en junio de ese año. “El Cebollón” ya había sido detenido en Celaya un año antes por elementos de la Fiscalía del Estado de Guanajuato, pero había sido puesto en libertad por un Juez federal.
En noviembre de 2015, después de recibir una denuncia anónima, muy probablemente proveniente de una delación interna, elementos de la Secretaría de Marina detuvieron en Querétaro a Alejandro Castro Alfonso o Pascual Sandoval Ortiz, líder de los Zetas en los estados de Veracruz, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala.
En 2016, autoridades del municipio de Corregidora reconocieron la existencia de tomas clandestinas para la extracción de hidrocarburos en las comunidades de Charco Blanco y El Romerillal, pertenecientes a dicho municipio. Aunque inicialmente se responsabilizó al CJNG de haber hecho las perforaciones, lo más probable es que dichas tomas fueron realizadas por el CSRL.
En 2017, en un golpe de suerte, un filtro policiaco permitió la captura de Walter Alonso de Loya, alias “La Medusa”, líder de Los Rojos, en el municipio de Amealco, Querétaro. Se le encontraron dos armas y dos identificaciones con nombres distintos, uno de los cuáles fue detectado en la Plataforma México con una orden de aprehensión a cuestas.
Son muchos los líderes, jefes de plaza y operadores financieros del CJNG que han sido detenidos en el estado de Querétaro, pero las autoridades locales y federales no han mostrado una habilidad similar para detener a integrantes de las células del “Marro”.
En julio de 2018, agentes de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) aprehendieron en Querétaro, con fines de extradición, a Jesús Contreras Arceo, alias “El Canasto”, identificado como uno de los líderes del CJNG y presunto operador financiero del cártel.
Para mayo de 2019, fuerzas federales detuvieron a Edgar Herrera Pardo, alias “El Caimán”, otro operador financiero del CJNG, y a la narcomodelo Maine de la Cruz. La captura de ambos se realizó mientras viajaban en un autobús que salió de la ciudad de Querétaro con destino a San Luis Potosí. Los medios de comunicación queretanos dieron amplia difusión a las fotos y videos que había en redes sociales de Maine de la Cruz, así como a las actividades “artísticas” que realizaba en la capital del estado.
Por su parte, Jesús Cancino Tellez, alias El Apá, líder de la Familia Michoacana, fue herido de bala en el fraccionamiento Pueblo Nuevo del municipio de Corregidora a principios de septiembre de este año. Sobrevivió y se trasladó a Morelia para ser intervenido quirúrgicamente, pero fue asesinado por un comando armado que ingresó a dicho hospital. La investigación determinó que El Apá era jefe de plaza de la FM en el municipio de Querétaro y que fue asesinado por el CJNG, en la disputa entre ambos cárteles por el control de esa ciudad.
Finalmente, en junio de 2019, en los municipios de Querétaro y Corregidora fueron colocadas cuatro narcomantas firmadas por la “Sucursal Querétaro” del CJNG. En ellas se pedía a los grupos de la delincuencia local a “alinearse” de manera individual con el CJNG. Ese mismo mes circuló en redes sociales un video en donde presuntos integrantes de dicho cártel interrogaban, torturaban y rapaban a las trabajadoras sexueles que había secuestrado en la capital queretana. El video cerraba con una advertencia para que ninguna escort prestara sus servicios sin pagar cuota al CJNG.
Es decir, es falso que Querétaro haya estado libre de la presencia de grupos del narcotráfico. Lo que en realidad ocurrió fue una larga tregua de los distintos cárteles asentados en la entidad. Durante varios años ha imperado una “pax narca” pactada entre líderes del narco, que han hecho del estado un santuario para sus inversiones, para el lavado de dinero y para que sus familias puedan vivir alejadas del entorno de violencia que prevalece en otros estados. Se trata de una situación muy similar a la que se vivió durante muchos años en la ciudad de León, Guanajuato.
EL CJNG INVADE QUERÉTARO
Pero la retaguardia del CSRL no está propiamente en la zona de los Apaseos, ni en los municipios de Acámbaro o Jerécuaro. El CJNG ha estado atacado durante meses a las células del CSRL en los municipios de Celaya, Salamanca y San Miguel de Allende, pero no había podido obtener el dominio de dichas plazas. Los generales del CJNG pensaron que la rápida capacidad de recuperación del Marro estaba ligada a la existencia de municipios que proporcionaban tropas de refresco, armas, municiones y suministros al frente de batalla. Fue así como tomaron la decisión de cortar las líneas de abastecimiento del Marro atacando a las fuerzas del Marro en la zona de los Apaseos, Acámbaro y Salvatierra.
Pero poco a poco se fueron percatando que las zonas de influencia del Marro no terminaban en el estado de Guanajuato. Es decir, la retaguardia del CSRL no está en Guanajuato, sino en el estado de Querétaro. Por tanto, la invasión de dicho estado por parte del CJNG no es un lujo, ni un capricho. Representa una necesidad objetiva y una decisión de táctica militar pura para derrotar al Marro. En primera instancia, el CJNG está invadiendo Querétaro con el objetivo de eliminar al CSRL.
¿De qué nivel y alcance es la presencia del CSRL en el estado de Querétaro? Aunque en mayo de este año Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, informó que empresas queretanas habían trabajado con recursos de procedencia ilícita y que habían lavado dinero del CSRL, todos dieron por sentado que dicho capítulo quedaría cerrado con el congelamiento e incautación de las cuentas bancarias que ascendían a 39 millones de pesos. No había quedado al descubierto la penetración del CSRL en municipios del estado de Querétaro. Una operación que va más allá del simple blanqueo de capitales.
Pero el sangriento intercambio epistolar entre el CJNG y el CSRL luego de balaceras y cuerpos descuartizados en el municipio de Corregidora, dejaron en claro que el Marro hace tiempo que se expandió, realiza actividades de narcomenudeo, extorsión y ordeña de ductos en el estado de Querétaro.
Se sabía que el Marro ya actuaba en Querétaro por lo menos desde el año 2018, cuando mediante un narcomensaje se atribuyó el asesinato de un jefe de plaza del CJNG apodado El Pato, que fue ultimado en la zona de comida rápida de Plaza Antea en Querétaro. Este hecho fue ampliamente comentado en los círculos policiales de Guanajuato y Querétaro, como un aviso del recrudecimiento de las hostilidades entre el Marro y el Mecho en su disputa por el control del estado de Guanajuato.
Varios operadores financieros, comerciales y jefes de plaza ya habían sido detenidos en años anteriores en el estado de Querétaro, pero la presencia de líderes del CJNG en la entidad no significaba propiamente que hayan llegado a “sentar plaza”. El estado no les pertenecía, ningún actor reconocía como tal la preeminencia del CJNG por sobre otros cárteles. Querétaro seguía siendo un “puerto libre” para todo aquel que tuviera el dinero y los contactos necesarios para no ser molestado.
EL MARRO EN QUERÉTARO
Algunos informes de inteligencia militar señalan que José Antonio Yépez Ortiz en realidad es originario del estado de Querétaro, en donde se habría iniciado como narcomenudista en la colonia Reforma Agraria, del municipio de Corregidora, y como ladrón de autos, en Lomas de Casa Blanca, de la capital del estado. Posteriormente, su auge y prosperidad económica les habría permitido a él y a sus lugartenientes, adquirir lujosas propiedades en barrios residenciales de Querétaro y Celaya, aunque también construyeron casas y ranchos en municipios rurales de ambas entidades. Es decir, el Marro tiene mucho tiempo moviéndose de Guanajuato a Querétaro sin ninguna restricción.
Los informes de la sección de inteligencia del ejército coinciden con la movilidad social que existe en los municipios que están en la frontera de ambas entidades. En efecto, para los habitantes de Corregidora, Querétaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Cortazar, etc., es común, estudiar, comprar o trabajar ya sea en Celaya o Querétaro de manera alternada. De igual modo, los grupos delictivos saltan de un estado a otro con relativa facilidad.
Pero dejando de lado los antecedentes personales del líder del CSRL, lo que lo impulsó a fortalecer e incrementar sus actividades en municipios del estado de Querétaro fue la estrategia Golpe de Timón que generó e impulsó en su contra Diego Sinhue, gobernador del estado de Guanajuato. El Marro ya había echado raíces en Querétaro, ya había sentado plaza y mantenía presencia en varios municipios del sur. Pero cuando el TUCOM se lanzó en un santa cruzada para desarticular el brazo político, el brazo social, el brazo económico y el anillo de protección policial del Cártel de Santa Rosa de Lima, el Marro instaló sus “cuarteles de invierno” en el estado de Querétaro.
Cuando Diego Sinhue decidió lanzar la estrategia de Golpe de Timón para desarticular al CSRL, un efecto colateral fue la “exportación de la guerra de cárteles” a Querétaro. Con la ocupación militar del municipio de Villagrán y de la emblemática comunidad de Santa Rosa de Lima, con la llegada del Grupo de Operaciones Especiales de La Marina a Celaya, con la llegada de elementos de la Guardia Nacional a la zona de los Apaseos, con la embestida del CJNG en municipios del sureste, como Acámbaro, y en general luego la embestida general del TUCOM, el CSRL no tenía otra alternativa que plantar su bandera y sentar plaza en tierra virgen. Las primeras víctimas fueron los municipios de Querétaro, Corregidora, San Juan del Río, Amealco, Pedro Escobedo y Tequisquiapan. Zonas que ya conocía el Marro desde sus épocas de juventud y en las que nunca había dejado de operar.
EL DOBLE JUEGO DE DIEGO SINHUE
La pelea contra cárteles del narcotráfico en estados como Sinaloa, Jalisco o Michoacán ha servido para demostrar la manera en la que el efecto cucaracha se expande rápidamente en estados vecinos. El Golpe de Timón tuvo como consecuencia lógica la llegada de la narcoguerra al estado de Querétaro.
Aunque los gobernadores Pancho Domínguez y Diego Sinhue mantienen una alianza para enfrentar las embestidas y golpear al Gobierno federal al interior del Grupo de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), el joven gobernador de Guanajuato despliega un juego doble contra el queretano. Con su mano derecha le da la mano para unirse en contra de AMLO. Pero con la izquierda, presiona al Marro y a las demás facciones que integran el CSRL para que abandonen Guanajuato y echen raíces en Querétaro. Lo cierto es que el Marro hace tiempo que plantó su semilla y ya empieza a cosechar. Pero antes era solo un huésped ocasional en Querétaro. Ahora el TUCOM lo está obligando a mudarse de manera permanente.
Aunque este nivel de maquiavelismo quizá no provenga de Diego Sinhue, sino de la dupla conformada por Carlos Zamarripa, fiscal general del Estado y por Alvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública. Como ya hemos señalado en otros espacios, el Gobernador de Guanajuato profesa una fe ciega en su gabinete de seguridad. Por ejemplo, con la llegada del grupo de operaciones especiales de La Marina a municipios de Guanajuato, Diego Sinhue declaró que poco a poco irían bajando la cifra homicidios dolosos que se cometen en la entidad. En realidad, sucederá todo lo contrario. El cuerpo de élite de la Marina practica una estrategia de exterminio. Realiza pocas detenciones. Mata y después averigua. Su tasa de letalidad es muy alta, lo que garantiza que los homicidios en el estado se incrementarán. Por tanto, la telaraña de la conspiración guanajuatense en contra de Pancho Domínguez muy probablemente no se tejió en Palacio de Gobierno, sino en los cuarteles generales de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.
Aunque en el estado de Guanajuato el enemigo público número uno es José Antonio Yépez, en el estado de Querétaro los principales adversarios de las fuerzas de seguridad pública del estado son los cabecillas del CJNG. Lo anterior puede comprobarse con solo comparar la identidad y número de las personas detenidas en Guanajuato y Querétaro. Por ende, el siguiente paso lógico de Gobierno del estado de Guanajuato es pedirle al gobernador Pancho Domínguez que haga los ajustes de estrategia necesarios para dirigir todas sus baterías en contra del CSRL.
QUERÉTARO PUEDE ESCOGER
El gobernador de Querétaro tiene una oportunidad que rara vez se presenta para la toma de decisiones en materia de seguridad. Puede experimentar en cabeza ajena, sabiendo por anticipado el resultado de las políticas y estrategias que ha empezado a instrumentar. El panorama que tiene frente a sí Pancho Domínguez es muy similar al menú de opciones que en su momento tuvo el ex gobernador de Guanajuato Miguel Márquez en 2014-2015 y del actual gobernador Diego Sinhue, en este año que termina.
En su momento, Márquez no tuvo el olfato, ni la sagacidad para entender el problema, ni para trazar una hoja de ruta para enfrentar a la guerra de cárteles. Confió en colaboradores más preocupados en mantener su puesto, en ocultar sus errores y en decir lo que su jefe deseaba escuchar, que en diseñar escenarios, mapas de conflictos, diagnósticos de vulnerabilidades y líneas de acción a la altura del reto. Veamos los tres principales componentes.
LA INVASIÓN DEL CJNG
El Mencho dio la instrucción de apoderarse del estado, como parte de su estrategia de combate e intento de aniquilación del CSRL y para unir a las tropas que tiene estacionadas en Guanajuato y el Estado de México. La invasión apenas comienza. Las fuerzas de avanzada del CJNG están conformado por el Grupo Pantera y quizá por una escisión del CSRL. Se trata de un contingente relativamente pequeño, pero letal y efectivo. Tal y como Miguel Márquez en el 2015, en el 2020 el Gobernador Pancho Domínguez tiene una grave decisión en sus manos. Tiene dos opciones: o combate al CJNG, lanzando a las fuerzas de seguridad pública del estado, a la Fiscalía General y al Poder Judicial para cazar a los jaliscienses, o acepta la “petición” de Guanajuato para combatir al Marro y al CSRL. No se pueden ambas cosas. Si Querétaro deseo impedir el avance y la invasión del CJNG este es el momento. Más tarde será imposible. Tendría que eliminar todas las cabezas de playa que los jaliscienses quieran implantar en el estado, una por una. Esa decisión, en los hechos aliviaría la presión que el TUCOM ejerce sobre el Marro y sus huestes. Es el mismo escenario que tuvo frente así y del cuál no se percató Miguel Márquez, ex gobernador de Guanajuato, hace ya cinco años. Para evitar la invasión hay que eliminar los puntos de desembarco. El CJNG tiene casi todos sus efectivos, armas y suministros en Guanajuato. Pero está en condiciones de trasladarlos de manera paulatina a Querétaro. Gobierno del estado debe decidir si combate la invasión del CJNG y acepta que mafias locales (como la del Marro) sigan operando en Querétaro, o si se une al combate al CSRL que encabeza el Gobernador Diego Sinhue, con apoyo del Gobierno federal. No es una decisión sencilla, pero se debe plantear como tal en el cuarto de guerra del Gobernador de Querétaro.
TRANSPARENCIA U OPACIDAD
La estrategia de comunicación para los delitos de alto impacto que ha instrumentado el Gobierno queretano es una copia del “modelo Guanajuato”, que consiste en la toma de decisiones cupulares en materia de seguridad sin informar, ni poner sobre aviso a la población. Los guanajuatenses se enteraron que estaban en una narcoguerra cuando empezaron morir estudiantes en las calles, cuando se descubrieron narcofosas en comunidades rurales, cuando empezaron a haber cadáveres descuartizados en las calles y cuando los medios nacionales empezaron a reportar lo que los medios locales evitaban mencionar, debido a la compra de pauta publicitaria estatal. En Querétaro, la primera reacción del Gobernador, de su secretario de gobierno y del fiscal general fue la de negar o minimizar los primeros enfrentamientos entre CJNG y el CSRM. Ello se debió a varias razones. Es hasta cierto punto comprensible que el gobernador haya antepuesto su instinto de supervivencia a cualquier otra consideración.
Es una reacción automática de la mayoría de los líderes políticos mentir y ocultar hechos que escapan a su dominio. De manera más o menos consciente decidió menospreciar el evidente inicio de hostilidades entre las tropas del Mencho y el Marro. Pero también es muy probable que su primer círculo de colaboradores haya falseado parte de los hechos. La presencia de un nuevo cártel de la droga en la entidad podría interpretarse como un descuido de los encargados de la seguridad y la procuración de justicia. También puede estar pesando en el ánimo de los funcionarios encargados de la comunicación gubernamental no causar alarma, ni pánico entre la población.
Sin importar las razones que hayan tenido, la estrategia basada en falsear y encubrir esta crisis está condenada al fracaso. En Guanajuato, pocos meses después de que el Gobernador Miguel Márquez regañó a los reporteros diciéndoles que dejaran de decir que el estado era inseguro, éste se posicionó entre las primeras cinco entidades con mayor número de asesinatos dolosos. Cada vez que los boletines de prensa gubernamentales anunciaban la inminente desarticulación y caída de algún cártel, los líderes del grupo aludido daban algún golpe certero a las instituciones del estado, como el asesinato de algún comandante o jefe policiaco. Por más que los estrategas digitales e influencers a sueldo se empeñaban en mostrar un panorama color de rosa, los sangrientos videos del CJNG circulaban profusamente en redes sociales, rompiendo récords de audiencia y reproducciones.
No vale la pena mentir. La realidad terminará superando a la narrativa de contención que se quiera instrumentar. Si se va a hacer un esfuerzo político, presupuestal, social y de vidas humanas para combatir al narco, es mejor decirlo, que ocultarlo. De otro modo se seguirá el camino que todos conocemos. Las autoridades seguirían negando los hechos. Luego los minimizarán. Aceptarán que hay un crecimiento relativo de cierto tipo de delitos, pero se insistirá que el estado no está tan mal como muchos quieren hacer creer. Posteriormente se aceptará que la inseguridad es un problema, pero que no está afectando otras facetas de la actividad turística, económica, comercial e industrial de la entidad. Se acusará a la federación de ser el culpable de la inseguridad y a la oposición de tratar de sacar raja política de la coyuntura. Poco después se dirá que se está ganando la guerra contra el narco y que se obtendrá una victoria inexorable, pero en paralelo habrá marchas multitudinarias en las calles y los niveles de intención de voto a favor del partido gobernante se derrumbarán de manera estrepitosa. Es un camino que Pancho Domínguez puede evitar, que ya siguieron sus vecinos de Guanajuato y que resultó todo un fiasco.
ENFRENTAR LA NARCOPOLÍTICA
El CSRL tratará de financiar campaña y candidatos a cargos de elección popular con el objeto de manejar los fondos de obra pública de municipios del estado de Querétaro. No tendrá ningún problema para eliminar (literalmente) a aquellos proyectos políticos que no coincidan con sus intereses. Por su parte el CJNG se inclinará más por obtener el control y obediencia de las corporaciones de seguridad pública municipales. En todo caso, ambos cárteles intervendrán en la vida política de municipios queretanos, tal y como ocurrió en el estado de Guanajuato. Para evitarlo, gobierno del estado de Querétaro tendría que instaurar el mando único policial en los municipios bajo la amenaza de la intervención del narco. Tendría que reorientar partidas del presupuesto estatal para la adquisición de vehículos, armas y equipos con las que los efectivos de la policía municipal puedan enfrentar a los delincuentes sin ser masacrados. Debería tener el temple y la capacidad de operación política al interior del congreso local para desaparecer ayuntamientos en municipios que se sospeche que cayeron en las garras del narco. Habría que derrocar a presidentes municipal, incluso del propio partido del Gobernador, que hayan tejido algún nexo de colaboración con los cárteles. Habría que proceder con la destitución de elementos del poder judicial que hayan liberado a operadores del narcotráfico. Se tendría que blindar al sistema penitenciario para que los pesos pesados que vayan cayendo no se apoderen de las prisiones. Sería necesario también capturar a los jefes de plaza de los cárteles, para impedir que generen una estructura de control. Si no se ejecuta ninguna de estas acciones, a la vuelta de un par de años habrá presidentes municipales que llegaron al poder gracias al financiamiento negro de los cárteles. Directores de policía serán emboscados y asesinados como patitos de feria. Custodios de las cárceles serán ejecutados por no doblegarse ante los intereses de los peces gordos que empezarán a llegar a las cárceles de Querétaro. Jueces corruptos echarán por tierra el trabajo policial y de investigación que se realice, con la liberación ilegal de sicarios y jefes de plaza. No hay nada peor para cualquier estado del país que tener al narco en campaña.
Es necesario insistir en este punto. Querétaro puede tomar como referencia y contraejemplo la experiencia fallida de Guanajuato en el combate a los cárteles de la droga. No representa de ninguna manera un modelo a seguir, sino todo un compendio de errores que hay que evitar. Las buenas decisiones provienen de la experiencia y la experiencia… viene de las malas decisiones. Hay que aprovechar los errores que ya cometieron los vecinos para construir una estrategia con la que se pueda enfrentar de manera exitosa el principal reto que tendrá el Gobernador Pancho Domínguez en todo su sexenio: la invasión del Cártel Jalisco Nueva Generación al estado de Querétaro y la guerra de guerrillas que librará en su contra el Cártel de Santa Rosa de Lima.
*David Saucedo es Politólogo, con estudios en economía por la Universidad Complutense de Madrid, consultor en marketing político, políticas públicas y diseño de estrategias en materia de seguridad.
Por Redacción / Sin Embargo