Carta del Ing. Santiago Ancona Teigell
LIC. ALEJANDRO GERTZ MANERO
FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA
P R E S E N T E
El que suscribe, Santiago Ancona Teigell, con todo respeto se dirige a usted para pedir que intervenga en el caso de la empresa de servicios de renta de cajas de seguridad denominada First National Securty de México, S.A. de C.V., que su ubica en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, la cual ha sido víctima de gravísimas violaciones a sus derechos. La empresa junto con sus más de 1500 arrendatarios sufrió por parte de la PGR y la SEIDO de México, a cargo en la administración pasada del Lic. Alonso Israel Lira Salas (Subprocurador de la PGR) y de Alberto Elías Beltrán (encargado del despacho de la PGR), de gravísimos abusos en sus derechos humanos y constitucionales. A continuación haré una breve exposición de los hechos.
En la madrugada del 9 de octubre del 2017 fuimos notificados por nuestra compañía que monitorea nuestro sistema de seguridad de la detonación de las alarmas que protegen nuestro negocio en varias de las áreas del local. Ante el conocimiento por parte de esta empresa de que había un acordonamiento de elementos federales, mi esposa y yo acudimos al lugar para dar fe de lo que estaba ocurriendo, ya que era algo inusitado. Al llegar nos percatamos que efectivamente la plaza se encontraba acordonada por elementos de la Policía Federal, los cuales nos negaron el acceso al lugar, a pesar de identificarnos como propietarios del negocio, y nos pidieron que nos retiráramos inmediatamente, a lo cual accedimos. Amaneciendo me apersoné en el lugar y pude constatar que el acceso a mi negocio estaba completamente sellado, en la puerta se podía apreciar un letrero hecho a mano apenas legible que indicaba que se trataba de un hecho llevado a cabo por la SEIDO. Asimismo se encontraban ahí una tanqueta y un grupo de marinos, que muy amablemente me informaron que desconocían los motivos del aseguramiento del inmueble y que simplemente estaban ahí para impedir que alguien entrara.
En los días siguientes me di a la tarea de averiguar con abogados qué procedía, qué se podía hacer, con lo cual decidimos presentar primero que nada un amparo ante los hechos y acudimos a la Ciudad de México a presentarnos en las oficinas de la SEIDO para presentarles un escrito en el cual manifestábamos toda nuestra intención de colaborar con cualquier investigación que se estuviera llevando a cabo, siempre y cuando fuera dentro del marco de la ley. Quiero manifestarle que este escrito nunca fue contestado ni tomado en cuenta. A los casi 15 días de este hecho nos enteramos que estaban rompiendo las instalaciones por dentro, por los ruidos que provenían del local, y es cuando supimos que estaban accediendo al área de la bóveda donde se encuentran las 1540 cajas de seguridad rentadas en ese momento. Quiero manifestarle que en ningún momento se nos informó del objeto del cateo ni de las intenciones de la autoridad, ni qué estaba pasando, hasta varios meses después a través de los diferentes amparos que estuvimos promoviendo. Aún al día de hoy no sabemos con exactitud qué estaban buscando.
A partir de ese momento hasta la fecha, al reconocer la autoridad que las pertenencias que se hallaban en cada caja eran de muy diversos ciudadanos ajenos a su investigación se dieron a la tarea de empezar a regresar pertenencias, no sin antes hacerlos sufrir en su mayoría de un calvario de interrogatorios interminables y vueltas y comparecencias múltiples. Calculamos que al día de hoy hay unas 350 cajas que no han sido entregadas. En muchos de los casos los propietarios sufrieron extorsiones de un 20 o 30 por ciento de los bienes que ahí resguardaban (esto por testimonios de arrendatarios que no quisieron dar sus nombres por miedo a represalias).
Este hecho ha dejado en la sociedad de Cancún una cicatriz que difícilmente se borrará, por lo violento de los abusos, prepotencia e impunidad de que fueron víctimas todos los clientes de este negocio que siempre contó con todos los permisos legales para su operación, que era público y que desde su constitución hace 28 años fue totalmente legal y sigue siendo una actividad legal aquí en México y en muchos países.
Todo esto que he manifestado puede usted constatarlo en una manifestación por escrito que hizo la CNDH sobre los hechos ocurridos y en la que hace mención de todas las ilegalidades que se cometieron y de varias recomendaciones hacia la SEIDO para subsanar estos abusos.
La intención el día de hoy con esta carta es pedir su intervención en este proceso de abuso de autoridad que se ha recrudecido en estos días con el requerimiento que hemos sido objeto la señora María Inés Jaime Chapa, el Lic. Jorge Abraham Magaña y un servidor para presentarnos en las instalaciones del Juzgado de Puente Grande, Jalisco, con el fin de materializar a la empresa First National Security de México ante la imputación de graves delitos por parte de la SEIDO. Para nosotros esto es una pesadilla que empezó hace 16 meses y parece no tener fin, somos gente honesta y trabajadora que hemos estado siempre presentes ante cualquier requerimiento de la autoridad y la propia empresa al día de hoy está quebrada, los empleados de 26 años de antigüedad liquidados y todo un esfuerzo y un sueño por fincar un patrimonio han quedado desbaratados. Tememos que este último acto de la autoridad esté encaminado a desprestigiar a la empresa y a afectarnos en nuestra seguridad personal con el único fin de poder justificar todas las atrocidades cometidas en su momento.
No me resta más que pedirle por favor su intervención para que este asunto se lleve apegado completamente a derecho. Confiamos en su honorabilidad y en que este nuevo gobierno quiera realizar el cambio que México necesita y que podamos vivir en un estado de derecho.
ATENTAMENTE
ING. SANTIAGO ANCONA TEIGELL
REPRESENTANTE LEGAL
FIRST NATIONAL SECURTY DE MEXICO, S.A. DE C.V.