MONTERREY, Nuevo León, 13 de marzo (La Política Online).- La Secretaría de la Función Pública (SFP) continúa con la ola de investigaciones que se han desatado hacia las instituciones educativas que abrió el caso de la Universidad de Hidalgo por presunto lavado de dinero; y quien ahora se encuentra en el foco es la misma Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) por el supuesto de beneficiar a una empresa a través de un contrato de outsourcing triplicado en su gasto regular.
Tal es el caso de Novutek, empresa que desde el 2010 ya ha trabajado en convenios de asesoría e implementación de consultoría de la información con las universidades autónomas de Coahuila, Estado de México, Nuevo León y el Instituto Tecnológico de Sonora. Desde aquel año, la misma Auditoria Superior de la Federación abrió una investigación al observar una falta de continuidad en los proyectos de diagnóstico y pagos improcedentes.
Hoy, la SFP se lanza en una extendida exploración por el desvío de recursos en distintas máximas casas de estudio, en donde la UANL no se ha visto exenta de la indagatoria y ya se analiza la contratación del personal bajo el esquema de honorarios por medio de la outsourcer Novutek, quien manejaría la nómina triplicando el gasto operativo.
Hace apenas una semana la Auditoría reveló que la UANL incurrió en anomalías que generaron un posible daño al erario federal por mil 231 millones de pesos tras una revisión en su informe de la Cuenta Pública 2016. Según se ha detallado, la revisión a los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales arrojó la realización de pagos por 795.8 millones de pesos por conceptos no autorizados, como prestaciones no ligadas al salario y pagos que exceden el tabulador.
Además de esto, se señalaron 432 millones de pesos de gastos de operación sin justificar y 2.7 millones por rendimientos que no fueron transferidos, generando un probable daño a la Hacienda Pública federal por mil 231 millones.
Casos de triangulaciones similares ya están siendo investigados por la SFP, tal como el de la Universidad Tecnológica de Salamanca, apuntada en al menos tres contratos que entregaron sumas millonarias a diversas compañías que no realizaron labores de investigación y asesoría a la institución.
El uso de instituciones públicas y privadas de educación superior ha sido recurrente para estos desvíos, debido a las excepciones al procedimiento de licitación pública establecidas en las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM).