CIUDAD DE MEXICO, 17 de marzo (EL UNIVERSAL).- Es necesario revertir la crisis de derechos humanos que se vive en el país, y poner en el centro de la política pública a las víctimas de la violencia, dijo el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
Al participar en el foro nacional “Planeando juntos la transformación de México”, en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, Encinas reconoció que la actual administración, “recibimos un país marcado por una profunda herida y por una grave descomposición del tejido social. Un país hundido en una crisis de violencia”.
Dijo que esta situación ha cobrado la vida de miles de personas, ha ocasionado el desplazamiento de familias, 40 mil personas desaparecidas y más de mil 100 fosas clandestinas en todo el territorio nacional, así como 26 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses, “y millones de víctimas indirectas”.
“Las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos fueron sistemáticamente dejadas en la sombra; sin embargo, este gobierno ha decidido revertir esta situación y colocar a las víctimas en el centro de su atención y acciones. Revertir la crisis de derechos humanos y garantizarlos de manera progresiva con las víctimas y los grupos más vulnerables y excluidos en el centro de la atención gubernamental es nuestra prioridad”, señaló.
Para proteger y garantizar adecuadamente los derechos humanos y revertir la crisis humanitaria en el país, es fundamental que las políticas públicas se rijan bajo el principio de no discriminación, de perspectiva de género y de inclusión, promoviendo que la equidad de género se adapte a las necesidades e identidades concretas de cada persona, anotó.
“La exposición continua a fenómenos violentos, afecta a todos los mexicanos por igual, en particular el desarrollo físico, emocional y social de los niños y adolescentes en México. Más de la mitad de la población vive por debajo de la línea de pobreza y millones de mexicanos no tienen atendidas sus necesidades básicas de vivienda, salud, educación y el acceso a una alimentación digna”.
Dijo que es “urgente” cerrar las enormes brechas de desigualdad que viven los grupos históricamente discriminados del país y poner atención a la violencia que sufren las mujeres en los diferentes espacios de la vida pública y privada, y en las zonas de conflicto del país, donde prácticas como la tortura sexual, “sigue siendo recurrente en el país y debe ser erradicada”.
“Las políticas de seguridad y los procesos de verdad y justicia, pero también las políticas del programa de bienestar atenderán de manera específica la violencia que viven las mujeres pero también deben fungir de manera diferenciada, dando prioridad a las mujeres más vulnerables”, agregó.
Revertir crisis de Derechos Humanos, la meta
Como parte de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo para el sexenio se pretende dar un giro a la función de la Secretaría de Gobernación para que, sin dejar su responsabilidad de conducir la política interior, se convierta en una dependencia garante de las libertades y la protección de los derechos humanos y abandone su arraigada orientación al control y persecución política, sostuvo el subsecretario de Derechos Humanos de esa dependencia, Alejandro Encinas.
Encinas sostuvo que en los objetivos que en este rubro tendrá el gobierno en sus políticas públicas se encuentra revertir la crisis humanitaria y la violación de derechos humanas, para impulsar como prioridad la de garantizar los derechos humanos y la equidad de género y revertir la discriminación.
Encinas destacó que es urgente cerrar las enormes brechas de desigualdad, discriminación y exclusión de grupos vulnerables que golpean principalmente a las mujeres y a los pueblos indígenas.
Destacó que el analfabetismo entre las mujeres indígenas es diez veces mayor al promedio nacional; ocho de cada diez menores viven en situación de pobreza, el doble del promedio nacional; hay carencia acentuada de escuelas y clínicas.
En cuanto a las mujeres, el 66 por ciento de las mayores de 15 años han reportado algún episodio de violencia psicológica, sexual, física, por lo que supondrá especial énfasis en políticas públicas que reviertan esta condición de vulnerabilidad.
El subsecretario subrayó que para este gobierno ha sido fundamental el reconocimiento de la crisis humanitaria y violación sistemática de los derechos humanos, cuya solución pasa necesariamente por asumir su existencia.
Refirió que hay una profunda crisis de inseguridad y una grave descomposición del tejido social que se refleja en una violencia que impacta a millones de mexicanos.
Subrayó que una vertiente de la inequidad es que más de la mitad de la población en México se encuentra por debajo de las líneas de pobreza. Millones de personas no tienen garantizado su acceso a la salud, a las medicinas y a la alimentación.
Las víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos fueron sistemáticamente dejadas en la sombra por casi 40 años de gobiernos que pusieron en el centro que el mercado determinará el desarrollo económico y social. Ahora, dijo, en el nuevo PND se pretende colocar a las víctimas en el centro de la atención gubernamental para atender la crisis de derechos humanos y garantizarlos de manera progresiva.