CIUDAD DE MEXICO, 5 de marzo (SinEmbargo/EFE).- La violencia en México plantea riesgos de crédito cada vez mayores para las empresas y los expande a Gobiernos locales y regionales, alertó este martes la agencia calificadora Moody’s.
“La intensificación de la violencia y la delincuencia en México aumenta la preocupación por los riesgos crediticios relacionados con la seguridad para las empresas, y los riesgos económicos para los estados y los municipios”, apuntó Moody’s Investors Service en un informe.
La firma destacó que el aumento de inseguridad, los robos y las advertencias de viaje al país impactan en la rentabilidad de las empresas mexicanas. “Y en particular, debilitarán los ingresos y los márgenes en los próximos 12 a 18 meses para la industria petrolera y los hoteles y centros turísticos”, señaló el vicepresidente de Moody’s Investors Service, Alonso Sánchez, y recoge un boletín.
De esta manera, si bien hay empresas “grandes y bien diversificadas” que no verán impactos en su calidad crediticia, para otras más pequeñas la delincuencia representa un mayor riesgo.
Adicionalmente, la venta de combustibles en el mercado negro “se ha vuelto más atractiva” para las organizaciones criminales porque se intensificó la lucha contra las drogas.
Sobre el combate frontal al robo de hidrocarburos, Moody’s opinó: “Los esfuerzos federales para sustituir las tuberías por el transporte de combustible por carretera han interrumpido los suministros, posiblemente conservando los ingresos de Petróleos Mexicanos (Pemex)”.
“Pero la escasez de combustible a largo plazo amenaza con interrumpir la logística para las compañías”, advirtió.
Agrego que los costos relacionados con la inseguridad también representan un riesgo para otras industrias como la alimentaría, la de bebidas o la minería”, indicó.
Señaló también que el aumento de la delincuencia ha coincidido con una menor inversión en los estados mexicanos más impactados.
Finalmente, la agencia calificadora señaló que la “propagación” de la violencia también genera riesgo económicos a gobiernos regionales y locales, porque puede “frenar potencialmente el crecimiento de los ingresos fiscales”.
El pasado año se registraron 33.341 asesinatos, siendo el más violento de la historia de México desde que empezaron los registros en 1997.