CIUDAD DE MEXICO, 11 de abril (Eje Central).- El diagnóstico de Alejandro Gertz Manero sobre la Procuraduría General de la República fue lapidario: En México no hay un verdadero acceso a la seguridad y la justicia. Ha sido incapaz de cumplir con su mandato constitucional, porque carece de planeación y coordinación en la persecución de los delitos, no cumple con la profesionalización requerida, y ni siquiera comprende la dinámica del fenómeno criminal que actualmente agobia al país.
Por décadas, sostiene el fiscal General de la República (FGR) en un documento interno al que Eje Central tuvo acceso, actuó de forma aislada, sin estrategia ni esquemas de investigación. En suma, la institución tiene una crisis de ineficiencia.
Este es el estado en el que Gertz Manero sostiene que encontró la institución encargada de investigar y perseguir los delitos federales en el país, y principal responsable de impedir la impunidad. Ubica especialmente a dos responsables de la actual crisis: al exprocurador Raúl Cervantes y su sucesor, Alberto Elías Beltrán, encargado del despacho.
“La baja incidencia de decomisos representa una muestra de cómo la institución no logra impactar en la matriz económica y financiera de las organizaciones criminales. Sin una unidad que se ocupe de comprender los mercados criminales, difícilmente la FGR podrá reducir la brecha de impunidad”, se plantea en el documento.
Con este documento el ahora fiscal General arranca su gestión y plantea que la dependencia está obligada a detonar una serie de bases y programas de trabajo para conseguir la metamorfosis institucional.
La ruta para que la antes llamada Procuraduría General de la República lleve a cabo una reingeniería de sus procesos internos, corrigiendo las malas prácticas que implicaron, entre otras consecuencias, un crítico rezago en la impartición de justicia debido a una errática implementación del sistema penal actual, tiene el plazo forzoso de un año para rendir frutos, y establecer el basamento del cambio.
La meta impuesta por el propio fiscal general es que para enero de 2020, la Fiscalía cuente con una Política Criminal y un Plan de Persecución Penal Institucional que se alinee al Plan Estratégico de la Fiscalía.
Caso a caso
Opuesto a la premisa de que los números no mienten, el documento firmado por Gertz Manero, con fecha el 14 de marzo, advierte de las “serias debilidades en el registro de estadísticas confiables” por parte de la extinta PGR. Los registros de la dependencia indican que los esfuerzos de la institución, por lo menos desde 2016, se enfocaron a combatir delitos de bajo impacto en una lógica del “caso a caso” que trajo consigo la acumulación de carpetas de investigación sin resolver.
En el documento se toma como referencia el año 2017, es decir, el periodo de poco más de 11 meses que el priista Raúl Cervantes Andrade asumió la titularidad de la PGR, para después dejar como encargado de despacho al ex subprocurador Elías Beltrán, en el que sólo se denunciaron 10% de 33.6 millones delitos que hubo en ese año, de los cuales 6.5% implicó la apertura de una carpeta de investigación.
“Se deduce –plantea- la falta de una estrategia de priorización, así como de un esquema de investigación debidamente articulado entre los operadores del sistema de justicia penal, enfocado en perseguir y desarticular mercados criminales”.
Esto es así, ahonda, “porque en las últimas décadas, los segmentos del sistema de justicia penal actuaron de forma aislada, por lo que se generó un descuido en la atención a las víctimas del delito y la desconexión entre el diseño con la realidad”, señala la diagnosis del extitular de Seguridad Pública en el gobierno de Vicente Fox.
Aunado a ello, el resultado de la fiscalización de la cuenta pública de 2017 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) evidenció que 62% de las averiguaciones previas por delitos federales en ese año presentó deficiencias en su investigación, por lo que tuvieron que ser devueltas por parte del Poder Judicial de la Federación a la PGR.
“La Procuraduría no estableció indicadores ni metas que permitieran definir un parámetro de lo que pretendía lograr respecto de su contribución en la procuración de justicia eficaz y eficiente”, sentenció la revisión del organismo fiscalizador.
Muestra de ello fue que la meta del 65.7% proyectada para el 2018 sólo llegó a 26.2% de cumplimiento, mientras que la ejecución de órdenes de aprehensión y reaprehensión también cerró con una deficiencia porcentual de cuatro puntos a la meta establecida para ese año.
De acuerdo con un informe elaborado por el Consejo de la Judicatura Federal presentado en el Senado de la República en junio del año pasado, del universo de 33 mil 935 causas penales judicializadas por la entonces PGR, entre noviembre del 2014 y junio del 2018, 7% fueron referente al robo de hidrocarburos, 3% implicó por delitos fiscales, 1.9% correspondió a ilícitos ambientales, 1.8% a secuestros; 1% a tráfico de personas, 0.23% a delincuencia organizada y sólo 0.1% a trata de personas.
Por tanto, el análisis de Gertz Manero sentencia: “la institución (FGR) no está contribuyendo a garantizar el estado democrático de derecho, ni a preservar el cumplimiento irrestricto de su mandato constitucional porque no ejecuta su misión actual de procurar justicia federal de manera eficaz y eficiente”.
Según el informe De PGR a FGR: lineamientos hacia la transición, presentado por la organización civil México Evalúa el pasado 14 de marzo, a la Fiscalía le implicará una demora de al menos 13 años para ofrecer una solución a más de 166 mil asuntos que la dependencia federal acumuló sin judicializar en los últimos tres años.
La magnitud del reto, refirió entonces María Novoa, coordinadora del Programa de Justicia de la asociación, es que “actualmente 68.3% de las investigaciones obtienen determinación judicial; del 2014 al 2017 se registró 61.2% de impunidad en las investigaciones”.
Lo prioritario
Son tres las razones principales por las que Alejandro Gertz Manero considera que el Estado mexicano ha incumplido con su tarea de garantizar un real y positivo derecho a la seguridad y la justicia: la ausencia de una política criminal integral que atienda los fenómenos delictivos; la falta de profesionalización, eficiencia y eficacia de policías, ministerios públicos, y autoridades jurisdiccionales; así como la carencia de comprensión del fenómeno criminal.
El diagnóstico del funcionario refiere que la interrelación de las instituciones del sector seguridad y justicia carecen de un modelo de vinculación de competencias, ámbito de actuación y objetivos para la operación de cada involucrado.
Lo que provoca que actualmente “no hay coordinación ni articulación entre la policía preventiva, peritos, ministerios públicos y jueces, y repercute en la eficiencia del sistema jurídico mexicano y la persecución e investigación de delitos”.
En ese sentido, los mercados criminales, es decir los principales ejes delictivos en este “proceso de priorización” que se busca consolidar en la Fiscalía, los ilícitos que tienen prioridad son porque cumplen con los criterios de relevancia, en los que se considera su impacto político-social, la vulnerabilidad de la víctima, aquellos vinculados a la delincuencia organizada, su trascendencia económica, componentes internacionales; así como su criminalidad emergente, en referencia a su incidencia delictiva.
La lista de los mercados criminales o ejes delictivos del plan de Gertz Manero comprenden 10 delitos principales, además de sus derivados: corrupción; delitos contra el patrimonio nacional (hidrocarburos); delitos económicos y financieros; ilícitos cometidos contra los derechos humanos; contra la libertad de las personas (secuestro y extorsión); aquellos cometidos contra el comercio; delitos de armas de fuego; crímenes contra el sistema electoral; delitos ambientales; y narcotráfico.
En comparación con el esbozo dado a conocer por Elías Beltrán, a mediados del año pasado, los mercados criminales identificados como prioritarios en la anterior administración no contemplaban los delitos de robo de hidrocarburos ni los referentes al sistema electoral.
Aunque la priorización en la atención de asuntos está contemplada en esta reingeniería como uno de los ejes estratégicos para enfocar los esfuerzos de investigación; así como los recursos personales y financieros sobre aquellos delitos que se determinen de mayor relevancia. El también exlegislador deja en claro que ese proceso no implica que unos asuntos sean más relevantes que otros, sino que con los recursos disponibles se atienden los casos complejos y de impacto social con toda la fuerza institucional; y aquellos donde lo mejor resulta una solución alterna se cuente con un modelo de gestión ágil y oportuno.
Bajo esa concepción son tres los principales rubros en los que la FGR deberá ocuparse de las conductas delictivas: “Aquellas que atentan contra el Estado mexicano y su patrimonio; las que afectan a las instituciones, la estructura y solidez del mismo Estado; y el resto de los delitos federales”.
La atención depende del grado de complejidad de investigación que represente cada ilícito, por lo que las dos grandes categorías que los definen son: delitos complejos y de baja complejidad.
Delitos federales
El Consejo de la Judicatura Federal refiere que de 33 mil 935 causas penales judicializadas del 2014 al 2018, 7% correspondían al robo de hidrocarburos.
Sin embargo, las cifras reportadas por la delegaciones y áreas centrales revelan que en la dependencia son muy pocos los asuntos vinculados con delitos complejos que constituyen dichos mercados criminales los que han llegado a judicializarse. Los propios datos de la PGR refieren que durante la vigencia del sistema penal actual (2014-2018) se iniciaron más de 270 mil carpetas de investigación, de las cuales sólo se llegaron a judicializar el 15%, y sólo el 4% llegó a una sentencia condenatoria; en ese periodo prácticamente el 33.48% de la incidencia delictiva derivó en expedientes relacionados con la comisión de delitos patrimoniales.