CIUDAD DE MEXICO, 22 de abril (EL UNIVERSAL).- Más de 100 asociaciones civiles denunciarán el próximo miércoles ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) las agresiones sexuales cometidas por autoridades federales, estatales y municipales en contra de mujeres que enfrentan un proceso legal.
Entre las ONG que participan están Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Equis Justicia para las Mujeres, Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
En el Informe Alternativo de las Organizaciones de la Sociedad Civil de México 2012-2019, protectores de derechos humanos ofrecerán un diagnóstico sobre la tortura en nuestro país. Harán énfasis en cómo los ataques sexuales se han convertido en una constante para la población femenina recluida.
El documento, que será presentado en el 66 periodo de sesiones del Comité Contra la Tortura de la ONU, está sustentado con las cifras recopiladas por las ONG, las cuales han investigado el tema a través de estudios y con la defensoría de casos.
Expertos criticaron que el Estado mexicano tiene un déficit de datos oficiales sobre la tortura sexual, por lo que los números de las asociaciones son la forma más adecuada de dimensionar el problema.
Sobre la tortura sexual, el informe menciona que “incluye violación, amenaza de cometer dicho acto, tocamientos y descargas eléctricas en pechos, glúteos o genitales y obligar a la víctima a realizar actos sexuales”.
Indica que uno de los principales objetivos de esta agresión es obligar a las mujeres a autoinculparse por algún ilícito o que lo haga alguien más: “Viene acompañada de la reproducción de estereotipos, roles de género y abusos verbales referentes a la sexualidad de las mujeres; por ejemplo, refiriendo que las víctimas son ‘putas’ o ‘rejegas’. También se usa para humillar o incidir en la voluntad de los hombres que las acompañan”.
Una de las organizaciones autoras del texto, y que ha estudiado la tortura sexual durante esta década, es el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh), el cual el año pasado reveló que entre 2006 y 2015 hubo al menos 29 casos de tortura sexual.
Concluyó que las víctimas fueron agredidas con descargas eléctricas en pechos y genitales, recibieron golpes, cortes y quemaduras, las amenazaron con violar a sus hijos y con ser ejecutadas, además de que las autoridades responsables provocaron tres abortos.
De los 29 casos ocurridos, elementos de la Policía Federal habrían participado en 11; de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en seis; de la Secretaría de Marina (Semar), en dos, y el resto de los abusos fueron cometidos por presuntos policías municipales o estatales.
Otra asociación que recopiló datos similares es Amnistía Internacional: detectó 72 casos de abuso sexual contra mujeres al momento de su detención o en las horas siguientes.
La información más alarmante la proporcionó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a través de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol), en la que aseguró que ocho de cada 10 mujeres detenidas en México, entre 2009 y 2016, fueron víctimas de tortura antes de ser presentadas frente a un juez.
Resaltó que 76% de las afectadas afirmaron que los hechos habrían ocurrido en el arresto, y otro 65%, durante la custodia ministerial.
Atenco destapó el problema. Melissa Zamora y Gabriela Carreón, abogadas del Centro Prodh, coinciden en que la tortura sexual ha sucedido en nuestro país desde hace mucho tiempo, pero fue en 2006 cuando se visibilizó con lo ocurrido en las localidades de San Salvador Atenco y Texcoco, en el Estado de México.
En aquel momento, policías municipales, estatales y federales cometieron actos de violencia sexual y tortura contra al menos 11 mujeres, quienes protestaban para impedir la construcción de un nuevo aeropuerto.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado por esa situación y ordenó indemnizar a las víctimas, así como darles asistencia médica y sicológica. También, el actual gobierno deberá investigar y castigar a los responsables.
Melissa Zamora señaló que “a través del acercamiento a esos casos detectamos que, en efecto, hay patrones en la tortura sexual; es decir, es una práctica reiterada. Sobre todo se ha acentuado en lugares donde la seguridad pública está en crisis”.
Explicó que, a pesar de que la tortura sexual puede ocurrirle a cualquier género, se deben diferenciar los daños: “En el caso de las mujeres, además de los traumas físicos y el dolor, la tortura sexual deja secuelas difíciles de superar debido a estigmas sociales y al aislamiento”.
Según las investigaciones del Centro Prodh, la tortura sexual en el país ocurre principalmente en retenciones ilegales que duran entre dos y más de ocho horas, tiempo suficiente para que las autoridades fabriquen delitos a través de la autoinculpación.
Del informe, Melissa Zamora comentó que “es muy importante porque informarán a la ONU de la situación del país, a pesar de que las organizaciones estamos seguras de que no tenemos un panorama completo de cuántos casos de tortura sexual hay”.