CIUDAD DE MEXICO, 23 de abril (Reuters).- El Gobierno de México estimó el martes que en los primeros tres meses del año cruzaron el territorio unos 300,000 migrantes con la intención de entrar a Estados Unidos y que una tercera parte de ellos son menores de edad.
Autoridades mexicanas dijeron en conferencia de prensa que han visto un incremento en el número de cubanos que buscan llegar a Estados Unidos.
La secretaria de Gobernación señaló que México ha enfrentado un aumento “insólito” de migrantes centroamericanos que intentan llegar de forma irregular a Estados Unidos, así como un incremento en el ingreso de indocumentados cubanos, africanos y asiáticos.
En los últimos tres meses han pasado por México 300,000 migrantes, precisó.
El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo que viajará el 7 de mayo a Washington para hablar sobre migración y cómo mejorar la relación bilateral con autoridades del gobierno del presidente Donald Trump.
El Gobierno mexicano ha defendido este martes su política de contención frente al fenómeno migratorio, tras la detención de 371 centroamericanos que se dirigían hacia Estados Unidos. El episodio confirma el endurecimiento de la postura de la Administración y el giro respecto a la política de puertas abiertas anunciada a principios de año. Pese a las críticas de ciertas organizaciones de la sociedad civil, el Ejecutivo del presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en la necesidad de “regular” el flujo creciente de personas que atraviesa el país hacia el vecino del norte -unos 300.000 en los últimos tres meses, según datos oficiales-. “No queremos que tengan libre paso, no solo por cuestiones legales, sino por cuestiones de seguridad”, ha dicho esta mañana en rueda de prensa el presidente.
Agentes de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración (INM), el organismo encargado de gestionar las entradas, acorralaron el lunes por la tarde a una caravana integrada por unos 3.000 migrantes irregulares, en su mayoría hondureños, mientras marchaba por la carretera en el municipio de Pijijiapan, en el Estado de Chiapas, al sur del país. Algunas personas intentaron escapar monte a través, en tanto que otras fueran obligadas a montarse en autobuses oficiales. Los detenidos, entre los que hay niños, han sido trasladados a centros de internamiento mientras se “regulariza” su estancia.
La operación provocó momentos de tensión. Algunos migrantes han denunciado agresiones por parte de las fuerzas de seguridad, mientras que las autoridades han defendido su actuación y culpado a grupos de centroamericanos de ser ellos los agresores. “Sí hubo por un grupo de estas personas agresión con piedras y por eso se solicitó el apoyo de más personal de la Policía”, ha dicho este martes el comisionado del INM, Tonatiuh Guillén, quien ha buscado quitar hierro al episodio, al defender el carácter cotidiano de este tipo de operaciones. “Lo hacemos todos los días. Son iniciativas de control migratorio”.
Pese al discurso de normalidad, esta detención masiva es la prueba más contundente hasta ahora del cambio de postura del Ejecutivo en la materia. En enero, las autoridades empezaron a conceder a los recién llegados visados humanitarios, un permiso renovable de un año que permitía a los migrantes trabajar en cualquier parte del país y acceder a los servicios sociales. La medida fue celebrada por las ONG como un avance respecto a la política de mano dura enarbolada por el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto para contener las caravanas en octubre pasado.
Sin embargo, la creciente presión del Gobierno de EE UU sobre México y la reciente amenaza de Donald Trump de cerrar la frontera si no se reduce el flujo migratorio, han obligado a un giro. La secretaria de Gobernación [ministra del Interior], Olga Sánchez Cordero, anunció a finales de marzo un “plan de contención” ante la escalada en el número de llegadas. Además, anunció que se limitaría la emisión de visas humanitarios, dando prioridad a las mujeres, los niños y las personas mayores de 65 años. En vez de las visas, el Gobierno ahora busca impulsar la llamada “tarjeta de visitante regional”, mucho más restringida: limita la movilidad de los migrantes a cuatro Estados del sur de México y les aleja, por tanto, de su objetivo de cruzar la frontera a EE UU.
La nueva política ha convertido al sur del país en un contenedor y desbordado la infraestructura de acogida. “Preferimos atender a la población de Centroamérica en el sur y sureste”, ha defendido este martes López Obrador.