CIUDAD DE MEXICO, 29 de abril (Agencias).- El diputado de MORENA, Pablo Gómez, aseguró que con la eliminación de la partida secreta en el Presupuesto de Egresos de la Federación “se acabaron no solamente las partidas secretas, sino las virtualmente secretas”, que dieron lugar a gastos injustificados de parte del gobierno.
“Algunas fueron partidas secretas, digamos, abiertamente establecidas que así fueron aprobadas en los Presupuestos, pero en otras ocasiones eran partidas secretas secretas, es decir, operadas en secreto absoluto”, explicó en entrevista y agregó que en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari la partida secreta creció hasta 190 millones de dólares.
El legislador señaló que según la Constitución vigente las partidas secretas deben ser asignadas a las Secretarías de Estado y ejercidas con la firma del presidente. Sin embargo, apuntó, esto no ocurrió en sexenios pasados y supuso una violación a la ley.
“No eran las secretarías, era la centralización presidencial que controlaba la partida secreta y repartía el dinero como quería y no había absolutamente ninguna limitación para esos gastos”, apuntó.
“No puede haber ningún gasto que se mantenga reservado, todo tiene que ser inspeccionado auditado, los entes públicos tienen que dar cuenta hasta del último centavo”, dijo Gómez, luego de que el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la minuta para prohibir el uso de una partida secreta en los presupuestos.
En el caso de Salinas, Gómez recordó que el hermano del expresidente, Raúl, fue acusado de haber manejado parte de la partida secreta y un juez declaró que no había obligación de rendir cuenta y justificar los gastos.
“Se cometió ahí una tropelía, al declarar que podía haber el gasto público sin necesidad de ser justificado”, consideró.
Recordó también que durante el sexenio de Ernesto Zedillo, el uso discrecional del dinero creció gracias al uso de la partida secreta.
“Los gastos discrecionales o alojados en el Ramo 23 llegaron a más de 2 mil millones de dólares”, dijo el diputado y explicó que desde este instrumento se ejercían los gastos “por órdenes presidenciales” sin que se trasladaran a los estados o a otras dependencias como supone esta política presupuestaria.
“Era dinero que no se sabía para qué iba a ser utilizado”, agregó.
Gómez advirtió que en caso de que se hubieran cometido delitos al desviar dinero de la partida secreta, estos ya prescribieron.
“Si no se puede castigar porque hayan prescrito los delitos, por lo menos que se conozcan”.
Además, señaló que otro impedimento para investigar a los expresidentes es la negativa de la oposición para aprobar la Ley de Consultas Populares, por lo que ve difícil que se pueda investigar el destino de los recursos erogados por la partida secreta.
“Tenemos una gran limitación con eso porque cuando se introdujo la consulta popular a la constitución el PAN puso muchísimos obstáculos, como estaba en el gobierno”, dijo.
Con 437 votos a favor, los diputados avalaron eliminar de la Constitución la facultad del presidente de la República de solicitar por escrito la asignación de recursos que no pueden ser justificados. La reforma pasará al Senado.
“La rendición de cuentas es uno de los pilares de un estado democrático”, señaló Gómez y aseguró que la lucha contra la corrupción no será sencilla.
“No es una lucha que sólo el presidente pueda dar. Necesita la ayuda del Congreso, de la ASF, de los congresos estatales, de los gobernadores, de todo el aparato público (…) Esa lucha se tiene que dar en primer lugar desde arriba porque desde abajo son puras denuncias que nadie quiere escuchar”, apuntó.
“El panorama demanda un esfuerzo extraordinario y vale la pena darlo con toda la fuerza no sólo por ser una promesa electoral, sino porque México lo necesita para poder abrirse campo en una redistribución del ingreso, en seguridad social nueva y desarrollada”, agregó Gómez.