En los primeros meses del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el tema de la violencia es uno de los que más cuestionamientos ha provocado. El clima de inseguridad persiste fuertemente y los actos de violencia en el país que se han suscitado en este periodo, colocan la exigencia de paz como una de las prioridades de la actual administración que apuesta por un cambio en la estrategia de seguridad.
De esto y de las acciones que se han emprendido en casi seis meses del sexenio para combatir la inseguridad habla Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la Cuarta Transformación.
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Ciudad de México, 13 de mayo (SinEmbargo).- Ante un “diagnóstico dramático” de violencia en el país , la implementación de un nuevo modelo de seguridad acumula exigencias de rapidez y garantía en su efectividad. Seis meses es el primer punto que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC ), Alfonso Durazo Montaño , se puso para poder comenzar a ver cambios en las tendencias de violencia .
En entrevista con SinEmbargo , el funcionario dijo que lo que el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo se han planteado “con toda responsabilidad dada la dimensión del problema” que en seis meses se modificará la tendencia creciente de los niveles de inseguridad en el país.
“Es decir, vamos a lograr un punto de inflexión en los seis meses, de tal manera que luego de eso empiecen a declinar los niveles de inseguridad y poderle ofrecer a la población niveles adecuados de paz y tranquilidad en el transcurso de los primeros tres años . Que la gente pueda salir a la calle sin la preocupación de ser asaltada o con la certeza de que no sufrirá ningún agravio”, explicó Alfonso Durazo .
El primer trimestre de 2019 fue el más violento de la historia, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con un incremento de 9.7 por ciento con respecto al mismo trimestre de 2018, al pasar de 6 mil 598 carpetas de investigación por homicidio doloso a 7 mil 242.
En enero de este año se registraron 2 mil 855 homicidios dolosos, en febrero 2 mil 802 y en marzo 2 mil 836; el promedio de personas asesinadas diariamente fue de 93. De acuerdo con el diagnóstico de Durazo Montaño, esta administración recibió un país “con una seguridad en ruinas, con niveles de violencia que no habíamos conocido en nuestro país desde la época de la Revolución”.
La solución que plantea la SSPC es, principalmente, la conformación de la Guardia Nacional y el combate a la delincuencia desde las causas que la generan. Sobre lo primero, el Secretario señaló que se está poniendo énfasis en hacer un reclutamiento y formación adecuadas.
Esta tarea estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de la Marina (Semar) y aclaró que se están aplicando exámenes de carácter psicológico, psicométrico, socioeconómico y el de confianza.
En este sentido, sobre la situación de las policías estatales y municipales añadió que “están realmente abandonados”. Dijo que se buscará capacitarlos, porque hay policías que no saben disparar un arma, mejorar las condiciones socioeconómicas porque hay policías que ganan 2 mil 490 pesos mensuales y combatir a fondo los niveles de corrupción y penetración criminal en los cuerpos municipales de seguridad.
–¿Cuál es el diagnóstico de la oficina que usted recibió hace cinco meses?
–Recibimos un país con una seguridad en ruinas, con niveles de violencia que no habíamos conocido en nuestro país desde la época de la Revolución y aquí no quiero eludir la responsabilidad que tenemos, simple y sencillamente tenemos un diagnóstico para que sepamos de dónde partimos. A partir de que nosotros asumimos al Gobierno, la responsabilidad de resolver esos niveles de inseguridad ya nos corresponde, eso no lo eludo, pero el diagnóstico es muy dramático. Decir que no hemos vivido niveles de violencia como los de la época de la Revolución. No en vano nuestro país ha sido ubicado entre los más altos niveles de inseguridad. No obstante esa tragedia, también puedo decirle a la gente que hay salidas, soluciones y que lo que estamos haciendo en este momento en torno a la iniciativa de crear la Guardia Nacional, vamos a poderle dar resultados y regresar la paz y la tranquilidad a los hogares mexicanos.
–¿Cuál es el elemento que más le sorprendió a su llegada?
–Los niveles de descoordinación en todas las instancias y los cuerpos de seguridad. Parte de lo que explica los niveles de inseguridad es, primeramente, la insuficiencia de los cuerpos de seguridad. La Policía Federal tiene 36 mil elementos, 16 más o menos dedicados a tareas administrativas y logísticas y 20 mil operativos. Con esa cantidad no se puede garantizar la seguridad de un país de más de 2 millones de kilómetros cuadrados y casi 130 millones de habitantes.
Para darnos una idea: si nos fuéramos por la proporción de Colombia, requeriríamos una policía de 360 mil elementos, cuando es un país con 180 mil policías y tiene menos de la mitad de la extinción territorial y menos de la mitad poblacional de México, pero tiene casi cinco veces más elementos de seguridad que nuestro país. Eso da idea de la dimensión del reto. El otro tema, además de la coordinación y la insuficiencia de los cuerpos de seguridad, son los altísimos niveles de corrupción en el aparato público en su conjunto y obviamente en los cuerpos de seguridad.
–Sobre la Guardia Nacional. Hay un elemento que causa desconfianza y es sobre la capacitación y el reclutamiento y los filtros de los elementos. ¿Cómo se hará, quién lo hará y cómo se garantizará una adecuada conformación de la Guardia?
–Primeramente, el reclutamiento en esta primera etapa, se va a realizar a través de Sedena y Marina, en virtud de que la capacidad instalada para capacitar a nuevos elementos, la tienen fundamentalmente estas instituciones. La Policía Federal solo tiene capacidad para capacitar a 3 mil 200 elementos al año y por supuesto que vamos a ocupar esas instalaciones, pero Sedena y Marina tienen capacidad para capacitar a 21 mil 170 elementos y en virtud de la necesidad que tenemos de construir con la mayor rapidez la Guardia Nacional para contar con elementos adicionales que nos permitan enfrentar al crimen, particularmente al crimen organizado, es que recurrimos a Sedena y a Marina para disponer de esa capacidad para capacitar.
La Sedena, la Marina y la PF tienen filtros que son exámenes de carácter psicológico, psicométrico, socioeconómico y por supuesto el examen de confianza. Todos los elementos de la Guardia Nacional tendrán que hacer, cuando menos, estas cuatro pruebas que ahorita menciono, mas alguna otra que se me haya escapado. El programa de entrenamiento lo diseñamos de manera conjunta la Secretaría de Gobernación, Sedena, Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con énfasis en la capacitación para la defensa de los derechos humanos. A ello se ha sumado un acuerdo que tenemos con la Alta Comisionada de la ONU para la defensa de los Derechos Humanos, de tal manera que la ONU también nos acompañará en el proceso de capacitación, de formación de los cuadros actuales y de los nuevos reclutas de la Guardia.
–¿Se le está poniendo énfasis al respeto a los derechos humanos? El Ejército arrastra muchas quejas.
–El 1 de diciembre hay un cambio y uno real. No somos lo mismo. La prueba es que en estos cuatro o cinco meses de Gobierno, no hemos recibido una sola recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ni el Ejército ni la Marina ni la Policía Federal. Y no digo que no vayamos a cometer errores porque en el uso de la fuerza estás expuesto a cometerlos. Lo que sí digo es que no vamos a tolerar absolutamente ningún abuso en el uso de la fuerza pública. No vamos a utilizar a los cuerpos de seguridad para reprimir jamás y eso lo saben todos los elementos. Uno de los rubros fundamentales de la capacitación junto al tema de los derechos humanos y la capacitación y el conocimiento del nuevo sistema de justicia penal, está el del uso de la fuerza, que están incapacitados para usar la fuerza de manera proporcional a la amenaza que enfrentan con el propósito de que no haya excesos ni abusos. Yo en ese aspecto estoy muy tranquilo porque creo que los elementos, tanto de las Fuerzas Armadas del Ejército, de la Marina y de la PF, cuando han incurrido en algún exceso, lo atribuyo a la responsabilidad de las instancias civiles, políticas, que tomaron la decisión de hacer un uso indebido o excesivo, abusivo de la fuerza pública. No vamos a caer en esos excesos. Es una de las definiciones políticas fundamentales del Presidente López Obrador.
–Sobre el Plan Mérida, el Gobierno de Trump y la Guardia Nacional.
–No habrá participación absolutamente de ningún gobierno. Está la Iniciativa Mérida que está por concluir, tiene una vigencia, si no mal recuerdo de 10 años.n Los fondos del Plan Mérida han sido utilizados históricamente para reforzar la capacidad armada, militar de los cuerpos de seguridad, la compra de aviones, de helicópteros artillados, torpedos… ¿qué tiene que ver eso con la seguridad pública? Absolutamente nada. ¿Para qué queremos un torpedo en la Secretaría de Seguridad o en los cuerpos de seguridad? ¿Cuándo los vamos a usar? Nunca. Entonces lo que yo planteo es que nuestro mayor interés en la colaboración internacional, lo ha planteado el Presidente, es la cooperación para impulsar el desarrollo de aquellas regiones donde la marginación, la desigualdad, el atraso económico, la falta de oportunidades, se convierte en un foco generador de violencia o en un foco expulsor de migrantes. Si queremos detener el problema de la migración que tenemos en el sur, debemos impulsar el programa de desarrollo regional. Lo que yo planteo es que preferiríamos que esos recursos se destinaran a impulsar un programa de desarrollo y no al reforzamiento del equipo militar de las instituciones de seguridad. En eso no tenemos ningún interés.
–Aunque ya no se hable de cárteles, ni sean nombrados por el Presidente incluso en sus conferencias. Sabemos que éstos siguen operando y surgen nuevos, como el Cártel de Santa Rosa. ¿Tienen ya un mapa actualizado y datos de si hubo un reacomodo de esos grupos?
–Tenemos un mapa muy preciso de la organización criminal en el país. El Gobierno tiene la inteligencia suficiente como para conocer la presencia y las actividades, las zonas de operación de las organizaciones criminales que existen en el país. Y es en función de esa información que estamos actuando.
–¿Cómo se han tomado las mantas que han sido colocadas en varios puntos del país con amenazas al Presidente?
–Son instrumentos de propaganda de un grupo o de otro que registramos como un acontecimiento más de los muchos que se dan en la vida nacional, pero que no tiene para nosotros una relevancia de fondo.
Nosotros tenemos nuestras propias fuentes de información y de inteligencia y a sus recomendaciones es que nos atenemos.
–Hablando de plazos. Sabemos que no es algo que se resuelva en medio año pero cuándo se podrá hablar de los resultados de su estrategia.
–Yo entiendo la preocupación de los periodistas por comprometer fechas precisas para que demos resultados, pero también hemos planteado que el problema de inseguridad que vive el país no se generó de un día para otro; el problema del huachicol no se generó de un día para otro, las complicidades que se requieren para construir una red de distribución de 138 mil barriles de combustible robados en un día.
Consecuentemente, la inseguridad tampoco se va a resolver de un día para otro. Lo que nosotros nos hemos planteado con toda responsabilidad, dada la dimensión del problema, es que en seis meses nos proponemos modificar la tendencia creciente de los niveles de inseguridad en el país. Es decir, vamos a lograr un punto de inflexión en los seis meses, de tal manera que luego de eso empiecen a declinar los niveles de inseguridad y poderle ofrecer a la población niveles adecuados de paz y tranquilidad en el transcurso de los primeros tres años. Que la gente pueda salir a la calle sin la preocupación de ser asaltada o con la certeza de que no sufrirá ningún agravio. Y destinar los tres años restantes del Gobierno del Presidente López Obrador, a consolidar los resultados de la estrategia de seguridad para entregar en 2024 un país en paz y tranquilidad.
–Sobre las policías de los estados que se abandonaron desde la época de Felipe Calderón. ¿Cómo se abordará ese problema?
–Los policías estatales están realmente abandonados. Nosotros estimamos que si no hacemos policía desde abajo, si no recuperamos a esos cuerpos de seguridad será muy difícil que nuestro país tenga niveles adecuados de seguridad. En primer lugar, los recursos que se tienen para apoyar a estados y municipios en materia de seguridad ahora sean destinados a 10 prioridades que han sido definidas de común acuerdo con los señores gobernadores y con las y los presidentes municipales. Lo primero es capacitarlos. Tenemos policías que usan armas y que en su vida han disparado un tiro, es decir, no han tenido la capacitación más elemental para hacer uso de un arma.
Dos, es la capacitación y profesionalización; tres, mejorar las condiciones socioeconómicas de los policías municipales, porque hay policías que ganan 2 mil 490 pesos mensuales. Obviamente con esos niveles de ingreso no se les puede exigir mucho Se tiene que combatir a fondo los niveles de corrupción, los altos niveles de corrupción y penetración criminal en los cuerpos municipales de seguridad. Tenemos que fortalecer la capacidad de los gobiernos estatales y municipales para recoger la información de inteligencia que generan los cuerpos municipales, los únicos que saben qué sucede realmente en una población. Saben quién, cómo, cuándo. Saben todo y esa información hay que recogerla para que se convierta en un elemento de la estrategia para combatir la inseguridad que se registra en esas poblaciones.
Hablamos en general de la necesidad de fortalecer los canales de inteligencia del Gobierno mexicano de tal manera que utilicemos más la información y la inteligencia que la fuerza; también establecer esfuerzos de coordinación entre la inteligencia financiera, entre otros instrumentos de un listado de 10 prioridades que se defendieron. La estadística sobre la indigencia criminal es razonablemente atinada. Aquellos estados en los que se percibe o sobre los que se informa que tienen mayor incidencia criminal, coincide con la realidad. Hay una parte del centro del país vinculada a diversas organizaciones criminales y al tema del huachicol en donde se concentra una buena parte de la incidencia criminal y por supuesto en algunos estados de la república en virtud de que son las rutas para el trasiego de droga hacia Estados Unidos.
–El Presidente no ha querido hablar en específico de este tema aunque se le ha preguntado directamente y lo pasa a tema general y es el tema de la violencia contra las mujeres y que evidentemente va creciendo. ¿Ya se tiene un plan para bajar estos índices?
–Es todo un tema y compartimos la preocupación con los gobiernos estatales y municipales y nos hemos propuesto que todas las acciones, absolutamente todas, tengan un componente de género, de tal manera que podamos reducir y controlar la violencia específica hacia a las mujeres, que es una de las expresiones de la violencia más agresivas, particularmente los feminicidios y la violencia sexual.
Por Daniela Barragán