SAN JOSE, Costa Rica., 7 de mayo (EL UNIVERSAL).- Al menos 133 migrantes ecuatorianos desaparecieron en la frontera entre México y Estados Unidos en las últimas semanas en su intento por ingresar a suelo estadounidense, denunció la organización “1800 Migrante” con sede en Ecuador, Nueva York y España.
El ecuatoriano William Murillo, vocero de la agrupación, aseguró a EL UNIVERSAL que están en búsqueda de sus connacionales, pero reconoció que tienen miedo porque no tienen pista de ellos.
“(Los familiares) tienen miedo de dar detalles, pero la desesperación y la angustia de no conocer datos sobre su ser querido, ha hecho que hagan pública su información y soliciten toda la ayuda posible para ubicarlos”, explicó el portavoz. De acuerdo con Murillo, las desapariciones ocurrieron en distintas fechas y lugares de la frontera norte de México.
“Hacemos un llamado a nombre de los familiares de los desaparecidos para que el gobierno ecuatoriano se pronuncie de forma categórica porque es evidente que esta crisis migratoria se está saliendo de control y es desesperante el silencio oficial”, afirmó.
Al respecto, la abogada ecuatoriana Andrea Ledesma, cofundadora de “1800 Migrante” instó a la población de su país a que si tiene un pariente desaparecido o secuestrado presente denuncia ante la Fiscalía General de Ecuador.
En abril pasado, el portavoz de la organización había denunciado que 11 ecuatorianos desaparecieron y cinco fueron secuestrados el día 13 por el cártel mexicano de Los Zetas.
En un hecho que está bajo investigación, “1800 Migrante” refirió que en esa ocasión el grupo criminal irrumpió violentamente cuando 17 personas ecuatorianas intentaban cruzar el Río Bravo a nado por la zona del puente internacional Colombia de Nuevo León, México, a Laredo, Estados Unidos y les pidieron una cuantiosa suma de dinero.
Avalan envío de migrantes. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos determinó este martes que la administración del presidente Donald Trump puede seguir aplicando la política con la que los solicitantes de asilo son enviados a México para que esperen la solución de sus casos.
El panel de jueces consideró que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) demostró que sufriría un daño irreparable si la política, conocida como “quedarse en México”, era suspendida porque “quita de la mesa una de las pocas medidas disponibles autorizadas por el Congreso para procesar a los alrededor de 2 mil migrantes que hoy en día están llegando diariamente a la frontera sur del país”.