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LOS ANGELES, California, 29 de junio.- La abogada Warren Binford Binford y un grupo de abogados denunciaron las condiciones carcelarias e insalubres en las que se hacinaban más de 300 menores de edad cuando visitaron una comisaría de la policía de fronteras en Clint, una barriada a las afueras de El Paso, a principios de la semana pasada.

Oficialmente, está preparado para 100 adultos. Sus informes y las entrevistas con decenas de niños inmigrantes están puestos por escrito ante un juez. Los niños les contaron que pasaban semanas sin lavarse los dientes o sin ducharse, que no había sitio para dormir ni ropa para cambiarse. Oyeron relatos de madres obligadas a dormir sobre el suelo con sus bebés. Váteres atascados en medio de las celdas. Un olor nauseabundo en general.

Según el presidente Donald Trump y los servicios fronterizos, esta situación se produce porque el sistema migratorio está colapsado. Los números globales están muy lejos de los récords históricos (en el año 2000 hubo 1,6 millones de detenciones), pero se han disparado las llegadas este año respecto a los cuatro anteriores.

El pasado año fiscal fueron detenidas 521.000 personas en la frontera. Este año van por 593.000 y aún faltan cuatro meses para cerrar el cómputo. La mayoría son familias con niños, a las que tiene que procesar un sistema básicamente carcelario y pensado para detener hombres solos.

Legalmente, los niños deben estar en condiciones seguras y salubres y deben ser entregados a los servicios sociales lo antes posible, normalmente en 72 horas, para irse con familias de acogida o con sus familiares en EE UU. El incumplimiento es flagrante. Las abogadas entrevistaron a decenas de niños sucios, aterrorizados, separados de sus familias y que llevaban hasta tres semanas detenidos a pesar de tener familiares localizados en el país.

“La crueldad es intencionada, es la política del Gobierno”, afirma la abogada Elora Mukhejee. “Los niños me decían que tenían constantemente miedo de los guardias. Vieron a uno llevarse a un niño agarrándolo por la cabeza. Estaban aterrorizados de oírles gritar en inglés”. Binford apunta que “las comisarías de la frontera siempre han sido horribles. Lo especial de esta es que había cientos de niños. Eso no lo habíamos visto nunca. Las edades eran impactantes”. Las abogadas describieron en el juzgado a bebés manchados y sin ropa para cambiarse, duchas cada cinco días, niños traumatizados por la separación que llevaban la misma ropa durante tres semanas, decían tener hambre y frío, no se podían lavar los dientes ni usar jabón.

Las abogadas Warren Binford, de Oregón, y Elora Mukherjee, de Nueva York, llevan más de una década especializadas en inmigración. Han visto todo tipo de centros de detención. Han visto cambiar el perfil de inmigrante progresivamente desde que empezaron a llegar niños solos en 2014. “El problema no es el número de inmigrantes”, afirma Binford a EL PAÍS por teléfono, “lo que está generando esas condiciones es la mala gestión de la Administración”.

Binford afirma que el principio de los problemas del Departamento de Vivienda y Servicios Sociales para procesar en tiempo y forma a los niños viene de la acumulación de casos creada en esos meses. La consecuencia es un sistema colapsado con niños que podrían estar con sus familias. “Es una crisis inventada. No necesitamos infraestructura para niños que tienen familia. Los están traumatizando detenidos. Es todo para justificar el gasto en seguridad”.