CIUDAD DE MEXICO, 7 de junio (SinEmbargo).- Veinticinco personas, físicas o morales, son investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por presunto lavado de dinero al interior de un programa gubernamental de ayuda alimentaria para Venezuela.
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, dijo en una entrevista citada por Bloomberg que interpuso denuncias penales en laFiscalía General de la República (FGR) contra 25 empresas y personas por probable lavado de dinero con envíos de alimentos de baja calidad y alto precio a Venezuela en el programa conocido como CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción).
Las denuncias estuvieron distribuidas en tres acusaciones, pero el funcionario federal no reveló más información sobre esta investigación.
México ha acusado que diversas compañías, que participan del CLAP, han utilizado sus puertos para enviar alimentos de baja calidad a Venezuela, además de que estas elevaron el precio de los productos en más de 100 por ciento antes de comercializarlos entre la población, de acuerdo con Bloomberg.
La nota del medio especializado en economía destacó que desde octubre pasado la FGR anunció la imposición de una multa de 3 millones de dólares a las empresas que mandan alimentos al país latinoamericano, con el fin de resolver las denuncias por el incremento de precios.
El monto debía ser pagado a la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR) y aunque en el momento del acuerdo Alonso Israel Lira, titular de la dependencia internacional, dio a conocer los nombres de quienes estaban implicados, al menos 5 personas, estos están bajo resguardo por orden judicial
Los alimentos enviados a la ciudad de La Guaira, en Venezuela, han salido desde el puerto de Veracruz desde abril, de acuerdo con los documentos de envío que Bloomberg citó y, aunque una gran parte de los alimentos exportados proceden de las mismas empresas ya sancionadas, no se ha resuelto si éstas están implicadas en las denuncias de Nieto, ni si alguna de las empresas ahora involucradas estuvo en el acuerdo anterior con la ACNUR.