Los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto y el Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, estarían involucrados en el caso de la Caja Libertad Servicios Financieros, que tiene hoy al abogado Juan Collado en prisión, de acuerdo con el diario Reforma . La Fiscalía General de la República detuvo este martes por lavado de dinero a Collado, quien fue abogado de Raúl Salinas de Gortari y concretó el divorcio de Peña Nieto.
–Información en desarrollo
Ciudad de México, 10 de julio (SinEmbargo).– El empresario Sergio Hugo Bustamente Figueroa , quien presentó la denuncia que hoy tiene en la cárcel al abogado Juan Collado , aseguró que los verdaderos propietarios de la Caja Libertad Servicios Financieros son los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto , además del Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, según información de medios que estuvieron presentes en la audiencia.
La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo este martes por lavado de dinero a Juan Collado, quien fue abogado de Raúl Salinas de Gortari y concretó el divorcio del ex Presidente Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con información de la prensa nacional sobre las constancias de la audiencia inicial llevada a cabo desde la noche de ayer y la madrugada de este miércoles en el área de juzgados federales con sede en el Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, el empresario Sergio Hugo Bustamente denunció que Collado participó en una red de empresarios que fingían la adquisición legal de inmuebles y posteriormente distribuían los recursos obtenidos a través de cuentas personales.
También precisó que la Caja Libertad financió con más de 100 millones de pesos la campaña del Gobernador queretano.
La denuncia de Sergio Hugo Bustamente, propietario de un terreno que se localiza en el estado de Querétaro, se convirtió en un caso que involucró a Collado Mocelo, al llamado “Rey de los Casinos” Javier Rodríguez Borgio y al ex presidente de Caja Libertad —acusado de fraude en 2010–, José Antonio Rico Ricos.
El diario Reforma da más detalles de la comparecencia ocurrida el pasado 10 de junio ante la Fiscalía General de la República (FGR):
“Tuve conocimiento por diversos conductos (llamadas telefónicas y mensajes personales) que (textual) no le buscara tres pies al gato dado que, atrás de Rico Rico y Collado estaba gente muy pesada que, en realidad eran los verdaderos propietarios de Libertad Servicios Financieros, refiriéndose en particular y mencionándolos por su nombre a Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Francisco Domínguez Servién, Mauricio Kuri (líder de la bancada panista en el Senado), sorpresivamente miembro del Consejo de Libertad Servicios Financieros”.
El empresario denunciante, según Reforma , afirma que Jesús Beltrán González, cuando fungía como director General de Libertad Servicios Financieros, le corroboró que los verdaderos dueños de la sociedad financiera popular eran los políticos y el casinero Rodríguez Borgio.
Sin embargo, dijo no contar con más pruebas que impliquen a los ex presidentes priistas y al Gobernador de Querétaro.
Hasta el momento la Fiscalía General no tiene denuncias en contra de los políticos.
En la detención de Collado, el día de ayer, la Fiscalía informó que agentes de la institución cumplimentaron en la Ciudad de México una orden de aprehensión en su contra “por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
Peña Nieto y el líder del sindicato petrolero de México, Carlos Romero Deschamps fueron vistos en la mesa del abogado durante la boda de la hija de éste celebrada en mayo pasado.
La Fiscalía indicó que el Ministerio Público Federal solicitó y obtuvo del Juez, con sede en el Reclusorio Preventivo Norte de la Ciudad de México, el mandamiento que fue ejecutado por policías federales ministeriales.
Apuntó que el abogado fue detenido en la Alcaldía Miguel Hidalgo con pleno respeto a sus derechos humanos, sin uso de violencia ni afectación a terceros, para ser puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requirió.