El juez indicó que el próximo 16 de julio se realizará la audiencia donde se determinará si se le concede o no la suspensión definitiva. Como el delito que se le imputa no está tipificado como grave, no amerita prisión preventiva oficiosa, por lo que Canales continuará con su proceso en libertad.
En 2012, Paula Cusi interpuso la denuncia contra Canales porque no le entregó dinero que Emilio Azcárraga Jean debía darle como compensación. El presunto fraude, realizado junto con su ex socio, fue por 6 millones de dólares, mientras se desempeñaban como abogados de la viuda.
Ciudad de México, 10 de julio (SinEmbargo).- Un juez federal frenó de manera provisional la orden de aprehensión en contra de Ernesto Canales Santos, ex Subprocurador Anticorrupción de Nuevo León, la cual fue girada hace dos días por su presunta responsabilidad en el delito de administración fraudulenta , en agravio de Paula Cusi , viuda del empresario Emilio Azcárraga Milmo.
De acuerdo con medios nacionales, el juez Décimo Catorce de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, concedió la suspensión provisional a Santos contra la orden librada por un juez de control del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
El juez fijó al ex funcionario una garantía de 3 mil pesos. Además indicó que el próximo 16 de julio se realizará la audiencia donde se determinará si se le concede o no la suspensión definitiva.
Como el delito que se le imputa no está tipificado como grave, no amerita prisión preventiva oficiosa, por lo que Canales continuará con su proceso en libertad.
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La orden judicial fue girada por el juez Vigésimo Cuarto Penal, donde se ordena la captura de César Gerardo Francisco García Méndez, ex socio de Canales y que fue liberada el pasado 24 de junio.
En 2012, Paula Cusi i
nterpuso la denuncia contra Ernesto Canales
porque no le entregó dinero que Emilio Azcárraga Jean debía darle como compensación. El presunto fraude realizado por el ex procurador y su ex socio fue por 6 millones de dólares, mientras se desempeñaban como abogados de la viuda .
Canales fue el primer Fiscal mexicano especializado en perseguir los delitos de corrupción en Nuevo León. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México, con estudios de maestría en Derecho Comparado por la Universidad de Columbia en Nueva York y de Administración y Finanzas en Stanford University, Texas University y Tecnológico de Monterrey.
Ha sido abogado postulante por más de 50 años, lo que le ha permitido llevar asuntos de negocios y litigios importantes; miembro de los consejos de administración de grandes empresas, y árbitro en controversias internacionales. Además, ha formado parte de múltiples organizaciones civiles y académicas sin fines de lucro, y participó activamente en el cambio del Sistema de Justicia Penal en México, del escrito al oral, habiendo producido el documental Presunto culpable, pieza clave en el proceso de cambio. En noviembre del 2016 fue designado Fiscal anticorrupción para Nuevo León, el primer cargo de ese tipo en el país.
En ¿Cómo nos arreglamos? Testimonio del primer Fiscal anticorrupción de México
, su libro, Canales Santos narró cómo pasó de ser un exitoso abogado a convertirse en el primer Fiscal mexicano especializado, así como los retos que enfrentó durante los dos años que cumplió ese papel en la entidad norteña y los logros históricos que su trabajo legó en la administración pública del país. Hoy lo buscan.
En el texto, denunció a los principales operadores criminales del sistema desde las cúpulas políticas, y ofreció la relación detallada de sus procedimientos, develando los obstáculos que se han creado para sostener el sistema de impunidad y corrupción hasta la fecha. Porque su gestión no contó con el apoyo de la sociedad civil y, por encima de todo, no estuvo exenta de intimidaciones, trabas y la poca participación de los funcionarios, factores que impidieron constantemente su labor, según él.
Canales Santos se propuso llevar al ex Gobernador de Nuevo León, el priista Rodrigo Medina de la Cruz, a la cárcel. El ex mandatario neoleonés dejó el poder y fue vinculado a un proceso legal en su contra por peculado, delitos patrimoniales, ejercicio indebido del servicio público y abuso de funcione, junto con otros 14 servidores públicos más e incluso familiares y socios.