CIUDAD DE MEXICO, 14 de julio (La Política Online).- El escándalo por los manejos indebidos de recursos en la administración del negocio Oro Negro por parte de Gonzalo Gil White y José Antonio Cañedo White está afectando no sólo a sus inversionistas extranjeros, sino también a los ahorros de los trabajadores mexicanos. Ocurre que la Afore del CitiBanamex y Sura invirtieron 500 millones de dólares en la empresa de servicios petroleros, que semanas atrás se declaró en bancarrota.
La operación se realizó a través de Certificados de Capital de Desarrollo (CKD) emitidos por Axis Capital, fundada por Gonzalo Gil White, que fueron adquiridos por las Afores. Convirtieron así a Oro Negro en una empresa con una participación que corresponde en un 66.7% a los trabajadores mexicanos a través de sus pensiones.
Ahora, Banamex, en su calidad de fiduciaria accionista de Oro Negro -es titular del 49.36% de las acciones que representan el capital social de dicha empresa- compareció al concurso mercantil, para solicitar la “tutela judicial a sus intereses” una vez que se confirme la posible comisión de “actos dolosos o de mala fe, o bien, ilícitos conforme a la legislación concursal en cita, en perjuicio no sólo del accionista reclamante sino también de la Masa.”
Esta acción que ejerció Banamex se fundamenta en disposiciones de la Ley de Concursos Mercantiles introducidas en el 2014 bajo el título “Responsabilidad de los Administradores” para sancionar, precisamente, aquellos actos ilícitos realizados por miembros del Consejo de Administración, así como por los empleados relevantes de Oro Negro.
En este sentido, los miembros del consejo de administración que tendrían que responder por las disposiciones indebidas realizadas en perjuicio de los trabajadores mexicanos son José Antonio Cañedo White, como presidente del consejo, además de Gonzalo Gil White y Carlos Enrique Williamson Nasi, como miembros del mismo.
Una larga historia
La familia del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, se encuentra involucrada directamente en al menos dos de las operaciones financieras más cuestionables de los últimos años. Negocios que involucran a PEMEX y que comprometieron el patrimonio de miles de mexicanos. La primera es Oro Negro, la empresa fundada por su hijo Gonzalo Gil White y su sobrino José Antonio Cañedo White.
Ya desde el 2013, Gil Díaz venía cabildeado la exoneración de su sobrino Martín Díaz Álvarez por su presunta complicidad con Armando Yañez en el caso Oceanografía. Se trata de dos operaciones financieras en apariencia fraudulentas que tienen en común a un aparente incondicional de la familia de Gil Díaz: Carlos Morales Gil.
En última instancia, indirectamente, también a la institución Banamex. En el 2013, Oro Negro obtendría una inyección de capital del orden de los 200 millones de dólares provenientes de un fideicomiso de inversión provisto por Axis Capital Management con fondos de Capital de Desarrollo suscrito por Afores, específicamente Sura y Citibanamex. A partir de ese momento, las Afores se convertirían la accionista mayoritaria de Oro Negro, llegando a alcanzar el 47% de las acciones de esta empresa.
A inicios del 2014, Oro Negro firmaba el último de sus cuatro contratos sin licitación otorgados por Carlos Morales Gil, director general de Pemex Exploración y Producción (PEP) quien a lo largo de 9 meses -desde el 23 de abril del 2013 al 27 de enero del 2014-, dejarían a la empresa de Gonzalo Gil White la cantidad de 12 mil millones de pesos por concepto de renta de plataformas petroleras.
Lo más significativo en este punto es que la misma operación discrecional de Carlos Morales Gil en favor de Oro Negro se realizó con la empresa Oceanografía, empresa de Armando Yáñez, socio de Martín Díaz Álvarez, entonces director de la Caja de Ahorro Libertad y también sobrino de Francisco Gil Díaz.
Las operaciones de la familia de Francisco Gil Díaz, sin embargo, de facto cierran un ciclo ese año 2014, lo que les obligará a comenzar a “limpiar su rastro”. El entonces director de PEMEX, Emilio Lozoya Austin, uno de los hombres más cercanos a Enrique Peña Nieto, le solicitaba la renuncia a Morales Gil, quien salió de la dirección general de PEP el 7 de febrero.
Por su parte, Martín Díaz Álvarez renunciaba el 1 de marzo a su cargo como presidente del Consejo de Administración de la caja de ahorro Libertad Servicios Financieros en favor de Carlos Septién Michel.
Recientemente las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía General en torno al abogado Juan Collado, revelan que ese año, el 2014, la empresa Oceanografía (Osa) defraudaba a Banamex con más de 5 mil millones de pesos a Banamex, detallándose además que Caja Libertad habría servido -presuntamente- para lavar el dinero de Martín Díaz Álvarez, identificado ahora como socio y prestanombres de Amado Yáñez Osuna, propietario de la naviera.