Se derrumba un sueño

CIUDAD DE MEXICO, 23 de julio (SinEmbargo).- Una migrante guatemalteca y su hijo, menor de edad, son los nuevos protagonistas de la crisis migratoria que se vive en la frontera entre México y Estados Unidos.

Una fotografía de José Luis González para la agencia Reuters muestra la escena, que ocurrió en Ciudad Juárez el pasado 22 de julio.

En la imagen, Lety, como se identificó a la migrante, aparece llorando, le pide a los agentes de la Guardia Nacional que le permitan cruzar a Estados Unidos, ellos se niegan. El acuerdo con el Gobierno de Donald Trump es evitar que más personas ingresen a territorio estadounidense.

Lety es una de las decenas de migrantes provenientes de Centroamérica, específicamente de Guatemala, que intentaron llegaron a Estados Unidos en busca de una nueva vida. Una mejor. Sin embargo, como muestra la imagen, elementos de la Guardia nacional de México se lo impidieron.

La administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha desplegado a miles de elementos de esta nueva corporación policiaca en la frontera con Estados Unidos, también en el sur de México, como parte del acuerdo para controlar el flujo migratorio.

Arturo Sarukhan, ex Embajador de México ante Estados Unidos, compartió en su cuenta de Twitter la fotografía, y comentó: “En Ciudad Juárez, #Mexico , ayer, la migrante guatemalteca Lety Pérez abraza a su hijo Anthony mientras reza para que un miembro de la Guardia Nacional de México les permita cruzar a los Estados Unidos”.

CIDH acusa violaciones a DDHH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó este martes sobre la crisis migratoria que se vive en Estados Unidos, México y Centroamérica. “En especial por las recientes políticas y medidas adoptadas por los Estados en materia de migración y asilo; la securitización, militarización y externalización de las fronteras; así como la criminalización de defensores de derechos humanos de personas migrantes y refugiadas”.

El organismo internacional destacó que los gobiernos de Estados Unidos, México y países de Centroamérica, deben hacer lo necesario para garantizar el respeto a los Derechos Humanos de personas migrantes y en condición de refugiadas, así como de sus defensores.