Cancelar plurinominales, recorte a recursos de partidos y nuevos candados serán los temas centrales del próximo período legislativo
CIUDAD DE MEXICO, 3 de julio (La Política Online).- Esta semana Andrés Manuel López Obrador le pidió a Julio Scherer, consejero jurídico de la Presidencia, que comience con la redacción del proyecto que apunta a concebir una profunda reforma política y electoral. Según se pudo conocer, la instrucción presidencial viene acompañada de cierta dosis de urgencia, con el mandato de que sea el tema central del próximo período legislativo.
La elección de Scherer para tal fin es entendible: su relación con jueces del Trife, sus nexos con figuras del PRI y del PAN y su acceso irrestricto al entorno presidencial lo vuelven un alfil necesario para una reforma que AMLO dibuja en privado como el proceso inverso a la reforma laboral: esta última dispersa poder y da altísimas posibilidades de crear nuevos gremios mientras que la reforma política tenderá a concentrar los actores de poder.
Esto último debiera considerarse hacia el interior del oficialismo: el presidente no quiere una explosión de partidos políticos. Esa advertencia recorre el amplio espinel del poder moreno, desde Elba Esther Gordillo (promotora de las Redes Sociales Progresistas) hasta el ex chofer presidencial Nicolás Moliendo, que por estos días recorre el país en busca de avales para crear un partido ambientalista real, al estilo europeo, que nada tenga que ver con el Verde.
Esta será una de las aristas más importantes de la reforma que viene: se van a endurecer los candados para crear nuevos institutos. Por estas horas Scherer explora el cómo, pero podría ser desde una mayor demanda de firmas hasta una dispersión geográfica más considerable.
Con este giro AMLO quiere contener eminentemente a dos clases de figuras que hoy por hoy viven dentro de la 4T: en primer lugar aquellos que queden disconformes con la renovación de autoridades de MORENA a nivel nacional y estatal (que llegará en el otoño) y en segundo aquellos quienes, con sentido de la oportunidad, se alejen del oficialismo si hubiera una caída en la imagen y la intención de voto.
La reforma encierra otras dos cuestiones arquitectónicas bajo el slogan de la austeridad: la quita de recursos a los partidos y el final de la figura de los pluris. Sobre lo primero, fiel a su estilo, el presidente enviará a diversos voceros en los próximos meses a decir que los partidos debieran tener financiamiento 100% privado, cuando la oposición a esta tesis se dispare y surjan advertencias sobre el rol de los grupos del Crimen Organizado en el sistema de partidos, el presidente terminará en el intermedio que pretende desde ahora: un recorte que vaya del 50 al 60%.
Este 2019 el INE asignará a los partidos una suma que ronda los 4500 millones de pesos.
Según explican en Palacio Nacional, al presidente le gusta particularmente el sistema de la reforma de 1986, que impulsó Miguel De la Madrid.
Consistía básicamente en que al finalizar la elección, los partidos hacían un rendimiento de costos de actividades ordinarias y luego, tras pasar cierto control, se les reembolsaba el dinero.
El final de los pluris es un tema mucho más instalado en la agenda y en las conversaciones del círculo rojo. Cuando Enrique Peña Nieto hizo su reforma política el tema estuvo sobre la mesa pero, según participes de esas conversaciones, un pedido de los gobernadores tricolores contrarrestó la intención de eliminarlos, que era impulsada por Luis Videgaray para achicar el gasto legislativo. Para el entonces secretario de Hacienda, los pluris eran el reducto de quienes nunca podrían ganar una elección por el voto popular. AMLO piensa lo mismo. Los extremos siempre se terminan encontrado.
El punto más delicado de la reforma es que el presidente quiere un cambio profundo en el INE. No se trata tanto del funcionamiento o de lo que cuesta: quiere la salida de su actual conducción, concretamente de Lorenzo Córdoba a quien identifica plenamente con la oposición y, en cierta medida, con Carlos Slim.