Quieren extenderla a cónyuges y dependientes; de aprobarse, se aplicaría antes de fin de año
En el interior del Sistema Nacional Anticorrupción se perfila endurecer las declaraciones fiscal, de situación patrimonial y de intereses, mejor conocida como 3de3, para funcionarios desde jefe de departamento hasta secretarios de Estado, que se extenderá a cónyuges y dependientes económicos.
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La propuesta, elaborada por un grupo de expertos de la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Inai, el Comité de Participación Ciudadana y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, será presentada hoy al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción para su eventual aprobación.
Según la ley, para ser aprobada necesita mayoría simple de sus siete integrantes, esto quiere decir cuatro votos. En caso de avalarse tendría que entrar en funcionamiento antes de que termine el año para realizar las adecuaciones necesarias a la plataforma DeclaraNet de la Secretaría de la Función Pública, adonde se sube la declaración 3de3.
El modelo también se tendría que replicar en los estados. La propuesta plantea que los servidores públicos de primer nivel y ahora también sus parejas y dependientes económicos tendrán que declarar de manera detallada cuáles son sus empresas e inversiones, qué instituciones les dan o han dado dinero o de quiénes han recibido beneficios, y sobre la adquisición o disfrute de bienes inmuebles propios o en comodato.
Los funcionarios deberán indicar quiénes son sus clientes principales y a qué personas o empresas han representado legalmente. EL UNIVERSAL tuvo acceso a la propuesta para modificar las normas e instructivo para el llenado y presentación del formato de declaraciones de situación patrimonial y de intereses.
Quienes tengan un nivel jerárquico inferior sólo tendrán que declarar seis rubros, entre ellos ingresos netos y si se desempeñaron como servidores públicos el año anterior.
En este nuevo formato, los altos funcionarios y sus familias tendrán que transparentar en qué empresas del sector privado han trabajado o si han trabajado en el sector público; anteriormente, sólo el declarante tenía que especificar su experiencia laboral en el gobierno. Además, de avalarse, será necesario detallar los ingresos mensuales del funcionario, su pareja y sus dependientes económicos, por separado y en conjunto.
Deberán especificar qué cantidad de dinero reciben por sus actividades laborales o negocios, instrumentos financieros, como fondos de inversión, y por servicios profesionales, consejos, consultorías o asesorías, así como el tipo de servicio que se otorga, qué participación tiene en los consejos o consultorías y a qué empresas les brinda servicio.
Lo mismo con los bienes de su propiedad, tanto en el caso de inmuebles, como casas o terrenos, y bienes muebles. Si tienen inmuebles en el extranjero, tendrán que dar a conocer la dirección. También tendrán que declarar todos los bienes de un tercero que disfruten en comodato o préstamo, independientemente del monto; sus inversiones, cuentas bancarias y deudas, así como los bienes que hayan vendido. Tendrán que detallar y transparentar también si son beneficiarios de programas públicos y si son propietarios o tienen participación en alguna empresa, sociedad, negocio o actividad lucrativa.
Tendrán que especificar si en los últimos dos años han recibido contribuciones de algún ente público: monetarias o bienes, servicios o beneficios de naturaleza diferente al dinero. Los funcionarios deberán detallar si representan o han representado a alguna persona física o moral en los últimos dos años, cuál es el ingreso que perciben por ello y cuánto tiempo han tenido este encargo.
En caso de tener empresas, deberán señalar a sus clientes principales, siempre y cuando la ganancia que les reporte supere las 250 unidades de medida y actualización, que equivale unos 21 mil pesos. En el caso de pertenecer a un fideicomiso, se deberá especificar el tipo, cuál es su participación y el sector productivo al que pertenece el instrumento financiero.
“Toda la información contenida en las declaraciones será visible a través del sistema”, señala el documento; sin embargo, no será susceptible de publicidad y se considerará como información clasificada datos como los nombres de sus clientes, beneficiarios y representados si son personas físicas, por ejemplo. Los Comités de Transparencia de cada dependencia deberán clasificar la información de las declaraciones como reservada “cuando su publicidad ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona”.
Esta información se sumará a la que ya se incluía en las declaraciones de impuestos previas sobre si poseen propiedades, cuánto valen y cómo las adquirieron; cuáles son sus inversiones, de cuánto son y cuánto dinero tienen en sus cuentas bancarias, así como sus deudas y si tienen bienes en préstamo o comodato.
Las áreas de recursos humanos de las dependencias y secretarías de Estado tendrán la obligación de identificar a los funcionarios a quienes les sea exigible la presentación de declaraciones. Las normas establecen sanciones para los que incumplan con la presentación de los documentos. (El Universal)