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Rosario Robles, extitular de dos secretarías de Estado en el sexenio de Peña Nieto, acusada de corrupción, fue detenida y enviada a Santa Martha Acatitla; se quedará allí dos meses

CIUDAD DE MEXICO, 13 de agosto (Notimex/AFP y AP).- Rosario Robles Berlanga, exdirigente partidista, exjefa de gobierno de la Ciudad de México y titular de dos secretarías de Estado en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, dormirá hoy en el reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla, en el oriente de la capital, acusada de corrupción por el desvío de más de 300 millones de dólares de recursos públicos.

La exministra de los despachos de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario durante el gobierno de Peña Nieto fue detenida al término de una audiencia de 12 horas ante un juez, quien ordenó su prisión preventiva.

“Desafortunadamente el juez le dictó una prisión preventiva por dos meses, es el tiempo que tenemos para aportar nuevos datos de prueba a la investigación”, dijo Xavier Olea, defensa de Robles, en declaraciones a la prensa.

La defensa de la exfuncionaria aseguró que se trata de una persecución política contra su clienta y que cuenta con todos los recursos necesarios para demostrar la inocencia de la exministra.

“Creo que la justicia nos ha fallado”, dijo el abogado, quien confirmó que Robles ya fue trasladada al penal de Santa Martha Acatitla, al oriente de la capital mexicana.

El desvío de 5,875 millones de pesos (unos 300 millones de dólares) conocido como “La Estafa Maestra” fue revelado mediante una premiada investigación periodística publicada en septiembre de 2017, y supuso otro golpe a la administración de Peña Nieto, manchada ya entonces por grandes escándalos de corrupción.

Según investigaciones de la fiscalía y de la Auditoría Superior de la Federación, el esquema de corrupción implicaría a más de una decena de dependencias federales, entre ellas los dos ministerios donde sirvió Robles, a través de la simulación de contratos con instituciones educativas.

La Fiscalía de México afirmó que Robles sabía que en ambas dependencias funcionarios a su cargo cometían irregularidades en la contratación directa de entes públicos, pero que no hizo nada para evitarlo ni lo informó al expresidente Peña Nieto.

La otrora poderosa funcionaria local y federal llegó ayer a los juzgados del Reclusorio Sur, vestida de blanco, para evitar su vinculación a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Sin embargo, 12 horas después aún no salía de ahí, hasta que con la misma vestimenta blanca fue traslada a Santa Martha, vinculada a proceso por la omisión de informar sobre las irregularidades detectadas cuando estuvo al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol), y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Atrás quedó su personal de seguridad con el que arribó a las 17:16 horas a los juzgados ubicados en la alcaldía Xochimilco en esta capital, y donde aseguró que daba la cara, con “las faldas bien puestas, tomando al toro por los cuernos”.

Las primeras horas de este martes, Robles Berlanga pidió “con humildad” al juez de control que le permitiera seguir su proceso en libertad, y con voz entrecortada defendió su inocencia.

Fue una audiencia maratónica que inició a las 18:45 horas de ayer lunes y que cubrieron decenas de medios de comunicación, y en la que la defensa presentó 32 datos de prueba.

Entre ellas, la que el juez de control denominó como una “joya”, con la cual revela que el excandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade Kuribreña, tuvo conocimiento de las irregularidades que observó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Sedesol.

En las diligencias, los abogados también señalaron que su defendida informó al entonces presidente Enrique Peña Nieto sobre las irregularidades detectadas, a través del teléfono rojo y en reuniones de gabinete.

Durante casi cinco horas, la defensa de Rosario Robles presentó sus datos de prueba, entre ellos declaraciones y oficios, mismos que fueron descalificados por la ASF y la Fiscalía General de la República (FGR).

En la audiencia, que concluyó a las 06:37 horas de este martes, el juez determinó que la Fiscalía ofreció pruebas suficientes para demostrar que Robles Berlanga conoció de las irregularidades cometidas en ambas dependencias y fue omisa, porque no hizo nada para detenerlas ni informó al presidente de la República.

El impartidor de justicia consideró también que los funcionarios a su cargo que incurrieron en irregularidades con los contratos con universidades habían sido los mismos en ambas dependencias que ella encabezó en la administración federal pasada.

Según la fiscalía, habría tenido pleno conocimiento de las irregularidades desde junio de 2014 pero no las denunció, lo que afectó los intereses y el patrimonio de las dos secretarías de las que fue titular y ocasionó daños a las arcas públicas que la fiscalía cifra en 260 millones de dólares.

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El juez también solicitó a la Fiscalía General que precise e investigue cómo Robles informaba al presidente Peña Nieto lo que ocurría en sus departamentos, explicó a la AP un miembro del Poder Judicial que pidió el anonimato por no tener autorización para hacer declaraciones. El objetivo sería clarificar si el mandatario pudo o no tener conocimiento de las irregularidades.

La justicia mexicana también busca a otro exfuncionario del gobierno de Peña Nieto, Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) y quien se presume podría estar fuera de México.

Robles y Lozoya son los primeros exfuncionarios de alto nivel que son investigados por el gobierno de López Obrador, quien asumió la presidencia con el compromiso de erradicar la corrupción en México.

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