CIUDAD DE MEXICO, 19 de agosto (SinEmbargo).- Los abogados que defienden a Rosario Robles Berlanga, actualmente presa en el penal de Santa Martha Acatitlapor el delito de ejercicio indebido del servicio público, presentaron hoy ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) una queja en contra del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien dictó prisión preventiva contra la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el sexenio del ex Presidente Enrique Peña Nieto.
El juez es sobrino de Dolores Padierna, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
“Con respecto a las versiones periodísticas relacionadas con el Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna aclaro que él es hijo de mi hermana Guadalupe. Que los casos que le han correspondido atender le han sido asignados al azar”, escribió Dolores Padierna en su cuenta de Twitter.
Felipe de Jesús Delgadillo Padierna “es un funcionario honesto quien llegó a su cargo por méritos propios. Tiene una carrera limpia y como se ha demostrado en otros casos no recibe ni acepta consignas. Él únicamente es un juez de vinculación a proceso pero no le corresponde juzgar ni sentenciar a los imputados”, expuso.
“En lo que se refiere a lo personal, respetamos nuestros ámbitos de trabajo. No mezclamos asuntos”, agregó, y consideró que no debe ser juzgado por sus apellidos; “se le debe valorar por su trabajo”, opinó.
El pasado 15 de agosto, la defensa legal de Rosario Robles anunció que presentaría una queja ante el CJF en contra de Delgadillo Padierna por violar los derechos de la ex Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), pues consideró que se le dictó prisión preventiva de forma ilegal porque el delito por el que se le investiga (ejercicio ilícito de servicio público) no amerita la medida.
A través de un comunicado, los abogados de la ex funcionaria aseguraron que “en breve” presentarían dicha queja.
Los despachos Hernández Barros y Oléa acusaron que el juez de control resolvió “indebidamente” al dictar prisión preventiva contra su clienta, pues, dijeron, lo hizo atendiendo a “razonamientos políticos y meramente “personales”.
“Su actuar resulta contrario a nuestra Carta Magna, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a los Tratados Internacionales firmados y ratificados por nuestro país en Materia de Derechos Humanos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”, expusieron.