CIUDAD DE MÉXICO, 31 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se comprometió en abril a consolidar su estrategia de seguridad pública en seis meses (para octubre del 2019). Ya entonces el país estaba inmerso en la peor vorágine de violencia en 22 años, con una ola de homicidios dolosos que cobró la vida de 9 mil 585 personas en el primer cuatrimestre del año, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
“Se desató la violencia pero la estamos estabilizando para que no continúe la tendencia de incremento”, explicó el político tabasqueño. Aunque AMLO reconoció que reducir la violencia y la incidencia delictiva tomaría tiempo, aseguró que una vez que la Guardia Nacional tuviera “presencia en todo el país”, su Gobierno podría “garantizar la seguridad pública”.
El compromiso del Primer Mandatario para los primeros seis meses de su administración no sólo implicaba la implementación de un nuevo cuerpo de militares que patrullaría las calles bajo un mando civil. También incluía mejorar las condiciones de la ciudadanía con programas sociales –como Jóvenes Construyendo el Futuro– y erradicar la corrupción.
A nueve meses de recibir la investidura presidencial, López Obrador ofrecerá su I Informe de Gobierno. Lo hará con una estrategia de seguridad pública en proceso de consolidación y una crisis de violencia y delitos heredada que se resiste a ceder, pese a las medidas efectuadas, y además en un ambiente crispado por la reciente matanza de 30 personas la noche del pasado martes 27 de agosto en Coatzacoalcos, Veracruz.
Después de los eventos en Coatzacoalcos, dos agencias internacionales de noticias publicaron ayer sendos reportajes en los que advierten que la guerra criminal en México ha tomado dimensiones no vistas. Una es la agencia Associated Press, que tiene impacto global; la otra es la agencia oficial española EFE.
Associated Press o AP, como se le conoce mejor, dijo: “La guerra de México contra el narcotráfico parece haber vuelto, y podría ser peor que la sangrienta ofensiva gubernamental contra los carteles entre el 2006 y el 2012.
AP agregó: “Antes la peor parte de la violencia se limitaba a unas pocas ciudades; ahora se extiende por todo el país. Antes no era raro que las bandas matasen a adultos pero dejasen a los menores ilesos; ahora, el asesinato de menores junto a sus padres se ha convertido en algo demasiado frecuente”.
Casi al mismo tiempo, en su despacho, la agencia EFE dijo: “Una nueva masacre en México, perpetrada por un ajuste de cuentas entre grupos criminales en un bar del estado de Veracruz, demostró esta semana que el narcotráfico sigue matando”.
La agencia española agregó: “El asesinato este martes de al menos 29 personas en un club nocturno del puerto de Coatzacoalcos, en el este de México, se suma a recientes y truculentos sucesos como el hallazgo de diecinueve cuerpos desmembrados y colgados en un puente de Uruapan (Michoacán) el 8 de agosto”.
La información del Gobierno federal indica que los delitos totales del fuero común aumentaron en 16.8 por ciento real entre diciembre de 2018 y julio de 2019. Inclusive, la tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes durante los primeros siete meses de este año (931) fue 4.4 por ciento superior a la del mismo periodo del año pasado (892).
Pese a que los delitos en general continúan con una tendencia al alza, algunos delitos de alto impacto –como los secuestros y los feminicidios– fueron a la baja en los últimos ocho meses, aunque su incidencia es la más alta desde 2015, de acuerdo con las cifras desagregadas del SESNSP.
La estrategia de seguridad
Ante la situación de violencia en todo el territorio nacional, el Gobierno federal ha implementado medidas de primer impacto –más allá de programas sociales y reformas de ley– como el despliegue de la Guardia Nacional y las reuniones diarias del Presidente con su Gabinete de Seguridad.
El 28 de abril de este año, la Guardia Nacional comenzó a operar en Ciudad de México y Veracruz. Dos meses después, el 30 de junio, AMLO anunció el despliegue de 70 mil elementos en 150 regiones del país, con la excepción de dos entidades federativas, Baja California Sur y Querétaro, en que la Guardia operaría hasta la segunda etapa de implementación.