La más reciente resolución a favor de 24 policías presuntamente involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa se suma a una serie de liberaciones polémicas en México, un país donde la probabilidad de esclarecimiento de un delito es de tan sólo el 1.3 por ciento.
Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).- El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, fue tajante al describir el sistema de justicia en México : se encuentra en la miseria y la podredumbre. “Huele a podrido ”, afirmó tajante el pasado 15 de septiembre, al emitir una severa crítica al Poder Judicial por dejar en libertad a 24 policías inculpados en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Así, el funcionario federal encargado del tema de derechos humanos en el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador anunciaba lo que ya había alertado semanas antes: más liberaciones de personas presuntamente ligadas a la desaparición forzada de los jóvenes normalistas durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
El fallo judicial provocó una ola de indignación en diversos sectores y elevó el reproche de Gobierno federal que, desde el arranque de la administración, ha lanzado diversas críticas y se ha enfrentado al Poder Judicial.
Felipe de la Cruz, vocero de los padres y madres de los 43 normalistas, dijo en entrevista con este medio que las familias están enojadas y con frustración por el veredicto: “Vemos que el sistema justicia está dándole preferencia a los criminales y violentando los derechos de las víctimas, en este caso, de nosotros”, expresó el ahora activista.
Alejandro Encinas explicó –en una conferencia en la víspera del Día de Independencia– que la resolución se hizo “a la vieja práctica del ‘sabadazo’: en día de puente”. Además, afirmó que el juzgador utilizó criterios cuestionables. “El juez interpreta con mucha laxitud la ley, pero no imparte justicia, y causa graves daños a la búsqueda de la verdad, y esto representa de nueva cuenta las viejas inercias de corrupción, incapacidad y parcialidad del régimen anterior”, sostuvo.
Encinas demandó al Juez Ventura Ramos una explicación de su resolución e informó que la Fiscalía General de la República (FGR) iniciará las diligencias necesarias para dar comienzo con investigaciones contra los funcionarios que fueron omisos en brindar justicia para el caso.
“Ya es el momento de hacer cambios profundos, para que garantizando los derechos humanos de las personas presuntas responsables de la comisión de los delitos también se dé cuenta del derecho de las víctimas, como también del fin de la impunidad en este país”, agregó.
En México, la efectividad en la investigación de delitos es de apenas el 19.4 por ciento, por lo que la probabilidad para que un delito sea denunciado y sea esclarecido es de el 1.3 por ciento; es decir, sólo uno de cada 100 delitos llega a resolverse cabalmente, de acuerdo con datos del Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2019, realizado por la organización Impunidad Cero, con datos y cifras registradas en 2017.
LIBERACIONES POLÉMICAS
La reciente puesta en libertad de los 24 policías se suma a una serie de polémicos fallos emitidos por los jueces. En lo que va del sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se han registrado al menos cinco casos – trascendidos en medios de comunicación– donde jueces han liberado a imputados, presuntos criminales, o han emitido resoluciones controvertidas.
La mala integración de los expedientes, no respetar el debido proceso, y la poca capacitación de los operadores del sistema de justicia, así como la falta de claridad en los criterios de los jueces, son algunas de las causas que provocan las liberaciones de imputados, según expusieron expertos entrevistados por SinEmbargo.
De acuerdo con el Índice de Impunidad Cero, en la efectividad en la resolución de carpetas de investigación en el país, bajó de 21.4 por ciento a 19.4 por ciento, y el promedio de los asuntos en los que se formuló imputación o se solicitó la vinculación a proceso descendió de 5 a 3.4 por ciento.
AYOTZINAPA: DOS EN UN MES
El Juez Samuel Ventura Ramos emitió dos polémicas resoluciones en el caso Ayotzinapa, justo en este mes de septiembre, cuando se cumplen cinco años del crimen que conmocionó a México y al mundo.
Además de la liberación de los 24 policías, el pasado 2 de septiembre Gildardo López Astudillo, alias “El Gil”, presunto jefe de plaza del grupo criminal Guerreros Unidos, fue absuelto de los cargos por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Ventura Ramos decretó la “absolución por insuficiencia probatoria”. López Astudillo estaba preso en el Reclusorio Oriente, en la Ciudad de México. Fue detenido por elementos de la Policía Federal y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional el 16 de septiembre de 2015.
Es así, como al menos 77 de los 142 acusados en el caso Ayotzinapa, han dejado la cárcel hasta la fecha, en tanto otros 65 continúan en presos.
“EL ALEXIS”, UNIÓN TEPITO
El pasado 8 de marzo, un juez federal concedió la medida de libertad condicional a Alexis “N”, alias “El Alexis”, supuesto líder de la Unión Tepito, quien había sido detenido el 1 de marzo en unos departamentos situados en San Jerónimo, en la Alcaldía de Álvaro Obregón.
El juez vinculó a proceso al presunto delincuente solo por el delito de posesión simple de droga, y al no ser delito grave, determinó libertad condicional después de pagar 20 mil pesos como fianza.
La Ciudad de México es la entidad que destina mayor presupuesto per cápita a la impartición de justicia, con un promedio de 740.57 pesos en promedio por cada habitante. La carga de trabajo por cada Ministerio Público en la capital es de 144.3 carpetas de investigación por cada agente, de acuerdo a datos del Índice estatal de desempeño de procuradurías y fiscalías 2019, estudio realizado por la organización Impunidad Cero, con datos y cifras registradas durante el año 2017 y 2018.
“EL CHOFO”
Alexis “N”, alias “El Chofo”, señalado como supuesto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Lagos de Moreno, Jalisco, fue detenido a finales de mes de abril en un operativo, sin embargo, fue liberado por supuestas fallas.
El juez Enrique Velásquez Martín dictó la libertad debido a presuntos errores de redacción en las actas sentadas por parte de un perito y un policía, informó Gonzalo Huitrón, Fiscal regional de Jalisco, al medio El Occidental.
Tres días después de la liberación, elementos de la Policía Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco, fueron atacados a balazos. El agente Vany Gutiérrez Méndez, comisario de Lagos de Moreno, quien habría sido los elementos que efectuó la captura de “El Chofo”, fue asesinado.
El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, lanzó un reclamo al Poder Judicial y arguyó que los argumentos para la liberación de criminales, eran pretextos.
“Si los delincuentes que detenemos todos los días son liberados como si nada por el Poder Judicial, nunca vamos a acabar, y los pretextos siempre son minucias, detalles. Siempre hay un pretexto, siempre, siempre hay una explicación”, dijo en una rueda de prensa.
https://twitter.com/EnriqueAlfaroR/status/1122915571564023808
El mandatario estatal pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) y estatal abrir una investigación a Jueces y los operadores del sistema de justicia a fin de castigar a quienes brinden protección a criminales.
El presunto criminal nuevamente fue capturado, hace cinco días, pero ahora por miembros del Ejército, según reportaron medios locales. Justo hoy por la tarde, se informó que fue vinculado a proceso por el homicidio del comisario.
OTRO DE LA UNIÓN
Carlos Gallardo, alias “El Carlos”, es otro presunto integrante del grupo criminal, La Unión de Tepito, que también fue liberado por supuesta falta de pruebas; sin embargo, a cuatro días de su liberación, lo encontraron muerto y con huellas de tortura.
El Carlos fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México en un bar ubicado en calles de Coapa, según consignaron medios locales; sin embargo, el 18 de junio, el hombre fue puesto en libertad.
El 22 de junio, el cadáver del presunto narco-menudista fue encontrado en un automóvil en calles del municipio de Naucalpan, en el Estado de México, con huellas de tortura, reportó el miedo La Opinión.
LOS PORKYS EN VERACRUZ
Cinco años de prisión y una multa de 70.10 pesos fue la sentencia que dictó el juez de Veracruz, Romero Maldonado, a Diego Cruz, a uno de “Los Porkys”, acusado de pederastia y de abuso sexual a una menor de edad. El fallo dado a conocer el pasado 9 de agosto pronto provocó una ola de indignación en redes sociales, pues también abría la puerta a su liberación.
El veredicto, que incluía una fianza de 15 mil pesos, fue apelado por la Fiscalía General de Veracruz.
Diego es uno de los cuatro jóvenes que agredieron sexualmente a Daphne Fernández, una menor veracruzana de 17 años de edad que fue violada, grabada y exhibida por tres estudiantes de la Universidad del Valle de México, campus Boca del Río, entre quienes se involucró al hijo del entonces director de Pesca de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Alimentación (Sedarpa), Rafael Cruz Hernández, de acuerdo con la denuncia denuncia presentada por Fernanda Cruzado, madre de la víctima.
El 14 de agosto, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial en Veracruz dio a conocer que había abierto una investigación oficiosa contra el juez responsable de dictar la sentencia de cinco años a uno de “Los Porkys”. Dos días después, el Poder Judicial de la Federación revocó el nombramiento del juez Maldonado Romero, debido a que fue asignado indebidamente como “magistrado temporal”, reveló la revista Proceso.
Javier Fernández, papá de Dafne, calificó la sentencia como “una burla”, y la comparó con el fallo emitido en 2017, también a favor de Cruz, donde al Juez Tercero de Distrito de Veracruz, Anuar González Hemadi, consideró que el hombre “no tocó con sentido lascivo”, por lo que, concedió un amparo y ordenó que fuera liberado de inmediato.
En 2015, los jóvenes conocidos como los “Porkys” fueron acusados de pederastia por abuso sexual contra una menor de edad. Diego participó como actor principal en el crimen, pues fue él quien la introdujo a la fuerza a un automóvil Mercedes Benz, el cual era conducido por otro de los inculpados. La denuncia se presentó hasta marzo después de que el acuerdo al que se había llegado entre víctima y victimario no fue cumplido.
EL CHOCORROL
Marco Antonio “N”, alias “El Chocorrol”, es un hombre que fue señalado por el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), como supuesto líder de una banda dedicada al robo de teléfonos celulares, principalmente en las instalaciones del Metro.
El STC informó que, después de una investigación propia, apoyada con videos, personal de seguridad había logró identificar el modo de operación y a las personas que integran al grupo de carteristas,y es así como el pasado 2 de julio, el hombre fue detenido en la estación Tacuba de la Línea 2 del Metro.
El Metro compartió en su cuenta de Twitter el video del operativo que llevó a la supuesta identificación y detención de “El Chocorrol”, e informó que tras la captura llevarían al sospechoso ante el Ministerio Público para determinar las responsabilidades correspondientes, sin embargo, el 3 de julio se dio a conocer que El Chocorrol, había quedado en libertad luego que no fuera presentado ante las autoridades correspondientes.
El supuesto líder de la banda ni siquiera fue presentado ante el Ministerio Público de la Ciudad de México, pues la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCdMx), aseguró que “ninguna persona con este sobrenombre se encontraba a disposición del Ministerio Público”, reportaron medios nacionales, mismos que también señalaban que no se consignó porque nadie había presentado denuncia contra el sospechoso.
La cifra negra, delitos no denunciados, asciende a un 93. 2 por ciento a nivel nacional, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública 2018.
Denunciar un delito en México toma alrededor de 2 horas con 21 minutos, sin embargo, en cada entidad federativa varía el tiempo; en la capital de la república, se estima que interponer una denuncia se tarda al menos tres horas y media (220 minutos). La Procuraduría capitalina cuenta con al menos 16 Ministerio Públicos por cada cien mil habitantes, según el Envipe.
CRITERIOS OPACOS
Jorge Reyes Peralta, presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas A.C, señaló que en México “estamos acostumbrados a tratar de resolver los asuntos relevantes, ya sea políticos o de impacto social, judicializando las carpetas de investigación y mal integradas, con un Ministerio Público que le falta mucho capacitarse y estudiar, y, en cambio, le echan la pelota al Poder Judicial”, dijo en entrevista con SinEmbargo.
El abogado avaló el argumento del Poder Judicial en relación es por culpa de la deficiente integración de las carpetas de investigación lo que genera los imputados o inculpados sean liberados al no poder sostener el caso con pruebas.
“¿Qué es lo que quieren los procuradores o los fiscales?, ¿quieren que los jueces les convaliden la mala integración de las carpetas de investigación y la falta de capacitación del Ministerio Públicos, de los policías, de los peritos y de nosotros mismos, los abogados, para sostener esas acusaciones?”, cuestionó el litigante.
María Novoa, Coordinadora del Programa de Justicia de la Organización México Evalúa, coincidió con Sergio Reyes que una de las principales debilidades está en la integración de las carpetas de investigación, y que no se respeta el debido proceso.
Aunque la experta aclaró que las liberaciones de imputados son multifactoriales, sin embargo, dijo que entre los factores, además de la mala integración, también se encuentra la falta de transparencia en los criterios de que utilizan los jueces a la hora de emitir de fallos.
“Tanto la impunidad como la arbitrariedad se hacen evidentes en el proceso penal de muchas maneras. Por ejemplo, sólo una de cada cinco detenciones involucra la puesta a disposición al Ministerio Público, e igualmente una de cada cinco es calificada como ilegal. En las decisiones ministeriales se observa un alto uso de figuras que no brindan respuestas efectivas a quien denuncia, como el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal. En uno de cada tres casos se dicta como medida cautelar la prisión preventiva, y de los casos que son vinculados a proceso, uno de cada cinco concluye por suspensión condicional. Esta evidencia debería provocar un esfuerzo real por fortalecer las capacidades institucionales y los controles en la operación, aspectos que no se observan en el paquete legislativo actual”, opinó la experta en su artículo “Señales de retroceso en la justicia penal”.
En entrevista con SinEmbargo , Novoa expresó que si bien lo jueces tienen independencia a la hora de emitir un fallo, sí es un problema que “todavía hay espacios oscuros” y “hay poca transparencia” en los criterios que usan los juzgadores. Al respecto, la especializa reconoció que eso genera que se emitan fallos arbitrarios.
Para Sergio Reyes no debe de haber un reparto de culpas. Reiteró que una de las principales debilidades y fallas está en la capacitación de todos los operadores de justicia, desde el policía preventivo, el primero que tiene caso, los peritos, y los abogados.
“Nos hace falta capacitarnos más y día a día fortalecer el sistema de justicia penal, lo más importante que nosotros proponemos es insistir en la colegiación y la certificación de los abogados”, dijo.
Reyes agregó que en México aún persiste que la justicia se convierte en arma política.
“En este país tenemos dos fuentes: el juicio mediático y el juicio constitucional y jamás se empatan. seguimos cayendo en los mismos errores, se quiere judicializar, se quiere politizar, se quiere utilizar la procuración de justicia para capturar al político y eso no abona en nada, debemos todos capacitarnos, nosotros mismos como abogados debemos de reconocer que nos falta más capacitación”, insistió.
Por Sugeyry Gándara