CIUDAD DE MÉXICO, 26 de septiembre (EL UNIVERSAL).- En los próximos días un tribunal federal podría ordenar la liberación de 12 expolicías municipales de Cocula e Iguala, Guerrero, involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas ordenó invalidar las pruebas que la extinta Procuraduría General de la República (PGR) reunió en contra de los expolicías municipales: Miguel Ángel Ríos Sánchez, Osvaldo Ríos Sánchez, David Cruz Hernández, Abraham Julián Acevedo Popoca, Jesús Vargas Rodríguez, Manuel Vázquez Chávez, Raúl Javier Crespo, Carlos Canto Salgado, Israel Dayán Arroyo Mendoza, Juan Carlos Beltrán Cruz, Ubaldo Toral Vences y Miguel Arias Topete.
La sentencia, emitida el pasado 28 de agosto, ordenó al Segundo Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito con residencia en Matamoros, Tamaulipas que valore si las confesiones de los exmandos sobre los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, fueron obtenidas mediante tortura cometida por elementos de la Policía Federal y las Secretarías de Defensa Nacional y Marina.
EL UNIVERSAL informó que los hermanos Miguel y Osvaldo Ríos Sánchez, alias “El Pozol” y “El Gordo” respectivamente, declararon que los estudiantes fueron asesinados y posteriormente llevados a una fosa en la colonia Pueblo Viejo, ubicada entre Cocula e Iguala; sin embargo, ambos alegaron haber sido víctimas de tortura.
Otro de los declarantes que alegó haber sido torturado fue Carlos Canto, quien supuestamente reveló que los estudiantes fueron llevados a Mezcala.
Por ello, el colegiado ordenó la realización del Protocolo de Estambul por peritos independientes a la FGR para determinar si realmente fueron torturados y qué declaraciones serán eliminadas del expediente por haber sido obtenidas mediante la comisión de este delito.
“Atendiendo al referido Protocolo de Estambul, los dictámenes deberán ser practicados por peritos que no pertenezcan a la institución ministerial, a las procuradurías estatales, o alguna otra de las dependencias a cuyo personal se atribuyen los actos de tortura (Policía Federal, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de la Marina Armada de México, entre otras)”, indica el resolutivo.
El Colegiado también ordenó volver a analizar si los expolicías fueron detenidos legalmente o, de lo contrario, podría dictar su libertad inmediata pues permanecen presos en Nayarit.