GUADALAJARA, Jal., 5 de septiembre (apro).- El fiscal general del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, informó que la dependencia a su cargo investiga una presunta red de extorsionadores supuestamente conformada por litigantes, notarios, magistrados, jueces, exfuncionarios estatales, organizaciones civiles y activistas.
De acuerdo con el funcionario estatal, entre los activistas estarían Salvador Cosío Gaona, integrante de Conciencia Cívica y excandidato a la gubernatura por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y Alejandro Cárdenas, presidente del Parlamento de Colonias.
Ambos encabezan grupos que presentaron juicios ante el Tribunal de Justicia Administrativa para evitar la venta y emisión del certificado de habitabilidad de la Villa Panamericana o alguna otra licencia, apuntó.
El fiscal dijo que cuando asumió el cargo detectó un patrón similar de actuaciones jurídicas de la presunta red, que despojo de su patrimonio a muchas personas, entre ellas de la tercera edad, extranjeros y empresarios dedicados a la construcción.
“Empezamos advertir un patrón más o menos constante en la forma de trabajar de estas personas. Desde entonces se inició un trabajo de localización de carpetas, de ver quiénes eran los actores, tanto por el lado de la jurisdicción, jueces y magistrados, como por el lado de abogados y notarios (...) eso nos marca la pauta para entender que se trata de una red de extorsionadores”, explicó.
Dicha red, añadió, está señalada en al menos 18 carpetas de investigación.
De igual manera, detalló que una forma de operar de la red es “a través de juicios para frenar algunos de los avances en determinados sectores inmobiliarios. Posteriormente, cuando el juicio ya va avanzado, sobrevenía un acercamiento en donde, a través de una prestación económica, ofertaban u ofrecían los desistimientos correspondientes. Esa es una de las modalidades, porque hay varias”, puntualizó.
Solis Gómez precisó que existe un par de denuncias en contra de Cosío y Cárdenas por presuntos delitos de extorsión, fraude procesal y amenazas, pero evitó abundar sobre el asunto, hasta que el Ministerio Público “lo analice y determine la existencia de esos u otros delitos en su investigación”.
Sobre el complejo de la Villa Panamericana, destacó que forma parte de la investigación que se abrió contra la presunta red de extorsionadores.
Señaló que en este momento el complejo se encuentra asegurado, porque existe una averiguación previa (3791/2015) dentro la Agencia 13 de Abuso de Autoridad de la Fiscalía General del estado de Jalisco.
El complejo, apuntó, “está considerado dentro de toda esta red y era parte del análisis que ya traíamos. ¿Por qué razón? Bueno, en efecto hay un aseguramiento de la Villa por parte de Fiscalía derivado de una serie de denuncias presentadas por particulares”.
Según el fiscal, en este momento se hacen labores de mantenimiento, debido a que hace algunos meses el Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal) y un particular pidieron el desaseguramiento. Al particular se le negó su petición y a Ipejal sí se le permitió porque tiene “intereses pecuniarios por su participación en la construcción de estas Villas”, finalizó.