MONTERREY, Nuevo León, 25 de enero (Notimex).- En el Nuevo León contemporáneo existen ya dos etapas, antes y después de la existencia del Penal del Topo Chico, un reclusorio que en meses pasados cerró sus puertas, dejando tras de sí una era sanguinaria de terror, donde un grupo de internos pertenecientes a miembros de la delincuencia organizada llegó a obtener hasta 10 millones de pesos por semana por cuotas de extorsión a la población penitenciaria.
Esto lo revela a Notimex el secretario general de Gobierno, Manuel González Flores, quien habla del modelo de Seguridad Nuevo León, que incluye el cierre de la prisión que operó 76 años, así como de temas de la gobernabilidad, la relación que tiene el gobierno independiente con el Congreso local y con la federación, que, dice, le ha brindado un sólido apoyo.
“Déjeme decirle que nos encontramos en el penal del Topo Chico, está para un guión de película… pero le voy a decir qué encontramos, para que vea como era el gobierno total del PPL (Personas Privada de su Libertad) y/o esposa, amedrentaban a la familia afuera con la delincuencia”.
Espionaje de la delincuencia
Precisó que al interior de la prisión hallaron 12 monitores, pantallas, con un disco duro que contenía la información de unos mil 600 internos de lo que era el Penal del Topo Chico, con una lista de expedientes con fotos de las propiedades de la familia del prisionero o de sus esposa.
“Desde ahí asustaban al PPL o lo extorsionaban, amedrentando a la familia afuera y sin darle ejemplos concretos le diré que la recolección semanal era de 500 mil dólares, 10 millones de pesos por semana, recogían de puras extorsiones”.
El funcionario estatal indicó que ante esta situación, las quejas fueron canalizadas a las diversas áreas de la administración, en las que se precisaba que los delincuentes organizados solían amagar al preso argumentándole que podrían matar a su mujer o secuestrar a sus hijos si no cedían a sus exigencias.
Había casos en los que los obligaban a vender sus bienes o a endeudarse para pagar las extorsiones.
Entre 2010 y 2016 Nuevo León, pese a su liderazgo empresarial y comercial, sufrió los embates de la delincuencia organizada, padeciendo picos en homicidios dolosos, ejecuciones y en la mayor parte de los delitos de alto impacto e incluso del fuero común.
El clima de terror que se dio en la mayor parte del territorio nuevoleonés se enquistó también en sus prisiones, donde grupos antagónicos de la delincuencia organizada, principalmente Zetas y del Cártel del Golfo, se enfrascaron en cruentas batallas que dejaron decenas de víctimas mortales.
Tan solo entre el 10 y 11 de febrero de 2016, un enfrentamiento por el control del centro penitenciario entre las pandillas dirigidas por el “Z-27”, de Los Zetas, y el “El Credo”, del cártel del Golfo, dejó 49 prisioneros asesinados.
Ahora, a poco más de cuatro años del gobierno independiente, el secretario de gobierno Manuel González, sostiene que existe un cambio notorio en la seguridad del estado gracias al programa que echaron a andar desde el inicio de la gestión, en el que la eliminación del autogobierno en las cárceles ha sido fundamental.
Inteligencia penitenciaria
Manuel González sostiene que pese al contexto nacional y regional, la seguridad ha mejorado en Nuevo León a raíz del programa que estableció el gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
“Tiene que ver con un muy exacto y completo programa de Seguridad. El Programa de Seguridad del gobernador, tiene que ver con tres grandes rubros: uno, la prevención, dos, la operación y tres, los sistemas de administración penitenciaria”.
Refirió que para diseñar la prevención realizaron 350 mil diagnósticos en un mapeo de la población de Nuevo León, en donde percibieron y analizaron los principales delitos y faltas que afectaban a las familias.
En forma simultánea, cruzaron sus diagnósticos con las llamadas que hacía los habitantes al 911, y con base en eso llevaron los programas sociales que a la postre se convirtieron en el principal aspecto preventivo.
Fin a 30 años de autogobierno
En cuanto a la atención del sistema de administración penitenciaria, Manuel González refirió que pusieron fin a 30 años de autogobiernos en las diversas penitenciarias estatales, donde “el estado no tenía control de nada”.}+