NAHUATZEN, Michoacán, 3 de enero (Thomson Reuters Foundation).- Con la Policía Estatal fuertemente armada patrullando las calles, y su plaza central casi desolada por la niebla de la mañana, la tensión en el pueblo mexicano de Nahuatzen es palpable.
La localidad es una de las –alrededor– de 50 comunidades indígenas del Estado de Michoacán, al suroeste de México, que quieren la autonomía. Sus habitantes declaran que después de años de corrupción gubernamental y crimen, es mejor que ellos administren los recursos públicos.
“En 82 años de Presidentes Municipales, nunca se han molestado en dar a la comunidad, a la gente, los servicios o el progreso que Nahuatzen merece”, dijo Efraín Villagomez Talavera, uno de los concejales indígenas de la ciudad. “Me gustaría ver que (...) las comunidades logren un verdadero progreso”.
Garantizada por la Constitución de México, la autodeterminación permite a las comunidades indígenas elegir un Concejo de ciudadanos que recibe fondos públicos directamente y los destina a la policía, la infraestructura, la salud y otros servicios.
Alrededor del 15 % de la población de México se identifica como indígena, según Naciones Unidas.
Algunas comunidades en Michoacán han logrado una paz relativa tras su autonomía, como la vecina Cherán, una de las primeras en lograr la independencia en 2012. Luego de estar subyugada por el crimen, la comunidad ahora es un refugio relativamente seguro en uno de los Estados más violentos de México.
Pero otras ciudades han tenido un camino más accidentado desde la autonomía. En Nahuatzen, un grupo de residentes buscó por primera vez la independencia en 2015, argumentando que la corrupción y la presencia del crimen organizado en el seno de los municipios inhabilitaban a las autoridades para gobernar.
Dos años después, las autoridades estatales y federales reconocieron formalmente al grupo como el Concejo de Ciudadanos Indígenas de la ciudad. Sin embargo, los miembros del Concejo dicen que el fallo no se ha respetado adecuadamente y acusan al Gobierno de obstaculizar los esfuerzos de independencia, lo que las autoridades niegan.
“Hemos trabajado con todas las comunidades que están [en el proceso] de autodeterminación”, dijo Noel García Cancino, director de Análisis y Desarrollo Político del Ministerio del Interior de Michoacán. “[Nahuatzen] se ha separado del Gobierno... No somos los malos”.
Después de casi cinco años de conflicto, la cuestión de la independencia ha desgarrado la ciudad de unos 10,000 habitantes, con residentes divididos entre quienes apoyan al Concejo y quienes respaldan al Gobierno Municipal.
Ciudades independientes
La cuna del movimiento de autodeterminación indígena en el Estado de Michoacán es Cherán, hogar de aproximadamente 18,000 residentes, en su mayoría purépechas. La policía de la comunidad controla la entrada y patrulla las calles, mientras el mercado está lleno de vendedores que hablan el dialecto local purépecha.
“El sistema de Gobierno [basado en el partido] ya no nos era útil, porque había mucha corrupción”, explicó Isidro Hernández Diego, maestro y uno de los 12 concejales indígenas de la ciudad.
La frustración aumentó en abril de 2011, dijo Diego, cuando los residentes indignados expulsaron a su Alcalde y a la fuerza policial local, a quienes acusaron de ser cómplices en la tala ilegal generalizada que se cree era apoyada por los cárteles de la droga.
Al año siguiente, los ciudadanos establecieron un nuevo Concejo de Gobierno basado en las costumbres indígenas. La Corte Suprema de México luego dictaminó que el Concejo era constitucional.
Desde que la ciudad se volvió autónoma, los residentes dicen que el nivel de criminalidad se ha desplomado y la comunidad ha construido lo que los medios locales llaman “el mayor sistema de captura de agua de lluvia en América Latina”.
Conflicto interno
Cualquier comunidad en México que se autoidentifique como indígena tiene garantizado el derecho a la autonomía, de acuerdo con la Constitución Mexicana. Pero en el caso de Nahuatzen, existe cierto debate sobre si la ciudad puede llamarse indígena.
Nahuatzen se encuentra en una tierra que alguna vez estuvo gobernada por los purépechas que, en la época precolonial, fueron uno de los únicos reinos en el centro de México que los ejércitos aztecas nunca sometieron. Pero en estos días, pocos residentes hablan purépecha.
El tema es polémico en México porque hasta la década de 1990, el único indicador que el Gobierno usó para identificar a la población indígena era si hablaban una de las 60 lenguas indígenas del país.
Para Mayra Morales Morales, presidenta del municipio de Nahuatzen, que incluye la ciudad del mismo nombre y otras nueve personas, la mayor preocupación son las luchas internas en nombre de los derechos indígenas.
“Nunca hemos negado [al Concejo]... el derecho a ser o no ser indígena”, dijo, “el problema surge cuando la gente piensa que al ser indígena ‘puedes hacer lo que quieras’”.
Morales asumió el cargo en mayo pasado después de que su predecesor fue asesinado, lo que desató la violencia: un grupo de residentes atacó la sede del Concejo con bombas molotov, acusando a los líderes locales de orquestar el homicidio.
Más tarde, la oficina del Fiscal General del Estado anunció que había arrestado al posible culpable, que no era miembro del Concejo, aunque el caso está en curso.
Pero aunque el asesinato no estuvo relacionado con el conflicto de la ciudad, Morales dijo que el ataque a la sede del Concejo es parte de un patrón de violencia que ha afectado a Nahuatzen desde que buscó la independencia.
Ella y otros funcionarios dicen que los propios miembros del Concejo incendiaron vehículos y destrozaron propiedades del Gobierno. Por su parte, Villagomez Talavera dijo a la Fundación Thomson Reuters que las acusaciones contra los concejales son falsas e intentan intimidar a los líderes indígenas.
A pesar de las tensiones, Nahuatzen ha visto algún beneficio en ser autónomo. Los lugareños señalaron que el Concejo había generado trabajos en proyectos de infraestructura, además de apoyar a las escuelas locales y mejorar la seguridad con su fuerza policial comunitaria.
Pero en los últimos meses, un grupo rival de residentes ha desafiado al Concejo indígena original por el control de Nahuatzen. Una batalla judicial compleja entre ambos grupos está en curso, lo que significa que los fondos del Gobierno se han congelado desde febrero pasado, según Morales.