CIUDAD DE MEXICO, 18 de febrero (NTX).- Los “abominables, injustos e incomprensibles feminicidios”, incluyendo el de Fátima, deben ser un parteaguas en las situaciones de violencia familiar, sexual, psicológica, económica, cibernética o de cualquier forma que hoy viven millones de niñas, niños y adolescentes en México. “Es obligación del Estado mexicano, es corresponsabilidad social”, aseveró el Sipinna.
Al informar lo anterior, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) destacó que el feminicidio de la menor de siete años es también una expresión terrible de la brutalidad de la violencia de género y la cultura patriarcal que afecta a menores y jóvenes en el país y que se traduce en múltiples formas que vulneran su dignidad y su vida.
Además, “la cadena de descuidos, la fragilidad del núcleo familiar y del entorno que debía ser de protección, da cuenta de que no hemos logrado que nuestra sociedad actúe corresponsablemente como un sistema de protección integral para cada niña, para cada niño”, añadió en un comunicado.
Luego de ofrecer sus más sentidas condolencias a los familiares de Fátima y a la sociedad en su conjunto, conmovida por el dolor y afectada por la inseguridad y la violencia que le han arrebatado sus sueños y esperanzas, Sipinna recordó que conforme a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, todas las autoridades del Estado mexicano tienen obligaciones para garantizar su protección integral.
“Esta es una responsabilidad compartida con la sociedad, con las familias, con los entornos inmediatos. Dichas obligaciones deben traducirse en acciones concretas para lograr poner en el centro de la vida pública y privada que México sea un país adecuado para cada niña, para cada niño, para sus adolescentes”, acotó.
En ese sentido, el secretariado ejecutivo del Sipinna dio a conocer algunas de las muchas acciones necesarias para disminuir y transformar las condiciones que hoy tiene la infancia en situación de vulnerabilidad por violencia, omisión de cuidados o falta de capacidades de intervención.
Entre ellos, se deberá fortalecer el trabajo de la comisión para poner fin a todas las formas de violencia contra ellos, del Sipinna nacional, y de las 32 comisiones estatales creadas con la misma finalidad.
Lo anterior, a fin de contar en cada entidad federativa con un plan de acción con tareas, responsabilidades e indicadores definidos con claridad. “Este es uno de los objetivos ya aprobados por la Conferencia Nacional de Gobernadores”, mediante su programa específico referido a la protección de la niñez y adolescencia.
Además, se deberá acrecentar la capacidad operativa y especialización para la eficaz intervención, con medidas de protección especial de las procuradurías de protección a niñas niños y adolescentes, existentes en cada estado y en cientos de municipios en el país.
“Lograr que en cada entidad federativa se cuente con un centro de justicia para los menores y adolescentes, espacio especializado de coordinación de autoridades de protección, defensa de derechos humanos, procuración y administración de justicia, creado expresamente para este grupo de la población”, es otra de las acciones a las que urge el Sipinna.
También ampliar la corresponsabilidad de autoridades de seguridad pública y de ordenamiento territorial dependientes de municipios y alcaldías en torno al programa entornos escolares seguros, de la Secretaría de Educación Pública.
E incrementar sustantivamente las acciones para promover una crianza positiva y corresponsable, desde lo que la Organización Mundial de la Salud denomina “Cuidado sensible y cariñoso”. Para ello, se deberá llevar a cabo un amplio debate público a nivel nacional, convocando a los medios de comunicación públicos y privados.
El Sipinna llamó a potenciar los mecanismos de formación de servidoras y servidores públicos en violencia de género y derechos de niñez y adolescencia, con énfasis en la detección de situaciones y la atención y canalización de casos de violencia u omisión de cuidados hacia ese sector.
“Dichas acciones, aun cuando ya están en marcha, requieren una mayor voluntad y responsabilidad política y presupuestal de los tres poderes públicos en los distintos órdenes de gobierno, para lo cual hacemos un respetuoso y claro llamado a las autoridades responsables, desde el ámbito de sus competencias, acotó.