LA HABANA, Cuba, (Por Pelayo Terry Cuervo, especial para POR ESTO!).- En el presente año, el Gobierno cubano deberá revisar una propuesta de actualización de la política de precios, atemperada a las condiciones actuales, en la búsqueda de una más integradora en este crucial tema para la economía y las familias.
Son una constante en los diversos escenarios económicos y sociales las insatisfacciones con los precios, tanto en las relaciones interempresariales, como en las establecidas entre el sector estatal y el no estatal y, en los que al final, enfrenta el consumidor para el pago de bienes y servicios.
Y si de verdad es necesaria esa actualización entre los diversos actores económicos dentro del modelo económico actual, donde más lo sufre el ciudadano es cuando necesita recibir un servicio o adquirir un producto y el precio no está en correspondencia con sus ingresos.
A mediados del 2019, el incremento de los salarios al sector presupuestado y de las pensiones a los jubilados dio un respiro a los casi dos millones de personas beneficiadas, pero a la vuelta de los ocho meses transcurridos, después de aquella audaz medida, aún queda mucho por resolver.
Tanto es así, que las principales autoridades del país acaban de establecer, como prioridad, la necesidad de actualizar la política de precios, que sea más integradora y contemporánea, que ponga en igualdad de condiciones al sector estatal y al no estatal, a la vez que sirva de estímulo a las actividades de producción y exportación, como trascendió en la reunión resumen de la gestión del Ministerio de Finanzas y Precios.
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel llamó a cambiar el método de formación de precios, actualizar las fichas de costos y buscar un equilibrio entre lo que debe estar centralizado y lo que no.
Se refería así, a la disparidad en los precios de un mismo producto tanto en las ventas mayoristas como minoristas.
Sin embargo, para el ciudadano común, más allá de las necesarias modificaciones en la macroeconomía, lo fundamental es que los precios al consumidor realmente estén en correspondencia con su nivel adquisitivo, de lo contrario, los incrementos salariales no serán reales y no favorecerán a quienes en algún momento vieron en ellos la tabla salvadora a sus necesidades más inmediatas.
El fortalecimiento de los sistemas de monitoreo, control y de enfrentamiento a las violaciones de precios, potenciando el control popular, serán tareas de primer orden en esta cruzada, en uno de los temas que más da de qué hablar cotidianamente.
En la actualidad, el gobierno intenta la regulación de precios en varios sectores del cuentapropismo y la realidad es que muchos lo violan constantemente, ante la ausencia de mecanismos eficaces para su control. El caso más renombrado está relacionado con los autos de alquiler particulares, conocidos como almendrones, los cuales no obstante estar identificados con señaléticas de Servicio Regular, por lo cual no pueden cobrar en los tramos oficiales más de 10 pesos en moneda nacional (MN), violan constantemente las disposiciones establecidas y piden a los pasajeros el doble por trasladarlos el mismo tramo, incluso, algunos han establecido una tasa de cambio “muy particular” entre el CUC y la moneda nacional, fijando el cambio de la divisa en 20 pesos cubanos.
Otro tanto sucede con la venta de productos agropecuarios en los llamados mercados de oferta y demanda, donde la carne de cerdo, por ejemplo, plato principal en la mesa de la mayoría de las familias, se cotiza ya a 60 pesos MN la libra, con lo cual los de menos ingresos comienzan a percibir una reducción de su poder de compra.
Las autoridades, no obstante, insisten en el derecho que le asiste al gobierno en regular determinados precios, lo cual algunos interpretan como una intromisión en las reglas del mercado de oferta y demanda.
El ministro de Economía fue enfático: El país requiere de una política de precios única, inclusiva. No podemos tener una política para el sector estatal y otra para el no estatal, dijo y agregó: “En ocasiones, cuando el Estado regula determinados precios se concibe como una intromisión. El Gobierno tiene el derecho, la facultad y el deber de interceder en favor de la población”, manifestó.
En medio de tan complicado panorama, las reflexiones de las autoridades emiten señales esperanzadoras sobre un asunto no resuelto en los últimos 60 años y que pone en jaque el desenvolvimiento de la sociedad toda, que espera que de una vez y por todas, el dilema de los precios en el país tome el rumbo deseado, en que la correspondencia entre los ingresos de los ciudadanos y los precios de servicios y mercancía, hagan mucho más llevadero el día a día.