CIUDAD DE MEXICO, 20 de marzo (NTX).- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, consideró que la autoridad no está siendo consecuente con el tamaño del problema del coronavirus (COVID-19), por lo que planteó la creación de una comisión económica para tratar de adelantarnos a la problemática generada por la enfermedad.
En conferencia de prensa, señaló que en este momento todas las empresas del país de una medida menor o mayor ya tienen una problemática, sin embargo, en el caso de la industria aeronáutica, hotelera y restaurantera, son las más afectadas por esta pandemia, por lo que presentaron al gobierno federal un programa de 10 puntos para hacer frente a la situación.
No obstante, precisó que no buscan subsidios para las compañías, sino salvaguardar y conservar los empleos, que México no tenga un impacto por esta crisis que haga cerrar compañías definitivamente, además de preservar las condiciones económicas, ya que los programas sociales no podrán por sí solos con esta situación.
“Nos preocupa enormemente que la acción de la autoridad no está siendo consecuente con el tamaño del problema, no es nada más un problema de salud que hay que atender y nosotros estamos enormemente alineados, es también un problema económico, por eso el día de ayer nosotros presentamos un programa inmediato con 10 puntos”, afirmó.
De hecho, el presidente del CCE expuso que si el Producto Interno Bruto (PIB) de México registra una contracción de 4.0 por ciento, se podrían perder alrededor de 800 mil empleos, según cálculos con base a datos que han visto en el pasado.
“Nuestro llamado ha sido que, adicional al establecimiento de esta comisión de salud y de salubridad, esté existiendo una comisión económica integrada por los sindicatos, por los trabajadores, por la autoridad y por nosotros como organismos empresariales o por empresarios, para tratar de adelantarnos a la problemática que esto nos va a enfrentar”, aseguró.
Salazar Lomelín dijo que si el gobierno no reacciona a sus peticiones, cada agente económico trataría de limitar al máximo el impacto que tiene sobre sus trabajadores y actividad; sin embargo, se perderían más empleados que si se actúa anticipadamente, ya que vienen problemas más graves.
Carlos Salazar precisó que el plazo que se les dio es que el próximo martes habrá ya una respuesta por parte de Alfonso Romo –jefe de la Oficina de la Presidencia– a todas estas peticiones, o máximo el miércoles de la próxima semana.
También indicó que han hecho una insistencia desde hace semanas y meses al Servicio de Administración Tributaria (SAT), para que regularice la devolución del IVA, ya que desde que se quitó la compensación universal, todas las empresas están batallando para que se los regrese de una manera expedita.
“No es congruente pedir que todo mundo sea responsable del pago de impuestos, cosa a la cual nos unimos, y no seamos congruentes con la devolución de los impuestos que le corresponden al contribuyente, no es congruente; necesita la autoridad regresarle el contribuyente los impuestos que le corresponden”, expuso.
Consideró que tampoco es congruente pedir responsabilidad a todos los actores y agentes económicos, sin embargo, al mismo tiempo no pagarle a los proveedores y dejarlos sin la liquidez que requieren.