CIUDAD DE MEXICO, 22 de marzo (SinEmbargo).– La consulta ciudadana para determinar el futuro de la cervecera Constellation Brands, en Mexicali, cuya obra tiene más del 60 por ciento de avance, generó el rechazo de la iniciativa privada, la cual acusa de violación al marco legal, mientras que pobladores que están en contra del proyecto reportaron que hasta el momento, el 70 por ciento de los votos está a favor de que se cancele su instalación.
Estas cifras fueron dadas a conocer por integrantes de las Resistencias de Mexicali, en Baja California, la noche del sábado, quienes tuvieron presencia en cada una de las 27 casillas con la intención de contabilizar los votos junto con los representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Sin embargo, sólo en dos no se pudo terminar el ejercicio, debido a que tanto las casillas de Juventud 2000 como Galerías, cerraron anticipadamente ante las protestas y presiones de los colectivos, según informó el boletín de prensa de la Segob.
En la información recabada por integrantes de Mexicali Resiste, se indicó que sufragaron 16 mil 471 personas, de las cuales 11 mil 611 lo hicieron en favor de retirar el proyecto de Baja California, mientras que el resto, 4 mil 860, decidieron avalar a la trasnacional.
De las 25 casillas que lograron computarse sólo una fue en favor de la cervecera, el resto fue un abrumador rechazo, incluso hasta de cifras tan escandalosas como la de la urna de la plaza Nuevo Mexicali, donde fueron mil 156, contra 277.
El segundo día de la jornada inició este domingo a las 09:00 horas y culminará a las 18:00 horas.
IP rechaza consulta
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) rechazó el proceso y el resultado de la consulta ciudadana, a la que llamó “irregular”, realizada este fin de semana en Mexicali, Baja California, sobre la planta de la cervecera Constellation Brands, que implica una inversión de 1 mil 400 millones de dólares y que “cuenta con todos los permisos necesarios”.
De acuerdo con el organismo empresarial dirigido por Carlos Salazar Lomelín, la realización de un ejercicio de consulta ciudadana para determinar la viabilidad de un proyecto de inversión privada que cuenta con todos los permisos es violatoria del marco legal vigente y genera un entorno de incertidumbre jurídica.